La ubicación geográfica de Ecuador y otras características ambientales desde hace largo tiempo brindan incentivos para el crimen organizado transnacional, que aprovecha el país como punto de trasbordo de narcóticos y como refugio logístico. Alguna vez considerado uno de los países más inseguros de la región, Ecuador ha logrado contener ciertas manifestaciones de violencia en los últimos años. Pero el narcotráfico en el país está aumentando, lo que allana el camino para un posible aumento de la inseguridad más adelante.
Geografía
Ecuador, uno de los países más pequeños de Suramérica, limita con los dos mayores productores de coca del mundo: Colombia al norte, y Perú al este y al sur.
Ecuador ostenta una zona costera al oeste que se extiende sobre el Océano Pacífico, lo que hace del país uno de los principales puntos de embarque para el tráfico global de cocaína. En particular, la ciudad portuaria de Guayaquil ha llegado a ser un punto de trasbordo crucial de narcóticos procedentes de países vecinos. En los últimos años, en la frontera sur de Ecuador con Perú se ha intensificado la violencia por las disputas entre grupos criminales por el control de los pasos fronterizos ilegales que se usan para pasar migrantes irregulares y mercancías de contrabando, mientras que el norte de Ecuador —especialmente Esmeraldas— ha sido un hervidero de violencia con las guerras de pandillas por el derecho a traficar drogas.
Como uno de los países más biodiversos del mundo, Ecuador es susceptible a una diversidad de delitos ambientales, como la pesca ilegal. El tráfico ilícito de aletas de tiburón en las islas Galápagos es un problema que aqueja particularmente a la región. Además, el tráfico de vida silvestre está fuera de control en la cuenca amazónica, al este del país. Las vastas selvas a lo largo de las fronteras que tiene con Perú y Colombia se han visto diezmadas en los últimos años, debido en parte a la tala ilegal. Hasta la fecha, alrededor del 15% de la Amazonía ecuatoriana ha sido deforestada. Más aún, en las lejanas provincias amazónicas, sigue proliferando la minería ilegal.
Historia
Ecuador declaró su independencia en 1830. Su primer siglo de existencia estuvo marcado por la agitación derivada del conflicto interno entre facciones de las élites.
En las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, Ecuador alternó periodos de gobernanza constitucional y régimen militar, hasta 1979, cuando los militares cedieron el poder a un presidente electo por última vez.
El crimen organizado transnacional comenzó a asentar su presencia en el país en la segunda mitad del siglo XX. Desde los 70 hasta los 90, los carteles de Cali y Medellín usaron Ecuador como punto de trasbordo para el tráfico de estupefacientes y como centro de contrabando de químicos precursores necesarios para procesar la hoja de coca y convertirla en cocaína.
Las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tuvieron presencia por largo tiempo en el país, dedicadas a la producción de narcóticos y a la minería ilegal a lo largo de la frontera, aunque algunas facciones de las ex-FARC mafia —disidencias del primer grupo— siguen presentes.
A comienzos de la década de 2000, Ecuador experimentó un aumento de pandillas callejeras y de violencia asociada a estas. En ese tiempo, en la provincia de Guayas, donde se encuentra Guayaquil, operaban alrededor de 400 pandillas, y se rumora que la pandilla Latin Kings fue la responsable de gran parte de la violencia en esa ciudad. En 2007, el gobierno dio un paso sin precedentes con la legalización de las pandillas, con lo que se reconoció a grupos como los Latin Kings la categoría de "grupos juveniles urbanos”. Esto ayudó a una reducción radical de la tasa de homicidios en Ecuador.
Una serie de decomisos, arrestos y testimonios a lo largo de los años muestra también que el cartel mexicano de Sinaloa ha logrado establecer contactos y rutas en Ecuador. Esta expansión, mencionada en documentos del caso penal en Estados Unidos contra el jefe del cartel de Sinaloa Joaquín "El Chapo" Guzmán, ha sido especialmente notoria en la ciudad portuaria de Guayaquil.
Este último es uno de los mayores puertos de Suramérica, donde repetidos decomisos de varias toneladas de estupefacientes indican que se ha convertido en un punto central de trasbordo para productos ilícitos destinados a mercados de Estados Unidos y Europa.
El rol de Ecuador como punto de tránsito importante queda ilustrado en el creciente volumen de decomisos en los últimos años. Esto puede alimentar el mercado local de drogas, que también parece haber crecido. Las autoridades decomisaron un despacho récord de 110 toneladas en 2016, 96 de las cuales solo estaban de paso en el país.
Pese al auge del tránsito de drogas por Ecuador y el crecimiento del mercado de consumo local, Ecuador ha logrado disminuir los niveles de violencia, pasando de 22 homicidios por 100.000 habitantes en 2011 —uno de los más altos de la región en esa época— a 5,6 por 100.000 en 2016, la tasa de homicidios más baja en treinta años. Si las tendencias continúan, el país parece listo para lograr su meta de 5 homicidios por 100.000 habitantes en 2017.
