Conocido como “la Suiza de Latinoamérica”, Uruguay tiene una de las tasas de criminalidad más bajas y las instituciones estatales más estables de la región. Al mismo tiempo, sin embargo, el históricamente pacífico país está experimentando un aumento continuado en el crimen y la inseguridad, gran parte de lo cual está vinculado con el narcotráfico y la actividad de pandillas en pequeña escala. Los homicidios, la corrupción y la presencia del crimen organizado han aumentado en los últimos años. Si bien estos hechos no despojan a Uruguay de su título de “buen alumno” de América Latina, sí plantean graves riesgos de seguridad para el país.
Después de convertirse en el primer país del mundo en legalizar el cannabis con fines recreativos, el país cuenta con algunas de las leyes más liberales con respecto a la producción, distribución y consumo de drogas en la región.
Geografía
Uruguay es el segundo país más pequeño de Latinoamérica, después de Surinam. Al occidente, está separado de Argentina por el río de la Plata, y, más al norte, por el río Uruguay. Hacia el noreste, el país comparte con Brasil una frontera terrestre de 1.068 kilómetros de largo. Al sur, Uruguay tiene una larga costa sobre el Atlántico Sur.
Las recientes incautaciones de drogas en Uruguay incluyen cocaína de Paraguay que llega a Argentina en vuelos clandestinos y luego se transporta por el río Uruguay. Se ha descubierto que las redes de tráfico y trata de personas utilizan rutas similares. Debido a que la frontera nororiental con Brasil es bastante porosa, allí se ha presentado un abundante contrabando de ganado y productos agrícolas ilícitos.
La capital de Montevideo es el principal puerto de Uruguay, y un importante centro de transporte marítimo internacional. Las redes transnacionales de drogas han utilizado este puerto, y cada vez más el Aeropuerto Internacional Carrasco, de Montevideo, como rutas hacia los mercados de cocaína europeos.
Historia
Según funcionarios de drogas, uno de los principales factores que contribuyen al aumento de la inseguridad fue la entrada de un derivado de la cocaína procesada conocida como “pasta base”, a principios del siglo XXI. La droga, altamente adictiva, era desconocida en el país en la década de 1990, pero a principios del siglo XXI, la pasta base se volvió cada vez más popular entre los uruguayos de bajos ingresos.
La llegada de la pasta base a Uruguay coincidió directamente con el aumento de la regulación de los precursores químicos en Colombia y Perú en la primera década del siglo XXI. Esta medida obligó a los traficantes de drogas en estos países a buscar nuevas formas de vender su producto sin tenerlo que procesar en cocaína, y la pasta base proporcionó la solución perfecta. Esto también ocurrió casi al mismo tiempo que la crisis económica de 2002 en Uruguay, disparando el desempleo, y proporcionando un mercado más amplio para la droga barata.
En diciembre de 2013, Uruguay llamó la atención de la comunidad internacional al convertirse en el primer país en legalizar la producción y el uso de la marihuana. La ley se encuentra en una fase complicada de implementación, pero en octubre de 2015, el gobierno anunció que había escogido dos empresas para vender marihuana reglamentada en farmacias. La venta comercial de la droga está programada para comenzar a mediados de 2016. Las ventas legales de marihuana regulada por el gobierno comenzaron en julio de 2017. La innovadora política de drogas ha tenido un éxito moderado, aunque en 2018 solo un tercio de los consumidores compraron marihuana en el mercado regulado.
Aunque estas reformas progresistas son diferentes a las tendencias regionales, no necesariamente revirtieron las tendencias del hampa, como el continuo desarrollo de pandillas locales en las áreas urbanas de Uruguay, la persistencia del tráfico informal de drogas y las operaciones de lavado de dinero por parte de grupos extranjeros, particularmente la pandilla más grande de Brasil, el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC). Además, Uruguay, el país con la mayor posesión de armas per cápita en Suramérica, comenzó a mostrar signos de ser un país de origen del tráfico de armas de fuego en la región, en parte debido a la corrupción en el ejército y la policía.
Las elecciones presidenciales de 2019 se caracterizaron por el debate en torno a la percepción del aumento del crimen urbano en todo Uruguay. El vencedor, el candidato de derechas Luis Lacalle Pou, basó su campaña en una plataforma de ley y orden que hacía énfasis en la represión del narcotráfico y los crímenes en las cárceles. Su administración militarizó la lucha contra el crimen organizado, un cambio significativo con respecto a sus predecesores, que recurrían sobre todo a la policía profesional de Uruguay para mantener la violencia en niveles bajos. La tasa de homicidios en el país ha disminuido significativamente desde 2019, aunque la violencia contra las fuerzas de seguridad, sobre todo policías y soldados, ha aumentado después de la elección de Lacalle Pou.
