La criminalidad de Haití ha estado determinada por la tumultuosa historia del país, definida por la inestabilidad política de larga data, las dificultades económicas y los constantes desastres naturales.
Las pandillas y otras redes criminales de Haití han ganado poder e influencia después del asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, magnicidio que sigue sin resolverse. La falta de un liderazgo político legítimo en el país, junto con el deterioro de su situación de seguridad, han llevado a algunos expertos a advertir que los problemas de delincuencia interna de Haití podrían tener impactos a largo plazo en toda la región.
- Geografía
- Historia
- Grupos criminales
- Fuerzas de seguridad
- Sistema judicial
- Prisiones
Geografía
Haití es uno de los 15 países soberanos del Caribe. Ocupa el tercio occidental de la isla de La Española, junto con República Dominicana, ubicada al este. Al oeste, a través del Paso de los Vientos, se encuentran Cuba y Jamaica. Al norte se encuentran las Islas Turcas y Caicos, las Bahamas y el estado de Florida, Estados Unidos.
Las porosas fronteras marítimas y terrestres del país, y su proximidad a Estados Unidos, lo convierten en un punto ideal para el tránsito de drogas, las cuales llegan en aviones y barcos desde Colombia y Venezuela. Las abundantes pistas de aterrizaje clandestinas en el interior, así como los muelles ubicados a lo largo de las costas, han facilitado por mucho tiempo el trasiego de drogas a través del país.
La ubicación geográfica de Haití lo ha hecho particularmente vulnerable a huracanes y terremotos, que han causado daños económicos significativos, así como una constante inestabilidad política. Estos desastres han generado flujos de ayuda internacional hacia el país, que han sido objeto de escándalos de corrupción. La asistencia internacional que ha llegado después de los desastres también se ha extendido al ámbito de la seguridad, pero estas ayudas no han estado exentas de problemas.
La turbulenta situación política de Haití, los frecuentes desastres naturales y la mala situación económica han llevado a cientos de miles de haitianos a huir del país en los últimos años. Este éxodo ha propiciado el crecimiento de las redes de tráfico de las personas que atraviesan los peligrosos mares que unen a los países caribeños, a veces con fatales resultados.
Historia
Tras convertirse en colonia francesa en el siglo XVIII, la población esclavizada de Haití se sublevó en 1791, liderada por Toussaint L’Ouverture. Después de años de luchas, Haití declaró su independencia de Francia en 1804.
Luego de la independencia, Haití estuvo afectada por la inestabilidad política, las dificultades económicas y las intervenciones extranjeras, incluida una ocupación por parte de las fuerzas estadounidenses entre 1915 y 1934. La familia Duvalier, encabezada por François “Papa Doc” Duvalier, y más tarde por su hijo Jean-Claude, apodado “Baby Doc”, gobernó a Haití como una dictadura entre 1957 y 1986.
Durante las décadas de 1970 y 1980, la mayor parte de la cocaína consumida en Estados Unidos era traficada a través del Caribe, incluidos países como Haití y República Dominicana. El tráfico de drogas se convirtió en una importante fuente de ingresos para la élite política y empresarial de Haití, que utilizó sus conexiones para proteger a los narcotraficantes y lavar dinero. El gobierno de Jean-Claude Duvalier fue particularmente conocido por su participación en el tráfico de drogas. El régimen brindó protección y apoyo logístico a los narcotraficantes colombianos que utilizaron a Haití como punto de tránsito.
En 1986, las protestas y huelgas motivadas por la crisis económica y política condujeron al derrocamiento de Baby Doc Duvalier. Haití experimentó una breve transición hacia la democracia en 1990, cuando Jean-Bertrand Aristide fue elegido presidente. Sin embargo, Aristide fue derrocado mediante un golpe militar y forzado a exiliarse al año siguiente. El país estuvo gobernado por un régimen militar hasta 1994, cuando las tropas estadounidenses intervinieron para volver a instaurar a Aristide en el poder. A su regreso, Aristide disolvió el ejército haitiano, un organismo de seguridad bastante corrupto, pero esta medida también privó a Haití de otro método de lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas.
