Perú ha experimentado niveles de violencia relativamente bajos desde el final del conflicto civil a fines de la década de 1990. Aunque el país se sigue situando muy por debajo de Colombia en cuanto al cultivo de coca, los cultivos ilícitos en Perú están aumentando de manera rápida. Las ganancias provenientes del narcotráfico y la tala ilegal han llevado a un leve resurgimiento de Sendero Luminoso, un grupo guerrillero maoísta que permanece activo, aunque ya no representa una amenaza importante para la estabilidad del Estado peruano. Los remanentes del grupo y sus ramificaciones continúan atacando a las fuerzas de seguridad y a empresas extranjeras en el remoto Valle de los Ríos Apurimac, Ene y Mantaro (VRAEM).
Geografía
Perú, el cuarto país más grande de Suramérica, se encuentra justo al sur del ecuador. Limita al norte con Ecuador y Colombia, al este con Brasil, y al sur con Bolivia y Chile. Cuenta con 3.000 kilómetros de costa sobre el Océano Pacífico.
Después de Brasil, Perú contiene la mayor franja de territorio amazónico, y la selva tropical representa alrededor del 60 por ciento de su territorio. Desafortunadamente, esto lo ha convertido en un centro del tráfico de madera, la minería ilegal, la caza ilegal de vida silvestre y el tráfico de drogas.
El país es un lugar importante para el comercio de cocaína gracias a su idoneidad para el cultivo de coca. Junto con Colombia y Bolivia, es uno de los principales países productores de coca en el mundo. Vastas zonas del país tienen poca presencia estatal debido a lo agreste del territorio, lo que ha permitido el desarrollo de clanes de narcotraficantes, así como de grupos como Sendero Luminoso. Sus puertos, como el Callao, permiten el tráfico internacional a lo largo de las rutas marítimas. Dado que el mercado de cocaína de Brasil es el más grande de Suramérica y uno de los más grandes del mundo, la cocaína también pasa a través de la frontera para ser vendida allí.
Historia
Perú ha sido exportador de coca y cocaína desde el siglo XIX, cuando gran parte del producto se exportaba legalmente a Estados Unidos. A comienzos del siglo XX, el gobierno estadounidense declaró ilegal la sustancia, y presionó a Perú para que hiciera lo mismo en 1948. Esto desató el crecimiento del negocio ilegal de la droga, que a lo largo de las décadas que siguieron se concentraría en el valle de Huallaga, al norte del país.
Gran parte de la cocaína de Perú salía del país por rutas al sur, por Chile. Pero, en la década de 1970, una ofensiva del régimen militar de Augusto Pinochet obligó a desviar la ruta hacia el norte, pasando por Colombia, lo que dio origen a los poderosos carteles de Cali y Medellín, en ese país. Por lo general, las hojas de coca se procesaban en Perú, para convertirlas en pasta base de coca, y una vez en el exterior se refinaban en cocaína pura. Para la década de 1980, Perú se había convertido en el mayor productor mundial de cocaína.
En esa década también se dio el surgimiento de la guerrilla Sendero Luminoso, grupo comunista de filosofía maoísta liderado por el profesor de filosofía Abimael Guzmán, quien en 1980 declaró la guerra al Estado. La insurgencia del grupo se inició en el pueblo de Ayacucho, se expandió hasta ocupar grandes extensiones de las zonas montañosas, y en su mejor momento llegó incluso a Lima, la capital. En el conflicto también participaron el grupo guerrillero rival, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y patrullas campesinas respaldadas por el gobierno.
Casi 70.000 personas murieron o desaparecieron durante el conflicto entre 1980 y 2000; de esas muertes, poco menos de la mitad se atribuyeron a Sendero Luminoso. Se acusó a las fuerzas del gobierno de unas 23.000 muertes, además de violaciones a los derechos humanos.
Sendero Luminoso entró en decadencia en 1992, tras la captura de Guzmán (quien permaneció en prisión hasta su muerte en 2021), y se fragmentó en dos grupos. Un ala del Militarizado Partido Comunista de Perú (MPCP) mantiene presencia en la remota región del VRAEM, la mayor zona productora de coca del país. La muerte del segundo al mando, Jorge Quispe Palomino, alias “Raúl”, se confirmó en marzo de 2021. Desde entonces, el MPCP, liderado por el hermano de Raúl, Víctor Quispe Palomino, alias “José”, ha hecho sentir su presencia mediante ataques violentos. En mayo de 2021, el grupo masacró a unas 16 personas cerca del poblado de San Miguel del Ene; por otro lado, un ataque a la policía en febrero de 2023 cobró la vida de siete oficiales.
