Colombia ha sido testigo del homicidio de 41 candidatos en el período previo a las elecciones locales, una explosión de violencia que no es un buen augurio para el progreso de la democracia en el país.
La política local es un negocio mortal en Colombia, incluso, o sobre todo, en sus pequeños pueblos. El candidato liberal Luis Gonzalo Martínez era visto como un contendiente prometedor para la alcaldía de Magüi Payán, en Nariño. Su perfil se vio impulsado por su plataforma agresiva y su compromiso por limpiar una de las regiones más pobres y violentas de Colombia. Pero le faltaba el apoyo de los grupos armados ilegales que eran los que establecían, y tenían, el control de esta estratégica provincia productora de coca; y fue asesinado a tiros mientras hacía campaña en un barrio peligroso, el 14 de octubre, unas semanas antes de la votación, el 30 del mismo mes.
Al igual que con otros tantos candidatos asesinados durante la campaña electoral en curso, no se sabe quién mató a Martínez. Lo que se sabe, no obstante, es que la zona alberga a casi la totalidad de los actores armados importantes en el país, incluyendo a los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como grupos neo-paramilitares como los Rastrojos y las Águilas Negras. Durante los últimos meses, estos grupos y otros han sido los responsables de una ola de violencia relacionada con las elecciones en todo el país.
Según un informe publicado esta semana por la Misión de Observación Electoral (MOE), 41 de los candidatos y los potenciales candidatos, han sido asesinados desde que el proceso electoral se inició en febrero de este año. La mayoría de las víctimas son a nivel local, entre ellos 24 candidatos a concejos, 15 a alcaldías y dos a “ediles”, (representantes de los barrios). Tal vez debido a sus mayores recursos y esquemas más fuertes de seguridad, los candidatos a la gobernación no han sido asesinados, aunque un candidato a la gobernación de La Guajira recibió un disparo en un evento político el 9 de octubre.
En total, la MOE ha registrado 159 "incidentes violentos", que incluyen estos asesinatos, así como 23 intentos de asesinato, siete secuestros y 88 amenazas de muerte, en el transcurso de este año. Como se indica en el mapa de abajo, los dos departamentos que vieron la mayor violencia relacionada con las elecciones en los últimos ocho meses fueron Antioquia y Valle del Cauca, que fueron testigos de siete y 12 asesinatos, respectivamente. Ambos departamentos son puntos focales, tanto para el conflicto armado como para la actividad criminal, lo que ha cobrado un precio en el proceso electoral.
De los 147 municipios en los que la MOE ha documentado violencia política contra candidatos, la organización encontró que 39 de ellos tienen una importante presencia de uno o más grupos armados. Antioquia y Valle del Cauca fueron también los departamentos con la mayor cantidad de coincidencias entre la violencia y estos grupos armados, lo que sugiere que se trata de estos grupos, y no delincuentes comunes, quienes son los verdaderos motores de la violencia política.
Pero si bien el informe de la MOE es impresionante en su alcance, su suposición amplia y basada en los números, puede oscurecer más la cuestión de lo que revela. Hay tal amplia gama de factores que contribuyen a la violencia electoral y, una prevalencia tan alta de los grupos delictivos, que es demasiado simplista decir que un candidato fue atacado simplemente debido a la presencia de un grupo armado en un área en particular. Por un lado, algunas de las víctimas de asesinato tenían negocios turbios y se habrían relacionado con grupos delictivos.
A nivel nacional, hay varios partidos políticos con presuntos vínculos con grupos paramilitares. Como señala La Silla Vacía, el Partido de Integración Nacional (PIN), el Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO) y el Movimiento Afrovides estaban todos encabezados por el ex senador Juan Carlos Martínez, quien actualmente se encuentra preso en Barranquilla por conexiones con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La confabulación entre grupos criminales y políticos es especialmente común en las zonas urbanas más pobres, donde el imperio de la ley es débil y es frecuentemente reemplazado por la autoridad de las pandillas callejeras. A menudo, estas pandillas desarrollan relaciones con los jefes políticos locales, ofreciendo un incentivo adicional en la comunidad para apoyar al candidato del partido. Un ejemplo de esto se encuentra en Medellín, donde algunos barrios están completamente cerrados a las campañas de los políticos locales. Según un informe reciente de la revista Semana, los partidos políticos han sido advertidos por las pandillas de jóvenes de no hacer campaña en un cuarto de las 16 comunas de la ciudad, porque en el barrio "(...) ya tenemos un candidato".
En últimas, la violencia y la influencia de los grupos criminales dejan poco espacio para el optimismo sobre la salud del proceso democrático de Colombia. El número de incidentes violentos se ha incrementado en un siete por ciento en las elecciones locales más recientes, en 2007. En cuanto a los homicidios, la última ronda de elecciones vio un salto de un 52 por ciento, frente a 27 ese mismo año. Mientras tanto, el número de municipios con presencia de grupos armados ha disminuido. Esto significa que, pese a las declaraciones del gobierno sobre mejoras en la seguridad, los grupos armados y organizaciones criminales por igual están aún en condiciones de ejercer influencia política. Es cierto que el problema no puede ser resuelto de la noche a la mañana, pero a menos que el gobierno invierta más en brindar seguridad a los candidatos en todos los niveles de gobierno, es poco probable que esto mejore pronto.
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