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Perfil de Guatemala

GUATEMALA / 28 FEB 2021 POR INSIGHT CRIME ES

Las organizaciones criminales de Guatemala han sido las más sofisticadas y peligrosas de Centroamérica durante años. Algunas de ellas llevan décadas en operación. En ellas participan antiguos miembros del ejército, organismos de inteligencia y miembros de la policía, así como narcotraficantes y otros funcionarios públicos. Aunque en los últimos años estas organizaciones se han atomizado por las capturas de algunos de sus líderes.

La mayor parte de su actividad consiste en transportar drogas ilegales hacia el norte, pero el crimen organizado en Guatemala también está involucrado en el cultivo de marihuana, coca y amapola, así como en el tráfico de personas, el secuestro, la extorsión, el lavado de dinero, el contrabando de armas, la redes de adopción ilegal, los crímenes ambientales, y otras actividades ilegales. Frecuentemente, trabajan con grupos de México y Colombia, así como de otros países centroamericanos. Han tenido el potencial de expandirse y comandar grupos criminales de los países centroamericanos.

Geografía

Guatemala tiene 400 km de costas, la mayor parte de ellas en el Océano Pacífico, de donde recibe y distribuye gran parte del contrabando que entra y sale del país. El interior montañoso, junto con las vastas y poco pobladas extensiones de selva en el norte, hacen del país un lugar ideal para el almacenamiento y el tránsito de drogas.

La diversidad climática y topográfica de Guatemala hace del país un lugar adecuado para la siembra de varios cultivos ilícitos. En todo el país se siembra marihuana, y las autoridades han descubierto importantes cantidades de sembrados de amapola en zonas de gran altitud, especialmente cerca de la frontera oeste con México.

En años recientes, las fuerzas de seguridad también han descubierto pequeñas plantaciones de coca ocultas en las montañas en unas pocas provincias al noreste del país, en particular Izabal.

Guatemala comparte fronteras con Honduras, El Salvador, México y Belice.

Historia

La agitada situación que vive Guatemala y sus agudos problemas de violencia, crimen e impunidad tienen sus raíces en un Estado históricamente débil, en periodos prolongados de gobierno militar o injerencia de las fuerzas militares en la política, y en una profunda desigualdad económica, social y cultural. Uno de los países más grandes de Centroamérica ha exhibido históricamente una de las mayores desigualdades del mundo en lo que respecta a recursos y capital, pues la riqueza se concentra en las manos de una pequeña élite.

Los indígenas, que representan casi el 45 por ciento de la población de Guatemala (según estadísticas de 2018), han sido marginados sistemáticamente desde la Colonia. Estos grupos indígenas han tenido dificultad para formar un movimiento político cohesionado, y han debido enfrentar años de represión por parte de las fuerzas militares y policiales de Guatemala.

Durante gran parte de la historia de Guatemala, las élites blancas han buscado mantener los patrones de control de los medios de producción económica, a expensas de la mayoría de la población. Estos mismos intereses de la élite han tratado de mantener un Estado débil, en términos de su capacidad para ejercer control sobre sus riquezas. Si bien Guatemala ha tenido algunas instituciones fuertes, en particular la militar, nunca se han establecido un gobierno central ni un Estado fuertes. El gobierno está permanentemente endeudado, en parte por sus dificultades para recaudar impuestos, y en parte por el desinterés de la élite económica por reformar los códigos fiscales y legales que rigen sobre sus intereses.

Durante el último cuarto de siglo, en Guatemala se han dado cambios y una modernización política e institucional, incluyendo el retorno a la democracia después de un largo periodo de régimen militar, y la promulgación de una nueva Constitución en 1985. Sin embargo, el patrón por medio del cual el gobierno sirve como herramienta para promover los intereses privados, en vez del bien público, ha sido difícil de romper. Las disputas más visibles en Guatemala se han centrado en las áreas rurales, en donde las luchas por la tierra y los conflictos laborales sentaron las bases para los movimientos políticos de resistencia y el conflicto armado interno, que empezó en 1960, cuando un pequeño grupo de jóvenes militares se rebelaron contra el gobierno militar, pero fueron repelidos.

La guerra civil, que duró 36 años, y que siguió a la insurrección de 1960, llevó a la formación de varias organizaciones guerrilleras de izquierda. Pero estos grupos no obtuvieron una fuerza significativa. En su lugar, el ejército de Guatemala utilizó la sublevación de los rebeldes como un pretexto para extender su poder e influencia sobre el Estado corrupto e incompetente. Parte de la estrategia militar incluyó la creación de grupos de milicia civil. Conocidas como Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), estos grupos fueron usados para controlar y reprimir las grandes poblaciones rurales que formaron el núcleo de los grupos de izquierda. La lucha dejó como resultado unas 200.000 personas muertas o desaparecidas, y más de un millón de guatemaltecos desplazados, la mayoría de ellos de poblaciones rurales indígenas. La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), una comisión de la verdad de las Naciones Unidas que empezó a trabajar en 1997 después de la firma de los acuerdos finales de paz entre el gobierno y los insurgentes, descubrió que el gobierno y las PAC fueron los responsables de la gran mayoría de estas muertes, “desapariciones” y desplazamientos.

