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La industria azucarera de El Salvador y la Policía Nacional Civil han logrado ponerle freno a la extorsión en el campo mediante una alianza público-privada que constituye una posible guía para los actores económicos rurales en toda la región.

Todo empezó con una ola de migración criminal. Presionados por las fuerzas de seguridad de El Salvador en los centros urbanos, algunos miembros de la poderosa Mara Salvatrucha (MS13) y de Barrio 18 dirigieron su atención a las áreas rurales del país centroamericano y a posibles mercados de extorsión en esa zona. En ellos había 7.000 productores de caña de azúcar de El Salvador. 

“La lógica de ‘las pandillas’ era simple: hay mucho dinero en la caña de azúcar y sus productores son blancos fáciles. [Para 2011], algunas cooperativas pagaban US$30.000 al año”, recordó Luis Trigueros de la Asociación Azucarera de El Salvador (AAES). 

*Este artículo hace parte de una investigación sobre las respuestas estatales y comunitarias frente a la extorsión en Centroamérica, realizada por InSight Crime en conjunto con The Global Initiative. Vea la serie completa aquí.

Las víctimas tenían todos los motivos para pagar. Como en otros lugares del país, las pandillas estaban prestas a cumplir sus amenazas. “En la industria azucarera mataron a ocho o diez personas por no pagar la ‘renta’ (cuota extorsiva)”, explicó Trigueros.  

Pero mientras hay sectores enteros de la economía del país sujetos a la extorsión sistemática, el sector de la caña de azúcar en El Salvador parece haber hallado una salida prestando apoyo material y logístico a la policía nacional, a la par que trabajan hombro a hombro para reconstruir los lazos rotos entre las autoridades y las comunidades. 

“Cooperativas que pagaban US$25.000 al año no han pagado nada en tres años”, observó Trigueros y agregó que “aún hay algunos productores que pagan extorsión, pero es un número mucho menor y cuotas mucho más bajas”. 

El aumento de la extorsión rural

Con plantaciones en 10 de 14 departamentos, la industria de la caña de azúcar en El Salvador emplea a cerca de 50.000 personas y genera más US$185 millones anuales. Para las pandillas que dependen de la extorsión como fuente primaria de ingresos, el sector era un botín esperando a quién le pusiera las manos encima.

Aunque la extorsión rural había empezado a aumentar desde 2009, el delito cobró auge en la industria azucarera luego de un gran pago por extorsión entregado en 2011 en el municipio de Jiquilisco, en la región del Bajo Lempa.

“Abordaron a un productor de caña de azúcar y el pago fue bastante grande; creo que eso envió la señal a todos los pandilleros de que era fácil operar en zonas rurales”, explicó Trigueros. La extorsión se extendió rápidamente, en especial a lo largo de la costa, en los departamentos de La Paz, San Vicente y La Libertad.

El modus operandi era muy simple. Las pandillas contactaban al dueño o al capataz de la plantación y le exigían en promedio US$200 dólares mensuales por el acceso a las plantaciones. Como en otros sectores, había ocasiones en que el extorsionista demandaba empleos para los pandilleros en lugar de pagos monetarios directos. Además de gravar el acceso a las plantaciones, las pandillas también exigían una cuota a los transportadores de la caña.

También apuntaron a otros actores económicos rurales. Los ganaderos pagaban una cuota por animal, y las pandillas destruían los sembrados de café de los cultivadores que se mostraban reacios a pagar. En total, Trigueros cree que el sector agroindustrial llegó a pagar entre US$3 y US$4 millones al año en extorsiones.

“Las autoridades no estaban listas para esto, la gente no confiaba en ellas; nadie denunciaba la extorsión, porque los asesinarían a ellos o a los trabajadores del lugar. Eso se aplicaba a toda la agroindustria”, señaló.

Sin fe en la capacidad del gobierno para enfrentar el problema, algunos se hicieron cargo de la situación por su cuenta, recordó Trigueros.

—Tengo una propiedad en Sonsonate y un día estaba allí cuando tres o cuatro hombres se me acercaron y me dijeron: Estamos desesperados… Cada noche llegan y atacan cuatro o cinco casas seguidas. Los pandilleros simplemente toman todo lo que les apetece. ¿Qué podemos hacer?

—Vayan con la policía —les dije.

—No confiamos en la policía, —respondieron los hombres a Trigueros repitiendo la desconfianza extendida de la mayoría de los salvadoreños hacia la institución de orden público—.

—Entonces les dije —prosiguió Trigueros—: “Ustedes saben quiénes son… saben dónde viven.

