La ubicación geográfica y las incontables islas del Caribe convierten este mar en una enorme ruta de transbordo para las drogas con destino a Estados Unidos, una dinámica que ha fomentado altos índices de violencia y pandillerismo.
Una gobernabilidad débil y la corrupción endémica han sido esenciales para fortalecer las raíces del crimen organizado en la región.
La ubicación del mar Caribe entre Suramérica y Estados Unidos lo pone en una de las rutas de narcotráfico más importantes del hemisferio occidental. Su incontable número de cayos e islas pequeñas y deshabitadas, que se extienden por más de 1 millón seiscientos mil kilómetros cuadrados son ideales para los traficantes. Hay 15 naciones soberanas en la región caribeña.
En la década de 1980, el mar Caribe fue la ruta preferida de los narcotraficantes latinoamericanos —alrededor del 80 por ciento de la cocaína con destino a Estados Unidos transitaba por la región—. Las operaciones antinarcóticos subsiguientes en el Caribe empujaron a los traficantes hacia Centroamérica, que se convirtió en el principal corredor a los Estados Unidos.
Sin embargo, ha habido indicios por lo menos desde 2010 de un resurgimiento de la ruta caribeña. Se dice que en el 2013, el flujo de cocaína hacia Estados Unidos por el Caribe llegó a sus niveles más altos en una década. Los intentos de interdicción de drogas en México y Centroamérica, incluyendo varias iniciativas lideradas por Estados Unidos, pueden ser los responsables de este retorno a la ruta caribeña, que en la actualidad representa alrededor del 15 por ciento de los movimientos de cocaína en el hemisferio occidental.
Hoy en día, grandes cantidades de cocaína, marihuana y otro tipo de estupefacientes se mueven entre República Dominicana, Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago, Las Bahamas, el Caribe Holandés y el Caribe Oriental.
Las remotas líneas costeras de los países continentales, tal como la Mosquitia en Centroamérica, son puntos claves de envío o transbordo, debido a su limitada infraestructura y a la ausencia estatal.
Los principales métodos utilizados por los traficantes incluyen el envío de drogas en contenedores comerciales, botes de lujo o lanchas rápidas, vuelos privados o comerciales y mulas humanas.
El tráfico en la región se facilita por las largas líneas costeras difíciles de patrullar, un ajetreado tráfico aéreo y marítimo, que ayuda a esconder cargamentos ilícitos, y la corrupción generalizada en el gobierno y las fuerzas de seguridad.
La producción de droga es quizá más prominente en Jamaica, que es el mayor proveedor caribeño de marihuana para Estados Unidos.
El tráfico ilegal de droga ha alimentado altos índices de violencia en la región caribeña. En Puerto Rico, por ejemplo, se cree que por lo menos el 80 por ciento de los homicidios tienen relación con drogas. La región sigue siendo testigo de guerras entre pandillas locales por el control de las economías ilegales, y se caracteriza por un alto uso de armas de fuego. Se estima que en el Caribe circulan alrededor de 1,6 millones de armas de fuego ilegales.
Sumado a esto, en lugares como la República Dominicana, las organizaciones narcotraficantes han estado pagando a los grupos locales por servicios en narcóticos y armas de fuego, con lo cual alimentan un mercado doméstico de microtráfico y enfrentamientos entre grupos que buscan controlar el negocio.
El contrabando y el lavado de dinero también se destacan entre las actividades criminales. El Caribe alberga un gran número de paraísos fiscales, incluyendo las islas vírgenes Británicas y Puerto Rico, los cuales son explotados por criminales para esconder ganancias ilícitas. Los traficantes también utilizan las mismas rutas de tráfico de drogas para mover grandes cantidades de dinero por la región y en Suramérica.
El trabajo forzoso y la explotación sexual son, también, problemas graves en muchos países caribeños, y hay tráfico de víctimas tanto dentro de la región como hacia fuera.
Organizaciones criminales transnacionales mexicanas y colombianas están involucradas en el tráfico de estupefacientes en el Caribe con la colaboración de los grupos locales.
Históricamente, los traficantes colombianos han trabajado de la mano con los grupos dominicanos, y hay señales de que las organizaciones mexicanas, primordialmente el cartel de Sinaloa y Los Zetas, han estado intensificando el control sobre el tráfico en la región. La mafia italiana ‘Ndrangheta’ también opera en el Caribe.
Hoy en día, organizaciones criminales transnacionales dominicanas y puertorriqueñas principalmente envían cocaína a Estados Unidos y tienen acceso a los mercados de la cocaína en la costa este de Estados Unidos. Ellas son a su vez los principales distribuidores de cocaína al menudeo y al por mayor en la región Caribe.
Las pandillas caribeñas están relacionadas estrechamente con el alto índice de homicidios en la región. Entre ellas están ‘Los Trinitarios’ de República Dominicana, la ya fragmentada ‘Shower Posse’ de Jamaica y el fraudulento sistema de lotería del país que ha sido culpado por las oleadas de violencia.
El crimen organizado en el Caribe ha llegado a ejercer control social y a cooptar el estado de distintas maneras. En países como Jamaica y Haití, por ejemplo, sectores del gobierno han establecido alianzas políticas con pandillas locales para compensar por el abandono del estado en ciertas comunidades. Las pandillas de Trinidad y Tobago actúan como instituciones alternativas con funciones sociales claves.
La corrupción relacionada con la droga en las fuerzas de seguridad en el Caribe continúa permitiéndoles a las organizaciones criminales evadir la aplicación de la ley.
Agentes corruptos del estado también están fuertemente involucrados en el crimen organizado. Se cree que en República Dominicana las fuerzas de seguridad están involucradas en casi el 90 por ciento de los casos de crimen organizado, incluyendo sicariato, tráfico de armas y extorsión. El rol de las autoridades en el tráfico ilegal de estupefacientes es tan profundo en ciertos casos que podrían ser considerados traficantes por derecho propio.
El comando sureño de Estados Unidos (Southcom) lleva a cabo operaciones antinarcóticos y de vigilancia aérea y marítima en el Caribe en cooperación con países aliados.
El programa de ayuda dirigido por Estados Unidos, “Caribbean Basin Security Initiative” (CBSI) se desarrolló en 2009 y está dirigido a la interdicción de drogas, a la seguridad pública y el fomento de la justicia. Entre 2010 y 2015 entregó US$386 millones en ayuda estadounidense.
Sistema Judicial
Los países caribeños tienen un alto historial de pobreza en el procesamiento de criminales y funcionarios estatales corruptos debido a la debilidad y corrupción del sistema judicial.
En la clasificación de independencia judicial del Foro Económico Mundial 2015-2016, República Dominicana se situó en el puesto 124 entre 140 países, mientras que Haití se situó en el puesto 118, Trinidad y Tobago en el 51 y Jamaica en el 40.
Las condiciones en muchas de las prisiones caribeñas son difíciles, debido a la inadecuación de las instalaciones y el hacinamietno extremo. La región tiene una de las tasas de población carcelaria más altas del mundo: St. Kitts y Nevis, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Cuba están entre los diez peores países del globo, con más de 500 prisioneros por cada 100.000 habitantes.
Haití tiene los índices de hacinamiento carcelario más altos del mundo, con cárceles sobre el 450 por ciento de su capacidad. Esto es un problema a lo largo en toda la región, incluyendo a República Dominicana, Trinidad y Tobago, Las Bahamas y gran parte del Caribe oriental.
La extendida costumbre de la detención preventiva también es notoria, mientras que la corrupción entre los empleados carcelarios y el abuso de los internos siguen siendo motivo de preocupación.