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3 desafíos de seguridad que enfrenta el presidente entrante de Perú

COCA / 11 JUN 2021 POR PARKER ASMANN Y ASHLEY PECHINSKI ES

En las que han sido quizá las votaciones más polarizadas en la historia de Perú, los ciudadanos eligieron, por un estrecho margen, a un maestro de escuela rural de izquierdas, en lugar de la hija de un exdictador, como próximo presidente del país andino, quien deberá enfrentar varios problemas de seguridad apremiantes.

Pedro Castillo, del partido Perú Libre, ganó con poco más del 50 por ciento de los votos en la segunda vuelta el pasado 6 de junio, venciendo a la candidata de derechas, la excongresista Keiko Fujimori, según datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Durante la primera ronda en el mes de abril, Castillo obtuvo el 19 por ciento de los votos, mientras que Fujimori obtuvo el 13 por ciento.

Dadas las marcadas divisiones regionales, una serie de escándalos políticos que no parecen cesar, y un número creciente de personas caen cada vez más en la pobreza y en las dificultades económicas dejadas por el COVID-19 en Perú, que aparece como uno de los países más afectados por la pandemia, hay una serie de obstáculos inmediatos que superar.

A continuación, InSight Crime analiza algunos de los principales desafíos de seguridad que enfrenta el presidente electo, Pedro Castillo.

Élites, crimen organizado y labor anticorrupción

El sistema de justicia peruano ha sido puesto a prueba frecuentemente en los últimos años, dado que las élites políticas han sido investigadas por todo tipo de motivos, desde el presunto financiamiento ilegal de campañas relacionado con el escándalo de corrupción de Odebrecht, pasando por lavado de dinero y otros delitos electorales vinculados a dineros de la droga.

La corrupción es, de lejos, la principal preocupación de los ciudadanos peruanos, según datos del instituto de estadísticas del país; y la lucha contra la corrupción en los altos niveles seguirá siendo una batalla cuesta arriba para Castillo. El país ocupó el puesto 94, de 180 países de todo el mundo, en el Índice de Percepción de Corrupción 2020 de Transparencia Internacional, por cuenta de la "corrupción estructural, impunidad e inestabilidad política".

Una de las primeras grandes pruebas de Castillo tendrá que ver con la misma Fujimori. Los fiscales han tenido en la mira a la hija de Alberto Fujimori (el exdictador encarcelado por violaciones a los derechos humanos y por corrupción, bajo cuyo mandato se esterilizaron a cientos de miles de mujeres indígenas, principalmente de áreas rurales), y en 2021 la han acusado de corrupción, lavado de dinero y crimen organizado. De ser declarada culpable, podría enfrentar hasta 30 años de prisión.

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También se acusa a Keiko Fujimori de haber recibido millonarios sobornos de Odebrecht, la gigante constructora brasileña, para ayudar a financiar su fallida candidatura a la presidencia en 2011. Ella ha negado todos los cargos en su contra.

Castillo ha presentado un plan de acción anticorrupción, denominado "Plan de Gobierno. Perú al Bicentenario sin Corrupción", que, entre otras cosas, insta a los ciudadanos a "comprometerse a colaborar en vigilar y controlar cualquier vestigio que impida la transparencia y la manera correcta de hacer las cosas".

Pero el presidente electo también tendrá que mirar hacia adentro y enfrentar la presunta corrupción dentro de su propio partido, Perú Libre. Existen varias investigaciones abiertas en torno a miembros del partido por presunta colusión, malversación de fondos y otros delitos. Además, el fundador del partido, Vladimir Cerrón, cumple actualmente una condena de cinco años de prisión por corrupción, y existe otra investigación en su contra por presunto lavado de dinero.

La corrupción es "generalizada" y "erosiona la fe en las instituciones de Perú", como se lee en el informe de 2020 de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR) del Departamento de Estado; abordar esta situación para restaurar la confianza en las instituciones estatales será uno de los mayores desafíos de Castillo.

Coca y remanentes guerrilleros en el VRAEM

En el corazón de la Amazonía peruana, el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) sirve como punto focal para el cultivo de coca y las operaciones de una facción escindida de la guerrilla de Sendero Luminoso, conocida como el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP).