Durante toda la la guerra, las organizaciones criminales —como las bandas de trata de personas, los narcotraficantes y los contrabandistas— operaron en una relativa clandestinidad. La mayoría de ellas eran organizaciones de carácter familiar que emergieron cerca de los cruces fronterizos, en los puertos o en las despobladas selvas en el norte del país. Eran una preocupación secundaria y a menudo proporcionaron servicios a todas las partes en el conflicto, especialmente cuando los oficiales militares y las unidades de policía se involucraron más profundamente en el crimen organizado. Estos actores estatales empezaron en esquemas de corrupción menores, pero pronto incursionaron en el tráfico de drogas. A principios de la década de los ochenta había cientos, o quizá miles de pistas de aterrizaje clandestinas, la mayoría de ellas en la provincia norteña de Petén. Las fuerzas de seguridad del Estado a menudo facilitaban el transporte de bienes ilegales, que en su mayoría iban hacia Estados Unidos. Los agentes del ejército y la policía también empezaron a controlar las grandes redes de tráfico de armas en la región. Estas redes suministraban armas a todos los grupos armados ilegales de la región, incluyendo los grupos guerrilleros de Guatemala y El Salvador.

El proceso de paz entre el gobierno y la coalición de grupos rebeldes, conocida como Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), no resolvió ninguno de los temas centrales que dividían a esta nación. Los acuerdos estaban vinculados a un referendo constitucional, el cual no fue aprobado. La nueva fuerza de policía incluyó 11.000 miembros de la antigua policía. El ejército, que se redujo a 44.000 miembros y después a 31.000, fue convocado para ayudar a la policía a garantizar el imperio de la ley y el orden. Pero como tenía poco entrenamiento y una autoridad limitada, el ejército no pudo controlar la tasa de criminalidad, que iba en aumento. Si a esto se suman las masivas repatriaciones de inmigrantes centroamericanos provenientes de Estados Unidos, incluyendo cientos de criminales y miembros de pandillas, tenemos entonces que Guatemala, así como sus vecinos, de repente se vio enfrentada a una crisis de seguridad que puede ser peor que cualquier otro capítulo de la guerra civil.

Aprovechándose de una población hambrienta y dividida, y de un Estado débil y corrupto, los principales grupos criminales que operan en Guatemala participan en un gran número de actividades ilícitas. La más perjudicial es el tráfico de drogas. Los grupos que controlan este comercio son popularmente conocidos como transportistas. Ellos son los remanentes de los contrabandistas que durante décadas han traficado los productos ilícitos a través de gran parte de los territorios de Guatemala donde hay ausencia de Estado. Entre estos se encuentran las familias Mendoza, Lorenzana, Ortiz López y León, cada una de las cuales ha controlado históricamente áreas estratégicas cerca de las fronteras y ha mantenido fuertes contactos en las fuerzas de seguridad y con los círculos políticos. Pero también existe un puñado de grupos pequeños, y menos conocidos, que se han establecido en corredores estratégicos como las provincias de Alta Verapaz, Huehuetenango y San Marcos. Una serie de arrestos en los últimos años han debilitado a algunos de los grupos más prominentes del país, lo que ha acelerado la aparición de nuevas redes en zonas fronterizas, muchas veces aliadas con alcaldes y agentes de seguridad en sus áreas de influencia.

Sin embargo, las continuas capturas de familiares de los grupos que históricamente han mantenido el poder, como los Lorenzana, son una señal de que estas organizaciones siguen activas en el tráfico de narcóticos.

Los transportistas trabajan para las grandes organizaciones de tráfico de drogas colombianas y mexicanas. Ante la presión en su propio país, los grupos mexicanos, en particular Los Zetas y el Cartel de Sinaloa, intentaron establecer un punto de apoyo firme en Guatemala. La incursión de Los Zetas en Guatemala fue rápida y violenta. En cierto momento habían establecido algún nivel de control sobre casi la totalidad de los puntos clave para el tráfico de drogas en el país y se habían infiltrado en los niveles más altos de las autoridades. Sin embargo, el poder de Los Zetas alcanzó su punto máximo en 2011, pero en 2012 una serie de golpes contra su organización en Guatemala y México lograron debilitarlos y con el tiempo extinguirlos. El Cartel de Sinaloa, por su parte, prefirió forjar alianzas en lugar de recurrir a las tácticas de extrema violencia de Los Zetas, y así permanece involucrado en operaciones ilícitas y tiene acceso a una amplia red de operadores criminales locales, entre los que se cuentan políticos.

