Funcionarios de ciudades colombianas en la frontera con Venezuela han reportado una gran disminución en el contrabando después de seis meses de que fueron cerrados los pasos fronterizos, pero en realidad las redes de contrabando parecen estar evolucionando en lugar de desaparecer.
Las autoridades de Cúcuta, ciudad colombiana en la frontera, le dijeron a El Tiempo que, desde que se cerró la frontera con Venezuela, en agosto de 2015, hubo una disminución significativa en el contrabando, lo que incluye una disminución del 90 por ciento en el tráfico de gasolina. Además, la policía observó una considerable disminución en delitos como los robos a mano armada y los homicidios, que según los agentes se debe a que los delincuentes venezolanos no pueden entrar a Colombia.
Sin embargo, el secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, Mauricio Franco, dijo que los delitos comunes han aumentado —lo cual incluye el robo de teléfonos celulares y motocicletas, y la venta de drogas—. Según Franco, esto se debe a que el cierre de fronteras ha dejado sin ingresos a muchos residentes de Cúcuta que se dedicaban al contrabando, y la delincuencia común se ha convertido en una alternativa para ellos.
Más al sur, en la ciudad de Arauca, las autoridades locales afirman que el cierre del puente José Antonio Páez ha dado como resultado una disminución del 85 por ciento en delitos como la extorsión, el contrabando, el abigeato y los ataques a las fuerzas de seguridad, según informó El Tiempo.
En consecuencia, el gobernador del Departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, le pidió al gobierno que ordenara el cierre indefinido de la frontera. Sin embargo, su propuesta fue criticada por la cámara de comercio local, que estaba pidiendo una reapertura gradual de la frontera y el restablecimiento de las relaciones comerciales.
Análisis de InSight Crime
Los cierres de la frontera colombo-venezolana comenzaron luego de que un civil y tres soldados venezolanos murieron durante un tiroteo. Desde entonces, los dos países se han enfrentado en una batalla política sobre quién tiene la culpa del contrabando en la frontera, que se ha disparado en los últimos años como resultado de los subsidios venezolanos a los productos básicos y por las enormes diferencias entre las tasas de cambio oficiales y las del mercado negro, lo cual es aprovechado por los criminales y los grupos insurgentes colombianos.
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No hay duda de que el cierre de fronteras tuvo un efecto inmediato en el comercio de contrabando, especialmente en lo que los funcionarios llaman "pitufeo" —que consiste en personas que hacen varios viajes para llevar pequeñas cantidades de mercancía—. Sin embargo, una reciente investigación de campo de InSight Crime en Cúcuta y sus alrededores descubrió evidencia de que los grupos criminales y armados involucrados en el contrabando han actuado rápidamente frente a las nuevas condiciones, y sólo los traficantes menores pueden llegar a sufrir efectos a largo plazo.
Las redes de contrabando más grandes y sofisticadas han venido usando cada vez más los innumerables caminos clandestinos alejados de los cruces principales. Este cambio en las rutas ha acercado a los contrabandistas y los grupos armados de Colombia; tanto en los centros urbanos como en sus alrededores, los contrabandistas que utilizan estos caminos deben pagar "impuestos" a los grupos de paramilitares y criminales conocidos como Bacrim (o bandas criminales), mientras que en las zonas rurales los grupos guerrilleros de izquierda cobran por el derecho a cruzar la frontera.
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