Durante las duras políticas de seguridad del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), la producción de cocaína de Perú disminuyó y la producción se trasladó en gran parte a Colombia. Sin embargo, el tráfico de drogas seguía siendo importante en Perú. Un aliado cercano de Fujimori, el jefe de seguridad Vladimiro Montesinos, fue arrestado en 2001 por acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Algunos políticos locales, como David Bazán Arévalo, quien ejerció como alcalde durante dos términos en la ciudad norteña de Tocache (bastante azotada por el crimen) y fue arrestado en 2017, también han sido acusados de corrupción y vínculos con el narcotráfico.
El negocio de la cocaína presentó un leve aumento entre comienzos y mediados de la década de 2010. En ese momento, Perú y Colombia se alternaban el primer lugar como mayores cultivadores de coca y productores de cocaína, respectivamente. Pero para 2015, Colombia había recuperado el título, luego de una reducción de 14 por ciento en los cultivos en Perú en 2014.
En aquella época, la producción de coca comenzó a difundirse fuera de las regiones productoras tradicionales y se extendió hacia la Amazonía; se encontró evidencia de que el negocio de la droga seguía infiltrando las fuerzas de seguridad del país, así como los sectores político y judicial. El gobierno peruano respondió con agresivas campañas de erradicación y controles estrictos sobre los químicos precursores usados para el procesamiento de la cocaína. Sin embargo, la financiación de estos programas antinarcóticos fue limitada, y el gobierno sigue enfrentando problemas para imponer el control en la remota región del VRAEM.
En 2017, el gobierno de Perú lanzó un ambicioso plan para reducir el cultivo de coca a la mitad para 2021. Estos intentos fracasaron debido a la ausencia de programas efectivos de sustitución de cultivos y por el impacto de la pandemia de COVID-19, que llevó a la suspensión de las labores de erradicación. Para 2021, Perú cultivaba un récord de más de 80.000 hectáreas de coca y continuaba exportando coca y pasta de cocaína a Bolivia, donde alcanza un precio más alto. Los obstáculos políticos también dificultan las labores de erradicación porque los usos tradicionales de la planta de coca siguen siendo legales, y los cultivadores de coca son una poderosa fuerza política.
Existen pequeños clanes familiares en las regiones del VRAEM y Huallaga que tradicionalmente han manejado los suministros de cocaína y el traslado de la droga a la capital y a las fronteras del país, pero hay indicios de que los grupos peruanos se están expandiendo para tomar el control de las operaciones de exportación de drogas.
Aunque el narcotráfico sigue en el centro de los problemas de seguridad, las ganancias que genera se ven eclipsadas por las de la minería ilegal, que en 2020 tenía un valor anual estimado de unos US$3,9 mil millones. El epicentro de esa actividad es la región de Madre de Dios, donde ha causado destrucción ambiental y social, así como un aumento de la violencia. Las regiones mineras son también epicentro de la trata de personas, tanto para el trabajo forzado como para la explotación sexual. El intercambio ilegal de oro también ha estado ligado al lavado de dinero, que implica una firma estadounidense con oficinas en Miami y Dallas. En 2017, Perú declaró oficialmente la minería ilegal como una actividad del crimen organizado y lanzó un programa para enfrentarla, incluyendo operativos policiales a gran escala.
Otro desafío importante para Perú es su comercio ilícito de madera a gran escala, muy lucrativo y lesivo para el medio ambiente, que se facilita con la corrupción y la laxitud de los controles. Se cree que un 80 por ciento del total de exportaciones de madera en el país es ilegal. Los asesinatos de activistas ambientales también se han asociado a la industria ilegal de tala.
En diciembre de 2022, Dina Boluarte se convirtió en la sexta presidenta (en el mismo número de años), después de que el expresidente Pedro Castillo fuera arrestado tras un supuesto intento de golpe de Estado. Este es el más reciente escándalo presidencial de los que se han sucedido en el país, en los cuales cuatro de los predecesores de Castillo han debido enfrentar cargos de corrupción vinculados al caso Odebrecht.
Grupos criminales
El grupo guerrillero Sendero Luminoso emprendió su guerra contra el estado en 1980, y ahora está muy involucrado en el crimen organizado. Aunque el negocio de la droga ayudó a fortalecer al grupo, en los últimos años este se ha visto seriamente debilitado por las muertes y arrestos de varios de sus principales líderes. Se cree que los insurgentes trabajan con traficantes en la región del VRAEM. Este es el último bastión que le queda al grupo después de que fuera expulsado de la región del Alto Huallaga tras la captura, en 2012, de Florindo Eleuterio Flores, alias “Camarada Artemio”. El grupo disidente, el MPCP, mantiene presencia allí.