El poder de las organizaciones criminales de Guatemala se asemeja al de grupos insurgentes; se considera que varias provincias están bajo el control de organizaciones criminales. El gobierno de Estados Unidos estima que los grupos criminales contrabandearon 1.400 toneladas de cocaína por territorio guatemalteco en 2018.

Las organizaciones narcotraficantes son solo una faceta del crimen organizado en Guatemala. El secuestro, la extorsión, el tráfico de armas, las redes de adopción ilegales y los crímenes ambientales (la tala, la pesca ilegal, el robo de especies protegidas, etc.) son comunes en este país centroamericano. Esto se debe a razones que van más allá del fracaso de los acuerdos de paz o la incapacidad del gobierno para implementar una reforma fiscal. En el centro de la crisis se encuentra el fracaso de los líderes políticos y los agentes de seguridad para establecer y dar continuidad a las reformas fundamentales del sistema legal, judicial y de seguridad, así como su incapacidad para destituir y procesar a oficiales militares, de seguridad y del gobierno.

Los altos niveles de crimen organizado en Guatemala se han dado también gracias a una fuerza policial permisiva y a menudo cómplice. Mal pagados, con bajos niveles educativos y enfrentados con el dilema de participar en la corrupción o morir, muchos agentes se inclinan por la primera opción. Los agentes de policía no son controlados por ninguna organización en particular —actúan autónomamente, en grupos o a veces como empleados temporales de los traficantes—. En algunos casos, los policías se han enfrentado entre ellos mismos, cuando han sido empleados por organizaciones rivales. Su función principal es facilitar el transporte de drogas, pero también se dedican a los robos —llamados “tumbes”— y a la extorsión, el secuestro, el tráfico de armas y las redes de adopción en el mercado negro. A pesar de algunos arrestos importantes, la corrupción ha continuado.

Por otro lado, la tasa de homicidios del país, que era una de las más altas del mundo en 2008, con 48 asesinatos por cada 100.000 habitantes, lleva una década en descenso, con una caída a 21,5 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2015. Pese a la reducción, el país sigue presentando una de las tasas de homicidios más altas de Latinoamérica.

Según datos de la policía, la gran mayoría de los homicidios en Guatemala se cometen con armas de fuego (estadísticas de 2018), y gran parte de la violencia tiene relación con el narcotráfico y la actividad pandillera. Las laxas leyes que regulan la tenencia de armas lleva a su amplia prevalencia entre los ciudadanos del país. Además de las armas legales, se estima que en el país había 1 millón de armas ilegales en circulación en 2018, una cantidad inferior al 1,5 millones en 2011.

Grupos Criminales

Guatemala tiene diversos grupos criminales, algunos de los cuales son muy sofisticados, mientras que los otros son rudimentarios. En ellos participan miembros activos y retirados de la fuerza pública, así como experimentados contrabandistas y traficantes de personas, y algunas organizaciones mexicanas y colombianas. Todos estos grupos trabajan de cerca con sectores del gobierno, que les facilitan sus negocios, pero ninguno está interesado en controlar o derrocar el aparato estatal, el cual les ha servido por su debilidad y por estar comprometido con sus intereses.

Dos de las principales pandillas callejeras del continente americano —las pandillas rivales Mara Salvatrucha y Barrio 18— tienen una influencia especialmente fuerte en Guatemala y sus vecinos del Triángulo del Norte: Honduras y El Salvador.

Los elementos criminales del ejército de Guatemala y de su aparato de inteligencia se denominan Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Los CIACS se originaron en unidades de inteligencia y en centros de estudios del gobierno. Su influencia tras bambalinas en el gobierno ha llevado a que algunos los consideren como los "poderes ocultos" que secretamente dirigen el país. Estos hombres alcanzaron el auge de su poder entre 1997 y 2005, momento desde el cual se han fragmentado en diversos grupos más pequeños. Siguen siendo actores poderosos en el hampa y mantienen estrechos vínculos con los partidos políticos. El expresidente de Guatemala, el exgeneral Otto Pérez Molina (2012-2015), fue presuntamente miembro de los CIACS.