—Se despidieron. Dos semanas después aparecieron cuatro cadáveres; tres días después hallaron otros tres cuerpos… Después de eso, hubo tranquilidad en la zona por largo tiempo.  

La alianza público-privada

En 2009, cuando las pandillas comenzaron a expandirse al campo, una asociación de productores de todos los sectores agroindustriales había empezado a poner a prueba la idea de apoyar a la policía en sus funciones de seguridad pública. Aunque el proyecto fracasó, los azucareros mantuvieron sus esfuerzos independientemente de los otros sectores agroindustriales y, en octubre de 2013, lanzaron un programa para ofrecer apoyo material y logístico a la Policía Nacional Civil (PNC) en el departamento de La Libertad.

“El primer programa se inició con cinco patrullas, cada una conformada por tres agentes de policía que trabajaban en cuatro turnos de día”, explicó Trigueros, quien agregó: “Nosotros aportamos las motocicletas, una para cada agente, y toda la logística. No se las dimos a la policía. Aún las administramos nosotros”.

Debido al éxito del experimento en el mejoramiento de las condiciones de seguridad, el programa se declaró permanente en 2014 luego de la temporada de cosecha. Desde entonces y por los últimos cuatro años, el número de patrullas se ha triplicado en La Libertad, y el programa se ha replicado por todo El Salvador en zonas donde se cultiva caña de azúcar, para un total nacional de 39 patrullas en operación, con cerca de 120 hombres.

En junio de 2016, la AAES (Asociación de Azucareros de El Salvador) y el gobierno salvadoreño firmaron un acuerdo para formalizar la alianza público-privada.

El acuerdo determina que la AAES entregará motocicletas, camionetas, radios e incluso viviendas para los agentes que participaban en el programa o eran enviados a zonas seguras durante la cosecha. El gobierno, por su parte, aporta los hombres entrenados. La extorsión cayó, asegura Trigueros.

Las claves del éxito

La alianza no se limitó a ofrecer seguridad policial. Trigueros insiste en que también acercó más a la policía con la comunidad local, cuando la desconfianza de estos hacia la institución era considerada en general una de las principales barreras para hacer que bajara la extorsión.

“Los agentes comenzaron a hacer lo que debe hacer la policía comunitaria: conectarse con la gente”, observó Trigueros. “Atrapaban a un chico que trabajaba como vigía para las pandillas, se lo llevaban a sus padres y decían: ‘Miren, esto es en lo que se está metiendo su chico; será asunto suyo cuando este chico se meta en problemas serios’”.

A medida que la confianza crecía, más azucareros y otras víctimas de extorsión comenzaron a denunciar, ofreciendo inteligencia que sería de utilidad a las autoridades para desmantelar los grupos extorsionistas. Los profesionales azucareros han llegado hasta a entregar drones a la policía para que sobrevuelen plantaciones, que servían de refugio a los pandilleros, con el fin de ubicar a los sospechosos.

El éxito de la alianza parece estar en el grado de organización del sector azucarero de El Salvador. Todos los productores de caña de azúcar del país procesan su producto en solo seis ingenios, los cuales sirven básicamente como nodos estructurales en torno a los cuales se organizaba el sector.

“Inicialmente, cuando comenzamos a reunirnos en los ingenios, los llamamos la zafra (reuniones para la cosecha de de la caña), donde participaban el dueño del ingenio, los productores y el gobierno”, señaló Trigueros.

También comentó que sus homólogos hondureños y guatemaltecos están considerando la posibilidad de replicar el ejemplo de El Salvador. Ante las grandes pérdidas debido a la extorsión y el alto costo de la seguridad privada, algunos como Jorge Daboub, expresidente de la Asociación Nacional de Empresas Privadas, sostiene que el apoyo financiero al gobierno puede ser a la larga la opción más económica para el sector en su lucha contra la extorsión.

“Véalo de esta manera: si tengo propiedad privada, tengo cuerpos en el suelo, pero no puedo actuar legalmente. En otras palabras, es como cuidarse uno solo y ese no es el espíritu de la agroindustria. La idea es que todas las comunidades de nuestra zona de influencia puedan beneficiarse, y la única manera de hacerlo es con la policía”, concluyó Trigueros antes de anotar con más pragmatismo: “Lo cierto es que el Estado solo no puede resolver el problema; nosotros tenemos que ayudar”.

*Este artículo hace parte de una investigación sobre las respuestas estatales y comunitarias frente a la extorsión en Centroamérica, realizada por InSight Crime en conjunto con The Global Initiative. Vea la serie completa aquí.

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