Los grupos narcotraficantes peruanos comparten su territorio con organizaciones narcotraficantes extranjeras, incluidos grupos criminales colombianos y mexicanos. Estos mantienen sofisticadas redes de tráfico de cocaína a Europa y Asia, así como a Estados Unidos y otros países. También se sabe que los traficantes locales tienen vínculos con otros grupos criminales transnacionales, como las pandillas de Brasil y la ‘Ndrangheta de Italia. La continua acción militar en el VRAEM, el corazón de la coca en el país, ha llevado a que las operaciones de producción y tráfico de drogas se adentran aún más en la Amazonía. Los grupos de traficantes han sido culpados de los asesinatos de líderes indígenas que han tratado de evitar que los traficantes invadan sus territorios.
El sector de la minería ilegal de oro de Perú opera como una compleja red de mineros, intermediarios y propietarios de concesiones mineras, incluidos los “capos del oro”, entre los que se encuentran grupos armados extranjeros, familias poderosas y políticos que utilizan prácticas ilegales como el trabajo forzado y los sobornos. Las bandas que se enfrentan por el control de la minería ilegal de carbón también han sido culpadas de diversos asesinatos en la región costera de La Libertad.
Como ocurre en varios países de Suramérica, en Perú hay preocupación por la invasión del Tren de Aragua, la organización criminal más grande de Venezuela. La policía peruana arrestó a 30 miembros de Los Gallegos, un brazo armado de la pandilla, en diciembre de 2022.
El área cerca del lago Titicaca en la frontera entre Perú y Bolivia se ha convertido en un importante foco de contrabando. La coca y la base de coca se introducen de contrabando en Bolivia, donde obtiene un precio más alto; por otro lado, a Perú se contrabandea combustible. Las redes de tráfico de personas y los madereros ilegales también operan en Perú; además, la extorsión es una industria importante.
Fuerzas de seguridad
Perú tiene una fuerza policial centralizada, la Policía Nacional del Perú (PNP). La institución tiene la reputación de ser corrupta.
Según datos de 2023, Perú cuenta con cerca de 100.000 militares activos de primera línea. La reputación de las fuerzas armadas se ha visto empañada por incidentes relacionados con violaciones a los derechos humanos durante el conflicto interno, y el apoyo de algunos líderes militares a Fujimori, quien fue encarcelado por corrupción y violaciones a los derechos humanos (aunque fue liberado a principios de 2018 mediante un polémico indulto, cuando su salud se deterioró). El ministro de Defensa renunció a fines de 2021 después de presuntamente presionar a los comandantes militares para que promovieran a los aliados del entonces jefe de relaciones públicas, Pedro Castillo.
Las fuerzas armadas han aumentado recientemente su participación en la lucha contra el narcotráfico y los remanentes de Sendero Luminoso, realizando operaciones conjuntas con la fuerza policial. Las autoridades han asestado duros golpes a Sendero Luminoso en los últimos años, aunque el grupo guerrillero sigue siendo fuerte en ciertas regiones.
Los miembros de las fuerzas armadas han estado implicados durante mucho tiempo en redes de tráfico de armas vinculadas a grupos criminales. Según medios locales, hacia febrero de 2022 había más de 4.000 empresas de seguridad privada autorizadas en Perú, con más de 125.000 empleados.
Sistema judicial
La Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano judicial de Perú. Por debajo de este se encuentran los Tribunales Superiores de Justicia, que operan dentro de sus jurisdicciones locales, seguidos por tribunales más pequeños que también operan a nivel local.
La década de gobierno autoritario de Fujimori dejó un legado de impunidad y causó grandes deterioros a la imparcialidad del sistema judicial de Perú, que ha sido acusado de tener profundos vínculos con el crimen organizado. La incertidumbre relacionada con la crisis política del país durante el mandato de Pedro Castillo podría debilitar aún más la fe en el sistema de justicia.
Según el Índice de Estado de Derecho 2022 de World Justice Project, Perú se ubica entre los peores países latinoamericanos en cuanto a la corrupción y en el cuarto inferior a nivel mundial en cuanto a justicia penal. Las restrictivas leyes de difamación de Perú también pueden estar creando un efecto represivo en la cobertura mediática del crimen organizado y la corrupción.
Prisiones
La sobrepoblación del sistema penal en Perú muestra señales de agotamiento. El uso generalizado de la detención preventiva ha llevado a que el número de privados de la libertad crezca sin control. En 2022, la población carcelaria era de más del doble de la capacidad del sistema.
En 2015, el gobierno peruano reveló que el 95 por ciento de los sospechosos salían libres después de su arresto —la mayoría de los cuales habían sido liberados en flagrancia— lo que indica la existencia de prácticas corruptas en las fuerzas de seguridad del país. Ese mismo año, se aprobó una ley que aceleraba los procesos judiciales para criminales atrapados en flagrancia, lo que agudiza los temores de que se dispare el número de personas privadas de la libertad. En 2016, Perú aprobó también una ley que impone sentencias más prolongadas para los sentenciados por pertenecer a agrupaciones del crimen organizado.
Existe evidencia de amplia cooptación dentro de las cárceles de Perú, lo que permite fugas y una grave falta de control sobre los presos.
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