La ubicación de Panamá como punto de enlace entre Centro y Suramérica ha hecho de este país un punto de tránsito fundamental para actividades ilícitas, además de refugio y zona de negociaciones para organizaciones criminales. Su economía favorable y el boom del contrabando en la Zona Libre de Colón (CFZ) han atraído durante mucho tiempo a lavadores de dinero internacionales.
El débil sistema judicial del país y los altos índices de corrupción han permitido avances de redes transnacionales, incluyendo grupos guerrilleros colombianos y carteles mexicanos.
Las pandillas panameñas suelen colaborar con organizaciones narcotraficantes de mayor tamaño, y con el aumento del paso de narcóticos por el país en años recientes, también han crecido los crímenes violentos.
Geografía
Panamá se encuentra en el extremo sur del istmo centroamericano, limitando al este con Colombia, al oeste con Costa Rica, al sur con el océano Pacífico y al norte con el mar Caribe. Llamada en ocasiones “la boca del embudo”, ha sido por largo tiempo un punto de ingreso para drogas que van de Suramérica a México y Estados Unidos. Una densa franja de selva a lo largo de la frontera con Colombia, conocida como el Tapón del Darién facilita el tráfico de armas, narcóticos y personas.
Desde 1914, el canal de Panamá ha sido un puente entre los hemisferios este y oeste, y por mucho tiempo se ha usado para el contrabando de todo tipo de mercancías ilegales. Como escala importante de las rutas comerciales a nivel global, Panamá representa una útil opción para los traficantes que utilizan el transporte comercial para traficar narcóticos.
En 2021, hubo frecuentes incautaciones de varias toneladas de cocaína en el puerto caribeño de Colón, que se ha convertido en punto de partida de la cocaína en su trayecto hacia Europa y hacia ciertos países africanos que también abastecen los mercados europeos de cocaína. Esto se ha visto facilitado por la corrupción al interior del puerto y por parte de los funcionarios de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
El país tiene además abundantes islas poco vigiladas, que resultan útiles para los traficantes.
Historia
La participación de Panamá en el tráfico de drogas se inició a comienzos del siglo xx, con el tráfico de opio de Asia a Europa a través del canal de Panamá, el cual sigue siendo una pasarela global para el transporte de productos legales e ilegales.
En las décadas de 1960 y 1970, se cultivaba cannabis en Panamá, pero el creciente negocio de la cocaína pronto reemplazó el negocio de la marihuana.
A medida que los grupos suramericanos que traficaban cocaína a Estados Unidos comenzaron a dejar las rutas por el Caribe, muy usadas durante los 1980, la frontera compartida entre Panamá y el productor de cocaína Colombia hizo del primero un punto de tránsito natural para los estupefacientes en dirección al norte.
Durante la década de 1980, Panamás se convirtió en uno de los ejemplos más emblemático de un “narcoestado” en la historia latinoamericana bajo el liderazgo del dictador militar general Manuel Noriega, quien estableció relaciones con el cartel de Medellín en Colombia y con traficantes centroamericanos.
Noriega se convirtió en el gobernante de facto de Panamá en 1983 y mantuvo una estrecha relación con Estados Unidos, colaborando por décadas con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), pese a su implicación en el tráfico de drogas ilegales y en el lavado de dinero.
Tras llegar a un acuerdo con el capo colombiano Pablo Escobar, del incipiente cartel de Medellín en 1982, Noriega comenzó a cobrar a los traficantes colombianos US $100.000 por carga para ingresar cocaína por vía aérea a Panamá. A lo largo de los años ochenta, los colombianos también usarían a Panamá como refugio, base para el procesamiento de cocaína y como centro bancario y de lavado de dinero, lo que impuso la tendencia para las décadas siguientes.
El ostentoso estilo de vida de Noriega con fiestas animadas con drogas y suntuosas mansiones fue truncado abruptamente en 1989, cuando el ejército estadounidense invadió Panamá y arrestó al líder. Estados Unidos acusó al general del lavado de millones de dólares, contrabando de marihuana y colaboración con el cartel de Medellín. Las tensiones políticas en aumento, más que las preocupaciones por la participación de Noriega en actividades ilegales, fueron la motivación más para la invasión estadounidense y la captura del militar en el operativo. Tres años después, un juzgado estadounidense sentenció a Noriega a 40 años de cárcel. Posteriormente, fue extraditado a Francia para enfrentar un juicio por cargos de lavado de dinero, y después de su condena regresó a Panamá, donde también fue condenado por abusos contra los derechos humanos.
