A pesar de su cercanía a los países andinos productores de cocaína, Chile no ha sufrido los efectos negativos del crimen organizado como los han padecido otras naciones de la región. De hecho, es uno de los países más seguros de Latinoamérica.
Desde que terminó la dictadura del general Augusto Pinochet en 1990, Chile ha sancionado varias reformas importantes que han permitido cimentar fuerzas de seguridad eficientes y un sistema judicial independiente. Por otra parte, el sistema penitenciario chileno sigue sufriendo numerosos problemas, como el hacinamiento, las malas condiciones y la violencia al interior de los penales.
Geografía
Las fronteras que Chile tiene con los países productores de drogas y de transbordo lo hacen vulnerable a la amenaza del narcotráfico. De hecho, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha identificado a Chile como un "importante" país de tránsito de la cocaína que se trafica de los Andes hacia Europa, África y Australia.
En 2011, un ministro de Gobierno identificó 140 rutas terrestres para el tránsito de drogas hacia Chile, más de dos tercios de las cuales partían de su vecino del noreste, Bolivia. Muchas cargas ilegales con destino a los mercados internacionales pasan por Chile a través de las porosas fronteras del país, para luego partir desde los puertos a lo largo de su costas de 6.500 kilómetros en el Pacífico.
Historia
Desde que terminó la dictadura del general Augusto Pinochet en 1990, Chile ha ganado la reputación de ser uno de los países más desarrollados y estables de la región. Tiene instituciones comparativamente fuertes e independientes, niveles relativamente bajos de corrupción, y ostenta de manera consistente la tasa de homicidios más baja de la región.
Estas condiciones han impedido el surgimiento de grupos criminales poderosos en Chile. Sin embargo, se ha sabido que en el país operan organizaciones criminales transnacionales, las cuales participan en diversas actividades relacionadas con el narcotráfico, el tráfico de seres humanos y otros delitos.
Durante la última década, Chile se ha convertido en un país clave para el transbordo de drogas, en particular la cocaína. Además, hay informes recientes que señalan que el narcotráfico está aumentando en el país.
El narcotráfico en el país austral ha estado administrado sobre todo por organizaciones bolivianas y peruanas, a veces en colaboración con grupos locales. Una vez en el país, en general las drogas son vendidas por pandillas callejeras —muchas de las cuales operan en la capital, Santiago, que es a la vez la ciudad más grande del país— o bien son enviadas a los mercados internacionales.
Además de servir como punto de transbordo para la cocaína, el descubrimiento de laboratorios de procesamiento de drogas en Chile en los últimos años indica que el papel del país en la producción de la droga podría estar aumentando. Chile es un importante proveedor regional de precursores químicos utilizados en la producción de drogas.
Debido en parte a su sólida economía, Chile ha desarrollado un importante mercado interno de consumo de drogas. Dos operaciones antidrogas que se realizaron en 2014 permitieron descubrir enormes cantidades de cocaína que aparentemente estaban destinadas al mercado nacional, lo que sugiere que la demanda interna de la droga podría estar aumentando. Investigaciones recientes indican que el consumo de drogas por parte de los jóvenes puede estar en aumento.
Chile también tiene un importante mercado interno de marihuana, el cual ha sido aprovechado por grupos criminales de países como Paraguay —el principal productor de marihuana en Suramérica— y Colombia, fuente de un potente y lucrativo tipo de marihuana conocido como "cripa".
En 2012, políticos chilenos propusieron leyes para despenalizar el cultivo de marihuana con fines medicinales. En 2014, Chile se convirtió en el primer país latinoamericano en permitir el cultivo de marihuana medicinal. Al año siguiente, el país comenzó a tomar medidas para despenalizar el uso de marihuana con fines recreativos.
En Chile existe además contrabando y tráfico de seres humanos, aunque el problema allí no es tan profundo como en otros países.
Tras la introducción de la legislación contra el tráfico de personas en 2011, los grupos criminales han demostrado su ingenio para adaptarse a las cambiantes circunstancias. La relativa seguridad y estabilidad de Chile lo han convertido en un destino atractivo para los migrantes de toda la región, por lo que han surgido redes criminales multinacionales para satisfacer la demanda de servicios de tráfico de seres humanos. Algunas de estas redes victimizan a sus clientes y los someten a condiciones de esclavitud sexual o trabajos forzosos.
La economía chilena, fuerte y relativamente estable, también ha hecho que el país sea atractivo para el lavado de dinero.