Grupos criminales
El crimen organizado no es un problema importante en Uruguay. Hay pequeñas bandas criminales en las ciudades de todo el país, pero éstas no son como las poderosas pandillas callejeras en el resto de Latinoamérica, como Honduras o El Salvador. Ellas se limitan principalmente a pequeños robos y microtráfico, sin que haya algún grupo que ejerza dominio a escala nacional.
Las organizaciones criminales transnacionales también parecen estar expandiendo su presencia en Uruguay en los últimos años. La ubicación y prominencia de Uruguay como puerto internacional lo han convertido en un país de tránsito atractivo para la cocaína que se trafica desde Colombia y Perú a los mercados internacionales. La pandilla más grande de Brasil, el Primer Comando Capital (PCC), ha sido vinculada a estas actividades de narcotráfico.
En 2021 y 2022, Uruguay ha experimentado un repunte en la actividad del crimen organizado, que ha deteriorado la situación seguridad que había tenido el país previamente. Las guerras territoriales entre pandillas brasileñas han estimulado la violencia y la inestabilidad en las provincias del norte del país y han intensificado el robo de ganado en la frontera entre Uruguay y Brasil.
Por otro lado, el descubrimiento de grandes redes de narcotráfico demuestra el papel de Uruguay como un importante país de tránsito, donde los grupos criminales buscan expandirse. Se han hallado cargamentos con cocaína provenientes de Paraguay que pasaron por puertos de Uruguay antes de ser incautados en Europa, lo que indica la existencia de vínculos entre organizaciones brasileñas como el PCC y mulas paraguayas que transportan drogas a través de Uruguay.
Uruguay es además un atractivo lugar para el lavado de ganancias ilícitas, en gran parte debido a la economía dolarizada del país.
Fuerzas de Seguridad
Uruguay cuenta con una policial nacional que depende del Ministerio del Interior y es la principal institución dedicada a combatir el crimen organizado en el país. Según el Ministerio del Interior, Uruguay tenía alrededor de 33.500 policías en 2022, una tasa de más de 950 agentes por cada 100.000 habitantes.
Las fuerzas armadas de Uruguay están compuestas por tres unidades: el ejército, la marina y la fuerza aérea, con alrededor de 27.000 agentes activos, según datos de 2022.
Uruguay tiene unas de las instituciones más fuertes y confiables de Latinoamérica, pero ocasionalmente se presentan casos de corrupción en las fuerzas de seguridad. En agosto de 2015, las autoridades detuvieron a tres agentes de policía por el presunto tráfica de 300 armas de fuego a través de la frontera con Brasil.
Sistema Judicial
El sistema judicial de Uruguay está compuesto por la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, Juzgados de Distrito, Juzgados de Paz y Juzgados rurales. No hay Corte Constitucional, como lo hay en otros países de América Latina. Los asuntos de carácter constitucional son competencia de la Corte Suprema.
El Índice de Estado de Derecho 2021 del World Justice Project clasificó a Uruguay como el país con menos corrupción y uno de los sistemas de justicia penal más efectivos de América Latina y el Caribe.
Uruguay lleva a cabo elecciones justas y democráticas, y cuenta con un poder judicial independiente y con fuertes protecciones para los derechos civiles. Las sólidas instituciones de Uruguay le permitieron capear los efectos de la pandemia de Covid-19 mucho mejor que otros países de la región, según World Justice Project.
Prisiones
Las cárceles de Uruguay sufren de superpoblación crónica, aunque las condiciones en su interior son mucho mejores que las de otros países de América Latina. Con más de 14.000 reclusos según datos de 2021, Uruguay se encuentra entre los 15 países del mundo con más presos per cápita. El número de muertes dentro de las prisiones alcanzó un máximo histórico en 2021, después de que 70 presos murieran bajo custodia. La tasa de homicidios en las cárceles uruguayas es 15 veces mayor que la tasa de homicidios a nivel nacional. El sistema penitenciario operaba al 133 por ciento de su capacidad total en 2021, y casi el 70 por ciento de los presos estaban en prisión preventiva.
A pesar de su progresista legislación en torno a la marihuana, las autoridades todavía encarcelan los expendedores de droga de poca monta, los cuales tienen pocas opciones de rehabilitación mientras están en prisión, lo que lleva a altas tasas de reincidencia. Uruguay ha buscado implementar programas de rehabilitación de prisioneros para reducir las tasas de reincidencia, lo que incluye un proyecto lanzado en 2017 para ofrecer oportunidades laborales a los presos liberados recientemente. En 2019, el Ministerio del Interior creó un plan de reforma penitenciaria denominado “Plan dignidad 2020-2025”, que tiene como objetivo mejorar las condiciones carcelarias mediante la implementación de mejoras físicas, la adición de programas educativos y laborales para los privados de libertad y la incorporación de iniciativas de salud y bienestar.