Luego de la invasión estadounidense, Panamá abolió su ejército en 1990, y traslado las responsabilidades de protección de la ciudadanía a organismos civiles de seguridad dirigidos por el Ministerio de Seguridad Pública. El nuevo cuerpo tuvo problemas en los años siguientes por falta de capacidad y experiencia, lo que permitió que variados tipos de grupos del crimen organizado consolidaran su poder.
Por ejemplo, las primeras pandillas de Panamá aparecieron a finales de la década de 1980, pero el final de la era Noriega, la desbandada del ejército y los altos índices de pobreza en la década de 1990 abrieron el espacio para el crecimiento de estos grupos. La tendencia se mantuvo en los años 2000; entre 2005 y 2010, datos oficiales mostraron que se triplicó el número de pandillas que operaba en el país —un fenónemo que los expertos atribuyeron a una falta de coherencia en las políticas de seguridad.
En la década de 2010, el gobierno ha intentado varias estrategias para abordar el problema de las pandillas, ninguna de las cuales ha resultado ser especialmente exitosa. Durante su toma de posesión en julio de 2014, el presidente Juan Carlos Varela anunció una amnistía para pandilleros que accedieran a desarmarse. Ese programa se extendió a los siguientes meses para incluir formación para el trabajo para los pandilleros desmovilizados, pero los resultados fueron variados. En 2016, las autoridades lanzaron una ofensiva antipandillas contra una banda importante, y desestabilizó las operaciones de otra pandilla involucrada en el tráfico internacional de cocaína. Las medidas parecían anunciar un cambio hacia políticas más represivas en términos generales contra las pandillas.
De manera similar, grupos narcotraficantes internacionales aprovecharon su presencia en Panamá para expandir sus operaciones tras la caída de Noriega. Un informe del gobierno estadounidense publicado en 1991, dos años después de la invasión, indicaba que el narcotráfico en el país iba en aumento. En 1999, una década después de la captura de Noriega, el Departamento de Estado estadounidense aún describía a Panamá como “un punto importante de trasbordo para las drogas ilícitas que se contrabandean desde Colombia”. Para 2016, el país decomisaba volúmenes récord de narcóticos, lo que se debía en parte a un boom de producción de cocaína en Colombia.
El estilo de gobiernos de Noriega, plagado de manejos turbios, dejó un legado de corrupción que ha fomentado una de las principales industrias criminales en Panamá: el lavado de dinero.
Históricamente, Panamá ha sido un centro para el lavado de dinero internacional, debido a su amplio sector bancario, la economía dolarizada y de rápido crecimiento y la presencia de la Zona Libre de Colón (ZLC), una zona de libre comercio creada en 1948 que es hoy en día una de las más grandes del mundo. Las estrictas leyes de secreto bancario combinadas con un sistema judicial laxo y las más de las veces corrupto son factores adicionales que favorecen las actividades de lavado de dinero.
El rol central de Panamá en el lavado internacional de dinero quedó en evidencia en 2016 con la publicación de los llamados “Panama Papers”, documentos que mostraban cómo la firma de abogados panameña Mossack Fonseca ayudaba a establecer cuentas offshore y empresas de papel para miles de clientes de la élite en todo el mundo, incluyendo la “reina” de la droga guatemalteca y un capo salvadoreño.
También en 2016, Estados Unidos incluyó en una lista negra a varios miembros de una de las familias más acaudaladas y poderosas del país, los Waked, por denuncias de lavado de dinero. En 2017, Nidal Waked Hatum, quien había sido designado “uno de los lavadores de dinero y facilitadores criminales más grandes del mundo” por la Administración para el Control de Drogas (DEA) estadounidense, se declaró culpable de participar en una conspiración para el lavado de dinero.
La debilidad de las instituciones judicial y de orden público han permitido que se perpetúe la corrupción en Panamá, lo que a su vez ha facilitado no solo el lavado de dinero, sino también el narcotráfico y otras actividades criminales.
A comienzos de 2010, cables filtrados del servicio diplomático estadounidense revelaron sospechas de que había políticos panameños implicados en el negocio de la droga. Estos temores persistieron a lo largo de toda la década; a finales de 2017, por ejemplo, las autoridades desbarataron una presunta red de narcotráfico internacional que tendría nexos con un alcalde local. También a finales de 2017, un narcotraficante colombiano afirmó a una agencia informativa local que las autoridades panameñas revendían los cargamentos de drogas incautados.
Los malos manejos entre la élite siguen siendo un problema de peso, como lo ilustra el caso del expresidente Ricardo Martinelli. El exmandatario huyó de Panamá en 2016, y solicitó refugio en Estados Unidos por una investigación en su contra por presunta participación en múltiples maquinarias de corrupción. Martinelli fue arrestado en 2017 cerca de su residencia en Miami en respuesta a una solicitud de extradición en la que se lo acusaba de escuchas ilegales, y aceptación de coimas de la constructora brasileña Odebrecht, la cual se encuentra en el centro de un escándalo multinacional con múltiples ramificaciones por corrupción.
