Un exgobernador mexicano acusado de vínculos con el crimen organizado ha sido capturado en Italia, una señal de que el PRI, el partido actualmente en el gobierno de México, podría estar tratando de sanear sus acciones en previsión a las elecciones presidenciales del año próximo.
Una operación conjunta entre las policías de Italia y México condujo a la captura de Tomás Yarrington el pasado 9 de abril en Florencia, Italia informó El Comercio. Yarrington, quien ejerció como gobernador del estado mexicano de Tamaulipas adscrito al partido de gobierno, Partido Revolucionario Institucional (PRI), entre 1999 y 2005, está al parecer acusado de colaborar con el Cartel del Golfo y con Los Zetas.
La Procuraduría General de la República de México (PGR) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) han estado tras Yarrington desde 2012. La DEA acusa a Yarrington de recibir dinero de los grupos del crimen organizado y de usarla para adquirir propiedades en Texas. En diciembre de 2013, una corte de Texas acusó al exgobernador de cooperar con narcotraficantes y aceptar sobornos, informó Milenio.
En noviembre de 2016, las autoridades ofrecieron 15 millones de pesos (unos US$800.000) por información que pudiera conducir a su captura.
Yarrington será extraditado a México en los próximos días, indica El Comercio.
Análisis InSight Crime
La captura de Yarrington podría ser una señal de que el PRI, el partido del presidente Enrique Peña Nieto, está tratando de mostrar que está dispuesto a castigar la corrupción y la colusión con el crimen organizado entre sus miembros, en previsión a las elecciones para gobernador en junio de este año y las elecciones presidenciales de 2018.
El caso relacionado con el exgobernador de Tamaulipas es uno de los muchos ejemplos de los vínculos entre altos funcionarios y grupos del crimen organizado en los últimos tiempos. En enero de 2016, Humberto Moreira, exgobernador del estado de Coahuila y expresidente del PRI, fue capturado en España bajo denuncias de lavado de dinero y presuntos vínculos con Los Zetas. Moreira fue gobernador de Coahuila entre 2005 y 2011, cuando renunció para asumir su cargo como presidente del PRI, que desempeñó durante menos de un año, tras de lo cual renunció en medio de acusaciones de malversación de fondos.
Pero a pesar de las acusaciones contra él, Moreira se está postulando a las elecciones de junio para una puesto en la legislatura del estado de Coahuila, esta vez con un partido político diferente.
En total, cinco exgobernadores mexicanos fueron acusados de corrupción en el año 2016, y a finales de marzo de este año el fiscal general del estado de Nayarit fue detenido en Estados Unidos por cargos de tráfico de estupefacientes.
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En octubre de 2016, el PRI expulsó al exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, quien renunció a su puesto el 12 de octubre, en medio de denuncias de corrupción, pero desapareció pocos días después, dándole otro golpe a la credibilidad del gobierno de Peña Nieto. El paradero de Duarte sigue siendo desconocido.
El 4 de junio de 2017, los mexicanos irán a las urnas para elegir a cuatro nuevos gobernadores. El PRI perdió en los estados de Veracruz y Tamaulipas el año pasado por primera vez en la historia moderna mexicana —dos estados clave para el partido, así como algunas de las entidades más violentas del país y territorios importantes para los grupos criminales—. La connivencia entre el crimen organizado, los políticos y las élites de Tamaulipas hace parte de la historia y la cultura del estado fronterizo, como argumentarían algunos observadores.
La popularidad del presidente Peña Nieto se ha visto afectada por escándalos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos, algunos de ellos a manos de las fuerzas de seguridad del estado actuando como parte de la respuesta militarizada de México al crimen organizado. Si el partido pierde otros de los estados principales, sus posibilidades de ganar la presidencia en el 2018 se reducirán aún más.
De particular importancia es el resultado de junio en las elecciones para gobernador en el Estado de México, que incluye a la Ciudad de México y es un bastión del PRI. Peña Nieto fue gobernador allí antes de ser elegido presidente, y se trata de uno de los estados más poblados del país y con el mayor número de votantes registrados a nivel nacional. La pérdida del Estado de México generaría más dudas sobre la fuerza del PRI y sobre su capacidad para gobernar.