Fuerzas de Seguridad

Guatemala tiene 20.000 soldados activos y más de 42.000 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). El aparato de inteligencia está todavía en transición, después de una historia turbulenta en la cual muchos de sus miembros fueron parte de un Estado represivo y muchos otros fueron acusados de violaciones a los derechos humanos y del asesinato de civiles, mientras que muchos otros hicieron parte de grupos del crimen organizado. Cuando los servicios de inteligencia fueron desmantelados, muchos de sus antiguos miembros pasaron a trabajar con las bandas de crimen organizado o formaron sus propias organizaciones criminales.

El ejército del país se ha reducido notablemente desde el final de la guerra civil en 1996.  Guatemala invirtió 0,35 por ciento de su PIB en “gasto militar” en el año 2018.

Sistema Judicial

El Organismo Judicial de Guatemala (OJ) es técnicamente una entidad independiente, y sus más altas instituciones judiciales son la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad. Consta además de otros juzgados y tribunales menores.

El Ministerio Público (MP) es un organismo autónomo cuya función es promover la justicia penal, realizar investigaciones y asegurar que se respeten las leyes nacionales.

El sistema de justicia penal de Guatemala ha adolecido de debilidad institucional, falta de recursos y altas tasas de impunidad y corrupción. El nombramiento de Claudia Paz y Paz como fiscal general en 2010 ayudó a reducir la impunidad en el país en gran medida y a que criminales que antes eran "intocables" fueran llevados ante la justicia. Sin embargo, ella se ganó poderosos enemigos de las élites y los círculos del crimen organizado del país, y su mandato fue extrañamente suspendido en el 2014.

Conformada en 2007, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por las Naciones Unidas, también dio pasos importantes en la lucha contra la corrupción en el país, hasta su disolución en 2019. Bajo la dirección del fiscal colombiano Iván Velásquez y la exfiscal general Thelma Aldana, la CICIG asumió varios casos de corrupción complejos contra políticos corruptos, narcotraficantes y otras redes criminales que hasta entonces habían operado con relativa impunidad.

Cabe señalar que, en 2015, una investigación coordinada por la CICIG en torno a una red de fraude aduanero con grandes tentáculos, conocida como “La Línea”, motivó la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina y de su vicepresidenta Roxana Baldetti.

Sin embargo, la CICIG terminó siendo víctima de sus triunfos. Frente al creciente descontento entre las élites criminales influyentes que la comisión estaba investigando, el expresidente Jimmy Morales —él mismo investigado por la CICIG— decidió no renovar el mandato de la comisión, que expiró en septiembre de 2019, y por ende fueron expulsados del país.

Pese a sus logros históricos, la gestión de la CICIG no logró erradicar la corrupción arraigada y las debilidades institucionales que ponen en riesgo el sistema judicial del país.

Tras la salida de la CICIG, poderosos grupos criminales han dirigido ataques a las pocas instituciones judiciales que quedan con la capacidad de enfrentar la corrupción, entre las que se destaca la CC y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

Prisiones

Las cárceles de Guatemala están sobrepobladas y son el lugar de reclusión de violentas pandillas, así como el sitio de frecuentes masacres tanto de internos como del personal. Entre 2017 y octubre de 2019, el Procurador de Derechos Humanos (PDH) de Guatemala denunció 99 muertes violentas de reclusos en el sistema penitenciario del país.

A finales de 2019, había 25.303 personas privadas de la libertad en las cárceles de Guatemala, a pesar de que la máxima capacidad del sistema es de 6.997 internos, un índice de sobrepoblación de 363 por ciento. Los hombres representan la mayoría de la población carcelaria, con 22.487 internos, mientras que hay 2.816 mujeres privadas de libertad.

Además del hacinamiento, la violencia es causada por situaciones de inconformismo y rebeliones, dado que la deficiente infraestructura del sistema es incapaz de satisfacer las demandas de los reclusos para mejorar sus condiciones de vida.

Se sabe que los internos dirigen grupos de extorsión, redes de mercado negro y ventas de drogas desde las cárceles. El 70 por ciento de los casos de extorsión denunciados tienen que ver con llamadas salidas de la prisión, según la policía antipandillas de Guatemala.

Los pandilleros de las cárceles guatemaltecas son conocidos como "cholos", mientras que a los delincuentes comunes se les llama "paisas". Los grupos de maras (MS13 y Barrio 18) intentan controlar las cárceles, lo que a veces conduce a enfrentamientos con los cholos.  Estas pandillas también utilizan el sistema penitenciario para organizarse, capacitar a los miembros y dirigir sus redes. Se sabe que los líderes de los dos principales grupos de maras operan desde las cárceles guatemaltecas.

Los guardias y empleados corruptos de las cárceles son cómplices de los comportamientos abusivos, pues forman mafias con los reclusos, que son quienes en efecto controlan las penitenciarías. Son muy altos los índices de personal penitenciario implicado en redes de soborno y tráfico de influencias.

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