Un alto oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que sería “inteligente” que El Salvador y Honduras consideraran establecer comisiones antiimpunidad con un modelo similar al implementado en Guatemala. Esta apreciación ha puesto de relieve los crecientes temores de que la impunidad y el crimen organizado en el Triángulo Norte hayan superado la capacidad de las instituciones que existen para combatirlos.
Durante su participación en un debate en El Salvador, Thomas Shannon, consejero del Departamento de Estado, dijo que sería “inteligente” que El Salvador y Honduras consideraran buscar el apoyo de la “comunidad internacional” en su lucha actual contra la impunidad, informó La Prensa Gráfica.
Shannon se refirió a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) como un posible modelo para prestar dicho apoyo, enfatizando en que cada país debe tomar sus propias decisiones sobre qué modelo funcionaría mejor en su contexto nacional.
Las declaraciones de Shannon se presentan en medio de niveles de violencia históricos en El Salvador y de grandes escándalos de corrupción en Guatemala y en Honduras en menor medida.
Según La Prensa Gráfica, la Corte Constitucional de El Salvador indicó que no habría ningún impedimento constitucional para la creación de un organismo similar a la CICIG en el país. Si bien desde la administración de 2010 se ha estado considerando la posibilidad de crear un organismo antiimpunidad, la administración del actual presidente Sánchez Cerén ha dejado claro que no considera que dicha institución sea necesaria.
La CICIG es una comisión liderada internacionalmente que fue establecida con la ayuda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2007, la cual ha sido utilizada en la lucha contra la impunidad, la corrupción y la redes de crimen organizado en Guatemala.
Análisis de InSight Crime
Esta no sería la primera vez que se plantea la posibilidad de implementar un organismo como la CICIG en otras partes de Centroamérica. En junio, manifestantes en Honduras pidieron medidas antiimpunidad muy similares a las aplicadas en Guatemala.
Si bien los sistemas judiciales del Triángulo Norte necesitan reformas de carácter urgente, existen algunos interrogantes importantes sobre si el modelo de la CICIG sería sostenible en el tiempo. Como InSight Crime informó previamente, los altos costos de funcionamiento de las comisiones con personal internacional como la CICIG han despertado dudas sobre quién y durante cuánto tiempo financiaría una institución de este tipo en El Salvador.
La CICIG se propuso inicialmente como una medida de corto plazo para generar capacidad local e instituciones judiciales independientes en Guatemala. Pero ocho años después, hay pocos indicios de que el sistema judicial guatemalteco esté en la capacidad de adelantar investigaciones a las más altas esferas del poder sin la ayuda de la CICIG. De algún modo, Guatemala se ha vuelto muy dependiente de la CICIG para adelantar dichas investigaciones. Sin embargo, si bien no se pueden desconocer los verdaderos logros de la CICIG, debería haber mayor énfasis en el fortalecimiento de los sistemas judiciales si el modelo es replicado en otros países.