La presidencia de Aristide durante la segunda mitad de la década de 1990 se vio empañada por actos de corrupción, violencia política y participación en el tráfico de drogas. Durante sus mandatos como presidente, los narcotraficantes haitianos trabajaron con el Cartel de Medellín, y más tarde con el Cartel del Norte del Valle, para pasar cientos de toneladas de cocaína de Colombia a través de Haití y hasta Estados Unidos, presuntamente sobornando a funcionarios locales, policías e incluso al propio Aristide.
En 2004, Aristide fue derrocado de nuevo, y se estableció una misión de la ONU para el mantenimiento de la paz, con el fin de estabilizar al país. Los narcotraficantes cambiaron sus métodos y empezaron a utilizar rutas terrestres por Centroamérica, después de que las autoridades comenzaron a actuar de manera enérgica contra el tráfico por vías marítimas. Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos estimaba que, hacia 2006, el 8 por ciento de la cocaína que llegaba a Estados Unidos todavía pasaba por La Española.
En 2010, un devastador terremoto causó la muerte de más de 200.000 haitianos, llevó al desplazamiento de millones más y causó una enorme destrucción.
Poco después del terremoto, en 2011, Michel Martelly fue elegido presidente, heredando el control de un país con niveles extremos de pobreza, aumento de la violencia y corrupción arraigada. En 2017, Martelly fue acusado de malversación de fondos, como parte del famoso escándalo de Petrocaribe, que involucró la desaparición de US$3.8 mil millones de un programa de subsidios petroleros de Venezuela, que tenía el objetivo de proporcionar petróleo con bajos precios a Haití.
En 2016 se hicieron elecciones en Haití, pero las acusaciones de fraude y supresión de votantes provocaron protestas y deslegitimaron al recién elegido Jovenel Moïse. En 2018, estallaron protestas en todo Haití, en las que se pedía la renuncia de Moïse, quien fue acusado de corrupción y mala gestión de los recursos del país.
En 2021, Moïse fue asesinado en su casa en Puerto Príncipe, lo que causó mayor agitación política en el país. Ariel Henry se convirtió en el primer ministro interino de facto, en medio de protestas y actos de violencia en todo el país.
Después del magnicidio, el gobierno interino no ha logrado ganar el control sobre gran parte del territorio nacional. La omnipresente gobernanza de las pandillas en Puerto Príncipe, los secuestros masivos y el flujo incesante de armas hacia el país han contribuido al continuo deterioro de Haití.
En 2022, la ONU y los gobiernos de Estados Unidos y Canadá impusieron sanciones de manera coordinada contra líderes de pandillas y las élites políticas y empresariales de Haití por su presunto papel en el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el financiamiento de actividades delictivas, pero los efectos de dichas sanciones han sido mínimos hasta el momento.
Grupos criminales
En Haití existen cientos de pandillas, y Puerto Príncipe es la ciudad que más ha padecido la violencia proveniente de los grupos criminales. La ONU estima que las pandillas controlan el 60 por ciento de la capital, pero muchos haitianos creen que casi toda la ciudad ha caído bajo el control de grupos criminales. Hay algunos grupos que son bastante poderosos.
El G9 y Familia (G9 an fanmi, G9) es una federación de grupos que congrega a nueve de las pandillas más poderosas de Puerto Príncipe. El G9 está dirigido por el expolicía Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”. El grupo estuvo vinculado previamente al Partido Haitiano Tèt Kale, de Moïse y Henry (Parti Haïtien Tèt Kale, PHTK), actuando como justicieros del partido. Sin embargo, Barbecue rompió relaciones con ellos después del asesinato de Moïse, ya que el grupo ha ganado un capital político significativo en las áreas que controla en Puerto Príncipe.