Otras actividades criminales que se han observado en Chile en los últimos años son los robos armados a gran escala, cierto tipo de crímenes cibernéticos, incluido el robo de información, y el contrabando de cigarrillos, que al parecer ha tenido una gran expansión desde 2012.
Grupos Criminales
Chile no tiene ningún grupo criminal importante con presencia internacional. Sin embargo, organizaciones criminales de Colombia, Perú, Bolivia y otros países cercanos han participado en diversas actividades ilícitas en el país.
El tráfico internacional de drogas es manejado en su mayor parte por grupos bolivianos y peruanos que a veces colaboran con organizaciones locales. Los grupos del crimen organizado europeos también han estado vinculados al tráfico de drogas en el país.
La capital, Santiago, es donde se encuentra la mayor parte de las pandillas callejeras del país, las cuales generalmente operan en los barrios pobres y marginados, donde se dedican al microtráfico y a otros delitos menores. Según una investigación realizada en 2012, las pandillas controlaban docenas de barrios en Santiago.
Fuerzas de Seguridad
Chile cuenta con dos organismos de seguridad pública principales: los Carabineros, una fuerza policial nacional militarizada que antes estaba bajo el mando del Ministerio de Defensa, pero que es gestionada por el Ministerio del Interior desde 2011, y la policía de investigaciones de Chile (PDI), una fuerza de policía civil responsable de la investigación de delitos como el narcotráfico y el crimen organizado. Tanto los Carabineros como el PDI cuentan con agencias de inteligencia interna, al igual que el ejército, la armada y la fuerza aérea del país. El principal cuerpo de inteligencia de Chile es la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
La policía y el ejército de Chile han sido considerados por mucho tiempo como una de las fuerzas de seguridad más confiables de Latinoamérica. No obstante, las fuerzas de seguridad chilenas han sido acusadas de participar en violaciones a los derechos humanos, como el uso excesivo de la fuerza y homicidios ilegítimos. Los tribunales militares de Chile manejan todos los casos de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, incluidos los Carabineros. Según las organizaciones de derechos humanos, los juicios en estos tribunales carecen de "independencia e imparcialidad" y con frecuencia se desestiman "muchas quejas legítimas".
También ha existido el problema de la corrupción. Por ejemplo, varios oficiales de los Carabineros fueron arrestados en 2013 por su presunta participación en el contrabando de marihuana desde Bolivia hacia Chile, lo que condujo al despido del director de la unidad antinarcóticos. En 2017, los Carabineros estuvieron implicados en un escándalo de fraude multimillonario, que un fiscal chileno consideró como "el mayor desfalco en la historia de Chile".
Las fuerzas de seguridad chilenas trabajan con varios socios internacionales. El país coopera con Estados Unidos en asuntos de seguridad relacionados sobre todo con el narcotráfico, y trabaja con Bolivia en operaciones antinarcóticos en la frontera entre los dos países. El ejército chileno también trabaja estrechamente con Argentina, país con el que tiene una fuerza conjunta entrenada en el trabajo humanitario.
Sistema Judicial
El sistema de cortes federales de Chile es supervisado por el Ministerio de Justicia y encabezado por la Corte Suprema. El Ministerio Público es responsable de investigar y enjuiciar los crímenes, así como de gestionar el programa nacional de protección de testigos. Los tribunales regionales atienden los casos criminales, y la Defensoría Penal Pública ofrece representación legal gratuita a los acusados.
En comparación con otros países de la región, el sistema judicial chileno es en general percibido como eficiente, independiente y no corrupto. En 2017, el Foro Económico Mundial ubicó a Chile en el puesto 37 de 144 países en cuanto a la independencia judicial. Sin embargo, en una encuesta aplicada en 2014 a los ciudadanos chilenos se observa que solo 37 por ciento de los encuestados afirmaban tener confianza en el sistema judicial, lo que lo situaba por debajo de la mayoría de las otras instituciones del país, como las fuerzas de seguridad, el Gobierno y la prensa.
Prisiones
El sistema penitenciario de Chile, administrado por la Gendarmería de Chile (GENCHI), padece numerosos problemas. Entre 2000 y 2010, la población de reclusos aumentó en más de 50 por ciento. En septiembre de 2013, según el Centro Internacional de Estudios Penitenciarios, las prisiones del país operaban a 110 por ciento de su capacidad.
Además del hacinamiento, las prisiones chilenas han sido criticadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos por sus malas condiciones, su anticuada infraestructura y su violencia generalizada, tanto entre los reclusos como por parte de las autoridades.
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