El Colectivo de Seguridad Fronteriza (CSF) es una milicia irregular con apoyo estatal asentada en el estado de Táchira, en la frontera con Colombia.
Tras el asesinato de su líder, Óscar Rangel, alias “Cachú”, en mayo de 2021, se cree que el CSF ha dejado de existir como grupo funcional.
Desde su creación en 2018, ha demostrado ser un instrumento esencial en la estrategia del régimen de Maduro para recuperar el control de las economías criminales que se desarrollan a lo largo de la frontera con Colombia y de sofocar los intentos de la oposición por promover protestas sociales.
Desde su fortín en Táchira, el CSF protege las rentas ilegales del régimen de Maduro en la frontera mediante el control de los pasos fronterizos informales o “trochas”. El grupo también coordina con dirigentes políticos locales la supresión de las protestas de la oposición en Táchira, estado que por sus importantes flujos migratorios se ha convertido en centro para la ayuda humanitaria. El control del estratégico estado de Táchira convierte al CSF en un instrumento efectivo para repeler acciones de líderes opositores y coaliciones internacionales, sin el riesgo de las confrontaciones transfronterizas con fuerzas militares.
Historia
El Colectivo de Seguridad Fronteriza es una de las caras más recientes de los grupos armados patrocinados por el gobierno que actúan en defensa de los intereses del régimen de Maduro en todo el territorio venezolano. Aunue el CSF carece de la estructura organizacional comunitaria característica de los colectivos, el grupo comparte sus raíces ideológicas con el chavismo, además de sus prácticas políticas y de militancia.
En 2018, el presidente venezolano Nicolás Maduro nombró a Freddy Bernal “Protector del Táchira”, lo que le concedió poder sobre el ejército y las políticas sociales y económicas del estado. Bernal ha estado implicado en la promoción y el adiestramiento de los colectivos desde su época como alcalde de Caracas (2000-2008), y se cree que es el padrino político del CSF.
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Pocos meses después de su designación como “Protector del Táchira”, surgió el Colectivo de Seguridad Fronteriza, quepronto demostró ser una herramienta eficaz para reprimir la oposición política. En enero de 2019, el grupo intimidó a un grupo de manifestantes luego de que Juan Guaidó se declarara presidente interino y poco después intentó impedir el ingreso de ayuda humanitaria por medio de los puentes internacionales a lo largo de la frontera.
Desde comienzos de 2019, el CSF se ha valido de los cierres fronterizos para ejercer control sobre varios pasos de frontera informales conocidos como "trochas". El control de estos cruces permite al grupo manejar las rutas de contrabando y generar ingresos mediante el cobro de un peaje a los migrantes, un negocio que se incrementó de manera importante durante 2020 por causa de la pandemia de COVID-19.
El CSF también ejerce un alto grado de control social en sus zonas de operación. Aunque no ha usurpado ninguna función del gobierno local, el grupo ejerce un control importante sobre la población, mediante el cobro de cuotas a los negocios locales por concepto de "seguridad" y la imposición de códigos de conducta a algunas comunidades. Ademas de eso, el CSF usa el grafiti para ejercer coerción sobre los votantes en los días previos a protestas locales y nacionales, lo que logra el objetivo de suprimir la concurrencia a las manifestaciones.
La continua expansión del grupo en la región fronteriza permite al régimen Maduro cobrar rentas ilegales y le provee fuerzas milicianas irregulares en la frontera para defenderse contra agresiones externas.
Estructura de mando
La cadena de mando del CSF es difusa, lo que se debe a su naturaleza híbrida: civil, política y armada. El grupo toma su línea política del gobierno y los líderes locales del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). No es claro si Bernal ejerce una función de mando directa en el CSF, pero es evidente que el colectivo responde a sus intereses y estrategias. Las investigaciones de InSight Crime en Táchira informan que la movilización del grupo ha hecho parte de sus planes para la región y existe evidencia de colusión estrecha entre el CSF y las fuerzas de seguridad locales bajo el mando de Bernal en su rol de protector. Más aún, Bernal se ha reunido en público con los colectivos de la región y les ha ofrecido su apoyo. William Gómez, alcalde del municipio de Bolívar y John Carrillo, alcalde de Pedro María Ureña, han sido identificados por los residentes locales como las cabezas del CSF, y se ha observando al grupo usando las alcaldías como centros de operaciones.
Los líderes operativos locales coordinan las acciones en el terreno. Por ejemplo, Óscar Rangel, alias “Cachu”, activista popular vinculado a movimientos de juventudes comunistas, coordina las operaciones del grupo en el municipio de Bolívar y rinde cuentas a sus jefes políticos.
