Varios agentes de un cuerpo élite de la policía estatal resultaron implicados en la masacre de 19 personas en la frontera Estados Unidos-México a finales de enero, lo que pone en evidencia la violencia sistemática dirigida a los más vulnerables en zonas donde opera la delincuencia organizada.
El fiscal general del estado de Tamaulipas Irving Barrios anunció en una conferencia de prensa el 2 de febrero la captura de al menos 12 agentes de la policía estatal —*todos ellos pertenecientes a un grupo élite de operaciones especiales (GOPES), de los cuales tres fueron entrenados y verificados por Estados Unidos antes de su ingreso al grupo—. Están señalados de presunta participación en la masacre ocurrida en el municipio de Camargo.
La revelación contradice declaraciones previas según las cuales algunos testigos vieron a un comando de pistoleros del Cartel del Nordeste —disidentes de los Zetas— asesinar a estas personas en una vivienda local antes de abandonarlos cerca de los límites de Tamaulipas con Nuevo León.
El fiscal general Barrios no aclaró los posibles móviles o el grado de participación de los agentes detenidos en el macabro despliegue de violencia, ya fuera en el asesinato directo de las personas o ayudando a los perpetradores. Los agentes enfrentan cargos criminales por homicidio, abuso de autoridad y falsificación de reportes oficiales, según el fiscal general Barrios.
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Las autoridades descubrieron a las víctimas el 22 de enero en dos vehículos incinerados en la frontera entre México y Estados Unidos. Les habían disparado y asesinado antes de calcinar sus restos y abandonarlos. Hasta el momento, los funcionarios de gobierno solo han logrado identificar a cuatro víctimas: dos mexicanos y dos migrantes guatemaltecos —Élfego Roliberto Miranda Díaz y Marvin Alberto Tomás López—, quienes viajaban por el país en dirección a Estados Unidos. Algunos familiares en Guatemala temen que haya más migrantes entre los asesinados.
El gobernador de Tamaulipas Francisco Cabeza de Vaca condenó el ataque y aseguró que “no habrá impunidad”, pero ese estado tiene uno de los más altos índices de impunidad en todo el país, según el centro de pensamiento México Evalúa.
No es la primera vez que los migrantes se topan con violencia extrema en Tamaulipas. En 2010, 72 de ellos, de Centro y Sur América principalmente, recibieron tiros de gracia y fueron dejados en un rancho de propiedad de los temidos Zetas, en lo que se conoce como la Masacre de San Fernando. Un año después, ocurrió otra masacre, en la que 193 personas fueron sacadas de unos autobuses, asesinadas y enterradas en fosas comunes.
El testimonio documentado por los grupos de derechos humanos en la región fronteriza ha implicado anteriormente a funcionarios de gobierno, como agentes de la policía municipal, autoridades migratorias y la Secretaría de Marina (Semar) en crímenes violentos contra ciudadanos locales y migrantes.
Análisis de InSight Crime
El hecho de que varios de los agentes implicados en la masacre —y la tentativa de encubrimiento— pertenezcan a un grupo élite de operaciones especiales y que hayan sido entrenados y verificados por Estados Unidos es profundamente preocupante.
El grupo de operaciones especiales (GOPES) es una fuerza de reacción tipo antidisturbios creada a mediados de 2020 para ejecutar operativos de seguridad de alto perfil contra los grupos criminales organizados. El GOPES reemplazó al Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET).
Al CAIET se le había acusado de su propia cuota de graves abusos también. En septiembre de 2019, miembros de esa fuerza se vieron implicados en el secuestro y golpiza a ocho personas, a quienes obligaron a vestirse de sicarios y luego ejecutaron y pusieron armas en las manos para simular un tiroteo.
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Poco después de eso, el gobernador Cabeza de Vaca —él mismo acusado de nexos con el narcotráfico y actualmente investigado por sospechas de lavado de dinero— se reunió con representantes del gobierno estadounidense para hablar de una mayor cooperación en seguridad contra los grupos del crimen organizado que actúan en la frontera mexicano-estadounidense.
Otras unidades mexicanas verificadas por organismos estadounidenses también han recibido fuertes críticas. Por ejemplo, la Unidad de Investigaciones Sensibles (SIU) de la policía federal resultó implicada en la entrega de información sensible a organizaciones narcotraficantes y la protección de miembros de las mismas a cambio de sobornos. El excomandante de la SIU Iván Reyes Arzate fue detenido en abril de 2017 y posteriormente imputado por conspiración con drogas y filtración de inteligencia confidencial.
Las nuevas masacres ponen de relieve cuánta corrupción e inseguridad hay en las regiones fronterizas. Este caso, además, ocurre en un momento en que las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos atraviesan por un momento especialmente difícil.
*Este artículo fue actualizado con el fin de aclarar la información sobre los agentes del GOPES puestos en custodia.
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