Martinelli, al igual que el expresidente Varela, fue acusado de corrupción y lavado de dinero en 2019, aunque hasta ahora ha logrado evadir su condena. La fiscalía cerró aún más el cerco en torno a Martinelli en 2021, tras el arresto de sus dos hijos en Guatemala.
Estos fueron extraditados a Estados Unidos y se declararon culpables de lavado de dinero durante una audiencia en el Distrito Este de Nueva York. Según el Buró Federal de Investigaciones (FBI), los dos hijos de Martinelli abrieron cuentas bancarias en el extranjero, mediante las cuales ocultaban las ganancias de empresas fantasma, con el fin de facilitar sobornos de Odebrecht. Si bien estos actos presuntamente se realizaron al servicio de un “funcionario del gobierno de Panamá”, los fiscales no dieron el nombre de ningún individuo específico.
Grupos criminales
Panamá tiene presencia de pandillas desde la década de 1980, aunque no de la magnitud de otros países de la región. Por mucho tiempo, estos grupos se dedicaron sobre todo a delitos menores, pero más adelante comenzaron a aumentar de tamaño, a organizarse más y a participar en narcotráfico, extorsión, trata de personas, lavado de dinero y secuestro.
Se cree que dos grupos rivales formados de la asociación de varias pandillas callejeras —Bagdad y Calor Calor— son los más poderosos del país en la actualidad.
La violencia entre ambas pandillas se ha relacionado con el aumento en la tasa de homicidios de Panamá en 2021, aunque las autoridades señalan la masacre de 2019 en la prisión de La Joyita como el catalizador de los enfrentamientos entre las pandillas. En dicha masacre, al menos 14 reclusos fueron asesinados dentro del complejo penitenciario, aunque el derramamiento de sangre no incluyó a miembros de Calor-Calor.
Fue más bien el ataque a uno de los grupos subsidiarios de Bagdad por parte de otras pandillas del conglomerado lo que dio inicio a la cadena de asesinatos por parte de pandillas en Panamá. Por su parte, el gobierno inició una ofensiva contra Bagdad. Con la ayuda de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), el gobierno panameño atacó agresivamente las instalaciones y los mandos de la organización, mediante un asalto coordinado que debilitó seriamente a la confederación de pandillas.
Sin embargo, debido a la laxa estructuración de Bagdad y sus rivales, Calor-Calor, es poco probable que la disolución completa de la confederación afecte seriamente el papel de las bandas de narcotraficantes en Panamá, ya que los grupos más pequeños podrían expandirse y llenar este vacío.
Varias organizaciones criminales transnacionales, particularmente las ubicadas en Colombia y México, utilizan a Panamá para traficar drogas, evadir la persecución en sus países de origen y negociar acuerdos comerciales.
Los Urabeños, una de las organizaciones criminales más grandes de Colombia, ha establecido presencia en el vecino Panamá. La organización, también conocida como el Clan del Golfo, mantiene influencia sobre las economías criminales a través de la frontera entre los dos países.
Dentro de dichas economías, las principales son el tráfico de drogas y de personas, el cual emplea a miembros de las comunidades locales como guías en el tapón del Darién, una densa zona boscosa. La captura de unas 56 personas durante un operativo de Panamá conocido como Operación Fisher puso al descubierto hasta qué punto Los Urabeños han cooptado al crimen organizado panameño, particularmente para el tráfico de cocaína.
El grupo colombiano estableció una asociación con un grupo de tráfico local, Humildad y Pureza (HP), lo que les permitía enviar cocaína hacia el norte, a través del istmo centroamericano. Los Urabeños le solían entregar las drogas a HP mediante lanchas rápidas en la ciudad de Panamá y en la provincia de Colón, en el Pacífico.
Entre los arrestados en Panamá durante la Operación Fisher también había policías y funcionarios de la Autoridad del Canal de Panamá, además de otros funcionarios públicos.
Los grupos criminales mexicanos también han operado en el país. En 2013, Panamá identificó al menos cuatro organizaciones criminales mexicanas que operan dentro de sus fronteras: el Cartel de Sinaloa, Los Zetas, la Organización Beltrán Leyva (OBL) y el Cartel de Juárez. Sin embargo, existen evidencias de que hay grupos mexicanos que pueden estar activos en el país.
Grupos criminales conocidos como “tumbadores” se especializan en el robo de drogas de otros grupos criminales, a veces con la cooperación de las fuerzas de seguridad.