Rangel fue asesinado a tiros en San Antonio del Táchira en mayo de 2021, y se cree que el grupo se disolvió poco después.
Cuando se creó, el grupo tenía unos 150 miembros. Pero según una entrevista realizada por InSight Crime en Táchira, el grupo experimentó un crecimiento significativo en 2019, cuando el gobierno de Nicólas Maduro hizo ingentes esfuerzos por imponer mayor control sobre las economías criminales y los actores armados a lo largo de la frontera colombiana.
Pero en 2021, varios activistas locales entrevistados por InSight Crime confirmaron que el grupo se había silenciado y que probablemente ya no operaba.
Geografía
Las economías criminales del CSF y su presencia política y militar se concentran en San Antonio del Táchira, la población más importante en la frontera con Colombia. Desde 2018, el grupo ha aprovechado los cierres fronterizos con Colombia y la pandemia de COVID-19 para consolidar su control de las economías ilegales y expandir su presencia a otros municipios del estado de Táchira, incluyendo San Cristóbal, capital del estado. Se ha identificado su presencia en la zona del puente internacional Tienditas, en el vecino municipio de Pedro María Ureña, y en la zona urbana del municipio de Junín.
Según entrevistas en campo realizadas por InSight Crime en San Antonio, los emisarios del CSF tienen presencia esporádica en los municipios de Torbes y Cárdenas. En el norte del Táchira, se ha movido de García de Hevia al municpio de Panamericano.
Incluso hay reportes de robos perpetrados por el CSF en la población colombiana La Parada, cerca de la ciudad de Cúcuta. Sin embargo, sus principales economías criminales siguen limitadas al territoro venezolano y no hay evidencia de que estén emprendiendo operaciones sistemáticas en Colombia.
Aliados y enemigos
El CSF colabora con las fuerzas de seguridad para garantizar el control de Táchira. En mayo de 2020, Bernal anunció el despliegue de 3.000 miembros de diferentes organismos de seguridad venezolanos a la frontera entre Colombia y Venezuela para controlar los flujos migratorios. La evidencia indica que el CSF coordina acciones con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía (FAES), cuyo actual líder, Miguel Domínguez, fue guardaespaldas de Bernal y su mano derecha durante varios años.
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La guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN), que opera en Venezuela, es un aliado estratégico del CSF y ha colaborado con el grupo en la represión de las protestas políticas y en la imposición de control social. Según residentes y funcionarios locales consultados por InSight Crime en el municipio de Bolívar, miembros del ELN han participado en la distribución de las cajas de alimentos CLAP y pueden haber organizdo días de limpieza de calles y entregas de regalos a niños junto a los militantes del CSF.
Incluso existe evidencia de acciones militares coordinadas entre las fuerzas de seguridad estatales, el ELN y el CSF. A mediados de febrero de 2020, las fuerzas de seguridad venezolanas comenzaron una serie de operaciones con el fin de expulsar a Los Rastrojos, grupo criminal colombiano, de la zona fronteriza, en especial del corredor de Puerto Santander-Boca de Grita. El ELN y los colectivos liderados por Freddy Bernal participaron en estos operativos, donde el ELN puso el grueso de la fuerza militar y el CSF prestó respaldo local.
Perspectivas
La creciente necesidad del régimen de Maduro de rentas criminales y seguridad fronteriza han favorecido el predominio del Colectivo de Seguridad Fronteriza a lo largo de la frontera colombiana en el estado de Táchira. Frente a la presión internacional y el diezmado erario público, no se prevé un cambio próximo en estas condiciones, lo que convierte al CSF en una fuerza importante para apuntalar el régimen de Maduro.
El control que ejerce el CSF sobre los pasos fronterizos informales permite al gobierno controlar y lucrarse de la migración entre Colombia y Venezuela, a la vez que la capacidad del grupo para reprimir el disenso político los convierte en un instrumento político valioso.
Dados los orígenes de Freddy Bernal en la Revolución Bolivariana y la conformación política del grupo, no cabe duda de que el CSF desempeñará un papel importante en la defensa del régimen de Maduro frente a cualquier agresión externa. Aunque no está confirmado el número exacto de integrantes del grupo, el CSF ha manifestado su valor como apoyo del ejército y de las fuerzas armadas alineadas con Maduro en la frontera.
Pero en 2021, varios activistas locales entrevistados por InSight Crime confirmaron que el grupo se había silenciado y que probablemente ya no operaba.
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