Ecuador también es punto de tránsito para la trata de personas. Se denunció que los migrantes africanos que se dirigen a Estados Unidos usan el país como punto de partida marítimo para evitar las rutas terrestres por Centroamérica. Más aún, se dice que las laxas regulaciones para la concesión de visas del país —que permiten a casi cualquiera ingresar a Ecuador con una visa de turista por 90 días— han facilitado el desarrollo de las operaciones de trata de personas por parte de grupos del crimen organizado chino en el país.
Además de eso, Ecuador tiene una sólida industria minera ilegal y regulaciones financieras liberales que brindan a los criminales muchas oportunidades de lavado de dinero. El crimen organizado en Colombia ha usado la minería aurífera en Ecuador para lavar dinero ilícito, por ejemplo, mientras que también se cree que parte importante del oro extraído ilegalmente de Perú se limpia por medio de exportaciones de oro desde Ecuador.
Grupos criminales
El panorama criminal en Ecuador ha estado conformado tradicionalmente por grupos criminales fragmentados, que operan como subcontratistas del crimen organizado de otros países, en particular los grupos criminales colombianos y, en menor medida, las mafias mexicanas.
Existen algunas excepciones. En abril de 2017, por ejemplo, Colombia arrestó al ciudadano ecuatoriano Washington Prado Alava, alias "Gerard" o "Gerald". Aunque era prácticamente un desconocido, a Prado se lo acusó de dirigir una organización que envío 250 toneladas de cocaína desde Colombia y Ecuador a través de Centroamérica hasta Estados Unidos. Se dice que se decomisaron otras 150 toneladas de la organización, lo cual presuntamente se formó luego de la caída en 2012 de gran parte de la cúpula de la Bacrim Los Rastrojos de Colombia, para quienes se dice que trabajaba Prado.
Aunque la organización operaba a ambos lados de la frontera, Prado supuestamente permanecía en Ecuador, donde se protegía corrompiendo y asesinando a funcionarios. La historia de Prado —que pasó desapercibido por años, a pesar de liderar una organización criminal grande, poderosa y violenta— sirve como advertencia del potencial de Ecuador de albergar sus propios grupos narcotraficantes, alimentados por el flujo de narcóticos de otros países y la débil resistencia institucional al crimen organizado.
Fuerzas de seguridad
En 2016, Ecuador tuvo un presupuesto de US$1.200 millones para su fuerza de policía nacional, con un pie de fuerza de 44.000 agentes, casi tres cuartas partes de lo que se conformó con agentes "preventivos", como policía comunitaria o agentes de tráfico. Alrededor de 8.500 agentes se dedicaron al trabajo investigativo, y cerca de 1.700 más al acopio de inteligencia.
La corrupción, muy seguramente incitada por la creciente afluencia de narcóticos al país, sigue siendo un problema dentro de la institución de policía. Desde 2013, 61 agentes de policía fueron dados de baja por sospechas de colusión con grupos narcotraficantes, incluyendo a oficiales de alto rango. La participación de la policía en operaciones criminales se ha extendido hasta transportar estupefacientes en vehículos de la policía.
Desde 2012, Ecuador ha aumentado el rol del ejército en misiones de seguridad pública y operativos antinarcóticos. Se han desplegado hasta 11.000 soldados a lo largo de la porosa frontera entre Ecuador y Colombia, aunque se anunció oficialmente el recorte de esta fuerza luego de la firma del acuerdo de paz entre Colombia y las FARC. Las zonas costeras usadas como puntos de partida de drogas también han visto presencia del ejército.
Sistema judicial
El sistema de justicia en Ecuador ha sufrido profundos cambios estructurales en la década pasada. Luego de hacer una transición a un sistema de administración de justicia acusatorio, el país revisó la estructura de sus primeros cargos judiciales y los mecanismos de nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. El nuevo sistema buscaba permitir mayor independencia de la rama ejecutiva. Pero su impacto real ha sido cuestionado, y el sistema de justicia en el país sigue siendo susceptible de corrupción. Según el informe de Competitividad global 2016-2017, del Foro Económico Mundial, Ecuador tiene uno de los sistemas judiciales menos independientes, con el puesto 134 en independencia judicial de 138 países evaluados.
La Fiscalía General es responsable de las investigaciones penales y así encabeza la lucha contra el crimen organizado. El país también tiene un defensor de derechos humanos.
Prisiones
El sistema penitenciario en Ecuador padece de hacinamiento, pero con un promedio de 132 por ciento, la tasa de ocupación de las cárceles en el país no es sin embargo, la peor de la región. Pero hay un problema con la detención preventiva: había solo algo más de 26.000 personas detenidas en las prisiones de Ecuador en junio de 2016, casi la mitad de los cuales estaban en detención preventiva.
Luego de dar los primeros pasos para despenalizar el consumo de drogas y atacar en forma simultánea a los traficantes, una ley de 2015 endureció fuertemente las penas por posesión, incluso en bajas cantidades. Aunque esto podría permitir el encarcelamiento masivo de delincuentes menores por drogas, ya fuera consumidores o delincuentes de poca monta, hacia el futuro, el número de presos no ha aumentado de manera desproporcionada desde la aprobación de esa ley.
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