El G9 y Familia se dedica sobre todo a la extorsión, pero también lleva a cabo secuestros extorsivos y se ha apoderado de servicios públicos como la electricidad o el suministro de agua, por los cuales cobran. Barbecue y el G9 han bloqueado dos veces la Terminal Varreux, la terminal petrolera más grande de Haití, acción coordinada por varios grupos criminales para restringir el acceso al combustible en todo el país, con el fin de desestabilizar al gobierno.
El principal rival del grupo es el G-PEP, otra federación de pandillas, liderada por Gabriel Jean-Pierre, alias “Gabriel”. Los opositores políticos del PHTK apoyan al grupo, pero no está claro hasta qué punto le ofrecen apoyo material o financiero. Están aliados con 400 Mawozo, uno de los grupos criminales más grandes de Haití, que comenzó a ser conocido luego del secuestro de 17 misioneros extranjeros en 2021, aunque también ha secuestrado a miles de haitianos.
Existen muchas otras pandillas, pero una de las más conocida es 5 Seconds, que ha sitiado importantes obras de infraestructura e instalaciones, como el edificio de la Corte Suprema de Haití, y le exigió al gobierno un pago por su liberación. La pandilla Kraze Baryè, liderada por Vitel’Homme Innocent, también llegó a ser conocida tras asesinar a varios policías e incendiar una estación de policía a principios de 2023.
Fuerzas de seguridad
Haití cuenta con fuerzas de seguridad débiles, plagadas de corrupción, ineficacia, vínculos con pandillas y permanente falta de personal y recursos.
El principal organismo encargado de hacer cumplir la ley es la Policía Nacional de Haití (Police Nationale d'Haiti, PNH), creada en 1995 para remplazar a las disueltas Fuerzas Armadas de Haití, acusadas de violaciones a los derechos humanos y de participar en golpes de Estado.
La ausencia de un gobierno electo operativo implica que las fuerzas de seguridad tienen poca supervisión y reciben poca instrucción, y suelen dedicarse al crimen. Los agentes de la PNH, cuya remuneración siempre ha sido deficiente, han sido acusados de participar en tráfico de armas y en masacres de civiles patrocinadas por el Estado, así como de vínculos directos con algunas de las pandillas de Haití o pertenencia a ellas.
Un contingente fuertemente armado de policías activos y retirados, conocido como Fantom 509, opera como un grupo criminal y ha llegado a atacar edificios e instalaciones gubernamentales para exigir mejores salarios y condiciones de trabajo para los agentes de policía.
La Guardia Costera de Haití, parte de la PNH, también carece de personal suficiente, a pesar de tener la tarea de proteger las más de 900 millas de costa.
Sistema judicial
El sistema judicial de Haití ha enfrentado múltiples desafíos en los últimos años, como falta de recursos, corrupción e interferencia política. El sistema prácticamente llegó a colapsar por la sobrecarga a causa de los retrasos en los nombramientos judiciales, el aumento de la violencia y las protestas de jueces y secretarios judiciales que pedían mejores salarios y condiciones de trabajo.
En junio y julio de 2022, las pandillas invadieron el edificio de la Corte Suprema en Puerto Príncipe, donde destruyeron registros y evidencias.
Prisiones
Las cárceles de Haití padecen de hacinamiento, falta de financiación, pocos recursos y deficiente supervisión.
En las cárceles de Haití hay diversas personas privadas de la libertad, muchas de las cuales han cometido delitos menores, como robos o disputas poco graves, o han sido encarceladas arbitrariamente por protestar; también albergan criminales violentos o miembros de pandillas.
Hasta el 80% de las casi 12.000 personas que conforman la población carcelaria del país se encuentran en prisión preventiva, lo que significa que nunca han tenido un juicio debido al deteriorado sistema de justicia del país.
Las constantes fugas masivas también ponen de relieve las deficiencias del sistema penitenciario. Más de 170 reclusos escaparon en una sola acción en 2016, y más de 300 se fugaron durante un tiroteo entre guardias y asaltantes armados.
Las prisiones también sufren constantemente de falta de alimentos y personal, lo que en 2022 llevó a la muerte de más de 100 haitianos privados de la libertad.
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