En Panamá también operan redes de trata de personas. La mayor parte de la trata de personas hacia, desde y a través de Panamá está relacionada con el comercio del sexo, pero el trabajo forzoso también es un problema.
Por último, los delitos cibernéticos también se han establecido de manera significativa en Panamá. Los ciberdelincuentes han sacado provecho de una variedad de opciones favorecidas por la pandemia de COVID-19 y por los posteriores confinamientos. En particular, los datos de tarjetas de crédito robadas son un negocio bastante lucrativo en Panamá. El país tuvo algunas de las tarifas más caras de datos de tarjetas compradas en la web oscura.
Fuerzas de seguridad
Desde la abolición de las fuerzas armadas de Panamá en la década de 1990, la seguridad ciudadana ha estado a cargo de las Fuerzas de Seguridad Pública, que incluyen la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, y el servicio nacional de fronteras, todos ellos adscritos al Ministerio de Seguridad Pública. Las fuerzas de seguridad han recibido la mayor parte de sus equipos de parte de Estados Unidos, Canadá e Italia desde 2010.
En 2021, el Servicio de Fronteras empleó a 4.000 oficiales, mientras que el Servicio Aeronaval empleó a 3.000. La Policía Nacional continuaba con 20.000 miembros.
Los organismos de seguridad de Panamá han sido criticados por su ineficacia y corrupción, y se ha sabido de infiltración de varias organizaciones narcotraficantes y de reclutamiento, en ocasiones de autoridades. Hay cierta ironía en el hecho de que la relativamente baja tasa de homicidios en el país pueda tener que ver con que los grupos criminales ejercen corrupción en lugar de violencia para lograr sus objetivos.
Panamá tiene varias bases aéreas y navales a lo largo de sus cosas, así como sistemas de radares. La ayuda estadounidense a Panamá se centra fuertemente en la acción conjunta contra el narcotráfico y el crimen organizado, y numerosas instituciones estadounidenses prestan asistencia en materia de seguridad a Panamá. En años recientes, la mayor colaboración con la DEA ha producido logros concretos en la lucha contra Bagdad, una de las principales organizaciones criminales del país. Sin embargo, las fuerzas de seguridad todavía están parcialmente comprometidas por funcionarios que trabajan en connivencia con organizaciones narcotraficantes.
Sistema judicial
Panamá tiene un sistema legal civil, cuya autoridad judicial superior es la Corte Suprema. El resto de la rama judicial incluye tribunales superiores, salas seccionales y juzgados municipales.
El Ministerio Público es responsable de los procesos criminales y la veeduría de los servidores públicos. Está conformado por el Procurador y Fiscales de Distrito, entre otros representantes. Las investigaciones penales las lleva a cabo la Policía Técnica Judicial, bajo las órdenes del Ministerio Público.
Aunque la Constitución panameña concede independencia a la rama judicial, esta es susceptible, sin embargo, de influencia política y corrupción. En 2021, Transparencia Internacional halló que Panamá carecía especialmente de autonomía de su sistema de justicia penal.
Se consideró que el proceso de nombramiento de jueces estaba politizado y era demasiado largo. La corrupción dentro del sistema judicial sigue siendo un problema, e incluso llega a la Corte Suprema del país, como se reveló en el caso contra un juez nombrado por el expresidente Martinelli.
Prisiones
El sistema penitenciario de Panamá es vigilado por el Ministerio de Gobierno por medio de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP). Las autoridades penitenciarias han enfrentado dificultades con escasez de personal y de recursos, que han contribuido a la corrupción. El sistema carcelario también ha sido blanco de críticas por su deficiente infraestructura y abusos de sus funcionarios.
En junio de 2022, el Instituto para la Investigación de Política Penal informó que el sistema penitenciario de Panamá tenía un índice de superpoblación de 134 por ciento, lo que sigue una tendencia al alza en los últimos años. Dicho porcentaje es relativamente bajo para los estándares regionales. Aún más, la tasa de detención preventiva es bastante baja, con un 37 por ciento de personas privadas de la libertad en espera de un juicio.
A pesar de estas cifras, la reputación de las cárceles panameñas se vio afectada irrevocablemente por la masacre de 2019 en La Joyita. Después del ataque se incautaron diversas armas de fuego, incluidas rifles de asalto, lo que da cuenta de un grave problema de contrabando dentro de la prisión. La penitenciaría no tiene detectores de metales ni escáneres, lo que permite el ingreso de armas con la ayuda de funcionarios corruptos.
Además, se demostró que la seguridad dentro de la prisión era completamente deficiente. Este es un problema común en todo Panamá, si se considera que el país solo cuenta con 800 guardias penitenciarios en total, encargados de monitorear a casi 20.000 prisioneros.
SUSCRIBIRME