En Panamá, las trabajadoras sexuales están expuestas a la extorsión económica y sexual por parte de agentes de policía corruptos. Pero un nuevo sistema de enjuiciamiento ha logrado reducir estos abusos de poder.
“Yo fui violada. Había un capitán que siempre venía a buscarme. Me llevaba en su patrulla hasta Ancón [un barrio de Ciudad de Panamá] y allí teníamos relaciones sexuales. Después de un tiempo, para él se convirtió en un juego sexual: venir a recogerme y tener sexo conmigo”.
*Este artículo hace parte de una investigación sobre varios tipos de extorsión en Centroamérica, realizada por InSight Crime en conjunto con The Global Initiative. Vea la serie completa aquí.
Amparo*, de unos 50 años de edad, se ve tranquila, pero un leve temblor en su voz indica ansiedad.
“Una vez, cinco policías me llevaron allí, y los cinco me hicieron tener sexo con ellos. Eso fue por allá en 2005 o 2006”.
Actualmente Amparo es activista en una asociación llamada Mujeres Independientes Luchando por sus Derechos (MILD), donde se dedica a denunciar los abusos de la policía contra las trabajadoras sexuales en la Ciudad de Panamá.
“Los policías nos decían que les diéramos US$ 20, 30 o 50 para que nos dejaran tranquilas”.
Y mientras Amparo y su colega Juliana*, más joven que ella, hablan en una pequeña iglesia donde nos sentamos a conversar, empiezan a surgir los detalles de un sistema de extorsión bien establecido.
“Si era alrededor de la Plaza 5 de Mayo, nos llevaban a la subestación policial Calidonia y exigían entre US$30 y 50 para dejarnos ir. Si nos agarraban en la avenida Vía España, nos detenían en la subestación Bella Vista y cobraban entre US$200 y 300”, dice Juliana.
Las mujeres eran a menudo obligadas a prestar servicios sexuales gratuitos para evitar detenciones arbitrarias y prolongadas.
El uniforme se impone
Una encuesta nacional a 317 trabajadoras sexuales, publicada en diciembre de 2017, demuestra la magnitud del problema. La mayoría de las encuestadas afirman haber sido extorsionadas por las fuerzas de seguridad, y casi la mitad dicen que los agentes les pedían servicios sexuales gratuitos. Un tercio afirman haber sido amenazadas con armas de fuego, según Mujeres con Dignidad y Derechos de Panamá (MDDP), la asociación que publicó la encuesta.
“El uniforme se impone”, dice Gladys Murillo, presidenta de MDDP, para describir la intimidación policial.
Replicando los comentarios de sus compañeras, Murillo describe los montos de las extorsiones, que diferían dependiendo de la zona donde trabajaban las mujeres. Los oficiales corruptos, dice ella, acechaban a las mujeres hasta que llegaba algún cliente. Entonces intervenían, amenazando con detener a la trabajadora sexual y chantajeando al cliente atrapado en la vergonzosa —mas no ilegal— situación.
Sin embargo, Murillo también dice que la extorsión a esta población vulnerable ha disminuido recientemente.
“Las detenciones arbitrarias ya no ocurren como antes”.
El cambio se debe en parte a los recientes esfuerzos de la comunidad de trabajadoras sexuales para atraer la atención pública sobre los abusos de la policía. Se han realizado marchas todos los años y se ha logrado una importante cobertura mediática.
En particular, una protesta en junio de 2017 terminó con la detención de 13 manifestantes, quienes recibieron apoyo de la Defensoría del Pueblo de Panamá. El colectivo MDDP se ha unido además a una red de organizaciones sin ánimo de lucro de toda Latinoamérica para denunciar los constantes abusos por parte de las fuerzas de seguridad en la región.
Pero gran parte de los avances se deben también a la reforma judicial de Panamá y a la implementación del Sistema Penal Acusatorio (SPA).
Bajo este nuevo sistema, una persona detenida debe ser presentada dentro de las siguientes 24 horas ante un juez, quien decide sobre la legalidad de la detención y los cargos presentados contra el detenido. Este proceso, implementado en la Ciudad de Panamá en septiembre de 2016, creó una protección contra las detenciones abusivas por parte de la policía.
“Este tipo de detenciones definitivamente ya no suceden”, afirma una fuente de la Oficina de Privados de Libertad de la Defensoría del Pueblo de Panamá.
Asociaciones como MDDP y MILD han llevado a cabo campañas para recordarles a las trabajadoras sexuales que su profesión no es un delito y que ningún juez puede legalizar su detención por dedicarse a ella. Ahora que no tienen la amenaza de estar recluidas injustificadamente durante días, las trabajadoras sexuales pueden oponerse a las extorsiones, y los policías han evitado arrestarlas por el solo hecho de ejercer su profesión.
Después de años de abusos policiales, Amparo dice que la extorsión a las trabajadoras sexuales ha disminuido considerablemente, gracias a la reciente reforma judicial y a la mayor atención pública que se le ha dado al tema.
Pero “todavía continúa”, dice Juliana con resignación.
* Los nombres de las entrevistadas han sido cambiados.
*Este artículo hace parte de una investigación sobre varios tipos de extorsión en Centroamérica, realizada por InSight Crime en conjunto con The Global Initiative. Vea la serie completa aquí.
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