Resumen ejecutivo y principales hallazgos

En 2019, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Department of Homeland Security, DHS) anunció los Protocolos de Protección al Migrante (MPP). La que llegaría a conocerse como la política “Quédate en México” fue la última de una serie de iniciativas realizadas a lo largo de décadas por parte de sucesivas administraciones republicanas y demócratas para frenar la migración, imponiendo trabas crecientes al ingreso de los migrantes a Estados Unidos y su permanencia en el país.

Sin embargo, dichas políticas han tenido numerosas consecuencias no deseadas, como el fortalecimiento de las organizaciones criminales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Si bien anteriormente el tráfico de drogas y armas dominaba el contrabando transfronterizo, ahora el tráfico de personas se ha convertido en una de las industrias más lucrativas para los grupos criminales. También se han multiplicado los riesgos para los migrantes no solo en su trayecto, sino también a lo largo de la frontera con Estados Unidos.

*Este artículo es el primero de una investigación de tres partes, “Consecuencias impensadas: cómo la política migratoria estadounidense fomenta el crimen organizado en la frontera México-Estados Unidos”, que analiza cómo las políticas preventivas a través de disuasión han afianzado las organizaciones criminales mexicanas. Lea la investigación completa aquí.

Este informe tiene como objetivo señalar el papel que ha desempeñado la política estadounidense en esta transformación, y su continuo avance. De manera específica, se analiza la creciente participación de los grupos del crimen organizado en el tráfico de personas, a medida que han aumentado los riesgos, han subido los precios, y los migrantes han comenzado a pasar por corredores menos transitados. El objetivo es proveer información a los formuladores de políticas interesados en abordar la migración irregular y combatir a las organizaciones criminales de México. También se pretende ofrecerles a las partes interesadas diversas oportunidades de intervención positiva para mitigar este flagelo humano, enfocándose en los actores criminales más violentos.

Los hallazgos presentados en este informe son el resultado de dos años de investigación de escritorio y de campo en los estados mexicanos de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora y Tamaulipas, donde abunda el tráfico de personas. También se basa en entrevistas presenciales y virtuales con migrantes, solicitantes de asilo, fiscales estadounidenses y mexicanos, expertos en seguridad, funcionarios gubernamentales, líderes religiosos y defensores de los migrantes, entre otras fuentes. Analizamos, además, datos gubernamentales sobre investigaciones y juicios de tráfico de personas, así como casos judiciales y estudios previos sobre el tema.

Principales hallazgos

1. Las políticas de prevención mediante la disuasión implementadas por el gobierno de Estados Unidos han creado un mercado negro de tráfico de personas cada vez más lucrativo. Las redes criminales transnacionales han asumido un mayor control sobre este tipo de tráfico y han remplazado el tráfico de personas de carácter personalizado y comunitario que existía antes.

2. Las políticas de inmigración del gobierno de Estados Unidos han brindado más oportunidades para que los grupos del crimen organizado victimicen a los migrantes. En particular, dichas políticas han creado un cuello de botella en la frontera entre Estados Unidos y México, donde los migrantes se ven obligados a permanecer mientras se determina si son elegibles para recibir asilo y contemplan formas alternativas de ingresar al país. Como resultado, se han vuelto bastante vulnerables a la extorsión y al secuestro. Y con el tiempo, las restrictivas políticas de inmigración han expandido el alcance de estas lucrativas economías criminales resultantes.

3. Las políticas de inmigración del gobierno de Estados Unidos y la externalización de la aplicación de la ley de inmigración a países como México han expandido la corrupción oficial. A medida que el gobierno de Estados Unidos recurre a otros países para la aplicación de la ley y obliga a los migrantes a permanecer en ellos, los funcionarios de esos países han ampliado sus operaciones ilegales, entre las que se encuentran la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas.