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Samark López Bello

PERSONAJES DE VENEZUELA / ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 15 JANUARY, 2023 ES

Samark López Bello es un empresario venezolano y fugitivo de la justicia estadounidense, que lo acusa de lavar dinero del narcotráfico. En 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló como testaferro de Tareck El Aissami, ex vicepresidente venezolano, y actual ministro de petróleo. El empresario niega las acusaciones, pero no la relación con El Aissami.

Desde 2013 comenzó a figurar públicamente por su presunta vinculación en la compra de la Cadena Capriles, uno de los medios más antiguos y con mayor alcance de audiencia en Venezuela; cuya línea editorial cambió drásticamente para favorecer al gobierno. Sin embargo, su relación con el Estado a través de negocios turbios data de muchos años antes y abarca rubros como la construcción, alimentación, el sector petrolero y hasta la importación de árboles navideños.

Historia

Los nexos de Samark López Bello con el gobierno venezolano datan de al menos 10 años atrás.

Entre el 2000 y el 2008, el economista trabajó como director de Planificación y Presupuesto en la gobernación del estado Mérida durante la gestión de Florencio Porras. Su contrato cesó por petición de Porras quien luego dijo que López había estado involucrado en hechos de corrupción.

En esa época, López Bello inició una relación con Tareck El Aissami, cuando este último era presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Los Andes.

Luego de su salida de la gobernación, y pese a haber sido demandado en 2007 por el Banco de Venezuela por mantener una importante deuda con la entidad, López incursionó en el sector privado. En esta etapa se inició como propietario de cinco empresas en Venezuela: Profit Corporation, C. A., Alfa One, C. A., SMT Tecnología, Grupo Sahect, C. A y Servicios Tecnológicos Industriales, C. A. También estableció contratos con el Estado a través de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el Ministerio de Interior y Justicia, dirigido por El Aissami entre 2008 y 2012.

Sin embargo, fue hasta 2013 que su nombre comenzó a tomar relevancia cuando rumores lo vincularon a la compra de la Cadena Capriles, uno de los medios de comunicación más antiguos de Venezuela, y con uno de los periódicos de mayor tiraje del país. La venta de la empresa periodística fue motivo de cuestionamientos, debido a la discrecionalidad en torno a sus compradores, y el cambio de la línea editorial de sus marcas, que comenzó a favorecer al gobierno. Sin embargo, el rol de López en la compra no ha sido confirmado, y aún se desconoce la identidad de los propietarios.

Su rápido crecimiento como empresario lo llevó a poseer varias empresas en Estados Unidos: MF Food Service, LLC, LH Industries Supplies INC y Sahect Holding LLC.

En Panamá estuvo al frente de Yakima Trading Corp, una compañía creada en febrero de 2002, de la que fue designado presidente en 2014. Yakima tuvo varios intercambios comerciales con el estado venezolano, incluida la venta de 5.712 piezas de viviendas prefabricadas a Pdvsa Industrial.

La refinadora estadounidense Citgo, filial de PDVSA, también intentó firmar un contrato con una empresa propiedad de López Bello, según denunció una exdirectora de recursos humanos de la compañía, ante un tribunal de Texas.

Una investigación del portal periodístico Armando.info lo relaciona también con la empresa Postar Intertrade Limited, que estableció contratos para la importación de árboles de navidad en 2016 con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex). Posteriormente, Postar Intertrade acordó también la venta de cajas de alimentos, con la misma empresa estatal venezolana, como parte de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

El 13 de febrero de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a López como testaferro de El Aissami, a quien acusó de delitos de narcotráfico, desde proteger a narcotraficantes hasta facilitar envíos de drogas para carteles.

López se defendió ante las acusaciones de la autoridad fiscal estadounidense en su blog personal, alegando que su inclusión en la lista no estaba justificada, pues él se consideraba un hombre de negocios legítimo.

Dos años después, el 8 de marzo de 2019, el gobierno estadounidense lanzó una nueva acusación contra El Aissami y López, esta vez por presuntamente violar las sanciones impuestas por Washington en 2017 al trasladarse desde Rusia a Venezuela usando aviones privados provistos por empresas establecidas en Estados Unidos.

El 12 de mayo de 2019, la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos de República Dominicana, acompañada de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y agentes federales de Estados Unidos, allanaron dos villas de un complejo turístico de Verón, Punta Cana, por ser propiedades de López.

Otra investigación de Armando Info, a raíz de la filtración de documentos conocida como los Papeles de Pandora, relacionó con López Bello a un banco venezolano llamado Bancamiga, el cual ha tenido un crecimiento enorme en el deprimido sector bancario venezolano desde que hombres vinculados al empresario sancionado ingresaron como accionistas y ejecutivos al banco. López Bello negó tales vínculos.

Tres contratistas estadounidenses, víctimas de secuestro por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2003, y acreedores de una compensación por lo ocurrido, emprendieron en 2019 un caso judicial para quedarse con los activos incautados a López. Para ello, alegaron que el empresario mantenía vínculos indirectos con las FARC a través de El Aissami, y ganaron el caso en 2020. Sin embargo, la ausencia de evidencias que demostraran la relación con las FARC llevó a López a apelar y en 2022 la orden de otorgar sus bienes a los contratistas fue anulada.

Actividades criminales

Desde su primera incursión en la administración pública, López ha estado vinculado con delitos de corrupción y lavado de dinero.

Después de su salida de la gobernación de Mérida, el entonces gobernador, Florencio Porras, lo acusó de cobrar sobornos para adelantar trabajos de infraestructura.

Las acusaciones no impidieron que luego de ser removido por el exgobernador incursionara en el sector privado, donde se hizo con al menos 13 empresas nacionales e internacionales, mediante las cuales aseguró importantes y turbios contratos con el Estado venezolano.

El ejemplo más evidente de este nexo quedó al descubierto por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al acusarlo de ser testaferro de Tareck El Aissami, y de estar vinculado con su red de narcotráfico, a través del lavado de dinero.

El comunicado del ente norteamericano considera a López como “un testaferro clave para El Aissami”, quien lava sus ganancias producto del tráfico de drogas con la compra de activos, y el manejo de acuerdos comerciales en su nombre. Ambos enfrentan cargos por incumplir con las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro.

Geografía

El emporio empresarial corrupto de Samark López Bello, conformado por 13 empresas, abarca a Venezuela, Estados Unidos, Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Reino Unido. Está vinculado también, indirectamente, a una empresa con sede en Barbados.

República Dominicana, donde López contaba con lujosos bienes, parece haber dejado de ser uno de sus puntos de operaciones desde que las autoridades lo persiguen.

Aliados y enemigos

Según las investigaciones, el mayor aliado de Samark López Bello es Tareck El Aissami. Su sociedad ha asegurado que sus negocios, corruptos y enmarcados en la ilegalidad, hayan perdurado por años, y se hayan diversificado, abarcando rubros como la construcción, alimentación, el sector bancario, petrolero y hasta importación de árboles navideños, a través de empresas relacionadas directa o indirectamente con López.

No obstante, sus actividades criminales se han visto frenadas por la justicia estadounidense que, tras vincularlo a las redes de narcotráfico, ha confiscado sus bienes, congelado sus cuentas e intentado capturarlo.

Perspectivas

La divulgación del vínculo criminal entre Samark López y Tareck El Aissami es una medida importante en la inhibición de sus actividades ilegales. Las sanciones impuestas, que le impiden hacer negocios con empresas de Estados Unidos y lo han despojado de sus bienes en el extranjero, limitan su rango de acción. Sumado a esto, la vigilancia constante a la que está expuesto coarta sus posibilidades de continuar ejerciendo sus negocios corruptos fuera de Venezuela.

Sin embargo, los negocios del empresario parecen seguir creciendo en Venezuela gracias a su cercanía con el gobierno.

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