Perú es el segundo mayor productor mundial de coca y cocaína después de Colombia, y una gran proporción de las casi 55.000 hectáreas de cultivos de coca se encuentran en el VRAEM, según el organismo antidrogas de Perú. Sin embargo, otros observadores internacionales, como el gobierno de Estados Unidos, creen que los niveles de cultivo de coca y producción de cocaína son mucho más altos.

Castillo y su partido han expresado su apoyo al abandono de la erradicación forzada de los cultivos de drogas, y en su lugar proponen fortalecer el mercado legal de coca del país, de modo que los pequeños productores surtan la demanda interna para fines nutricionales y medicinales de la hoja, similar a como ocurre en la vecina Bolivia. Sin embargo, el sector legal de la coca en Perú es pequeño, y las dificultades de la demanda y la implementación hacen que una parte de esta producción se filtre inevitablemente en el comercio ilegal de drogas, lo que les permite a los grupos criminales beneficiarse del tráfico de cocaína.

Aun así, aunque la guerrilla maoísta Sendero Luminoso es ya apenas una sombra de lo que solía ser, el MPCP se ha distanciado aún más de sus raíces ideológicas y ha buscado avanzar en sus operaciones criminales, como el cobro de impuestos a los cocaleros y la provisión de seguridad armada para los cargamentos de cocaína que pasan por el VRAEM.

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De hecho, el grupo perdió a su último líder en marzo de 2021, cuando murió Jorge Quispe Palomino, alias "Raúl", el segundo al mando del MPCP. Este había estado tratando de reinventar el grupo y establecer otro tipo de relaciones con las comunidades agrícolas rurales que antes eran víctimas de Sendero Luminoso. Pero en ausencia de alias Raúl, la protección de las redes criminales se ha convertido en una prioridad.

Por ejemplo, la violenta masacre de al menos 16 personas a finales de mayo en una pequeña aldea ubicada en el VRAEM demostró la desesperación a la que ha llegado el MPCP por proteger su sustento criminal. Fuentes policiales le dijeron a InSight Crime que los asesinatos quizá fueron un duro mensaje a los campesinos para que no cooperen con las fuerzas de seguridad que buscan erradicar la coca y expulsar al grupo de la región.

Los remanentes de Sendero Luminoso se han enfrentado con las fuerzas armadas durante mucho tiempo en el VRAEM. En los últimos meses, las autoridades han desmantelado varios laboratorios de procesamiento de coca y han confiscado toneladas de hojas de coca con la ayuda de informantes, además de realizar otras detenciones en relación con estos casos.

Sin embargo, las fuerzas de seguridad aún no han expulsado al MPCP de esta remota región selvática donde ejercen un control sustancial. A pesar de una abrumadora presencia militar, el estancamiento que por años ha habido entre las dos partes no ha mostrado signos de terminar, y la producción de drogas continúa a ritmo acelerado.

Devastación del medio ambiente

Como uno de los países del mundo con mayor riqueza de recursos naturales, Perú ha sufrido por mucho tiempo la extracción ilegal de oro y la deforestación de las reservas de vida silvestre y de tierras indígenas, entre otras formas de destrucción ambiental. La región de Madre de Dios, al sureste del país, ha sido históricamente un área crítica de delitos ambientales, lo que llevó a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) a hacer repetidos intentos de poner fin a todas las operaciones de minería ilegal y detener la deforestación.

En febrero de 2019, el gobierno peruano lanzó una maniobra sin precedentes, denominada Operación Mercurio, en la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios, dado que surgieron múltiples informes de trata de personas, explotación sexual, servidumbre, sicariato y delitos ambientales relacionados con la minería ilegal.

Si bien la operación redujo la deforestación y la destrucción ambiental de la reserva en un 92 por ciento, el fiscal de la FEMA, Carlos Chirre, cree que los mineros desplazados simplemente se trasladaron de la Reserva Nacional de Tambopata al río Pariamanu para continuar explotando los metales preciosos de Perú.

En marzo de este año, por ejemplo, la FEMA se unió con la Guardia Costera y la Policía Nacional para desmantelar varios campamentos de minería ilegal de oro cerca del río Pariamanu, los cuales ya habían comenzado a causar estragos en los bosques y a bloquear las labores en las tierras de la comunidad nativa de Boca Pariamanu.

Esta operación se dio tras una serie de acciones el año pasado, en las que 51 campamentos mineros fueron destruidos, así como equipos mineros y viviendas temporales, avaluados en miles de dólares, en la región de Pariamanu. La impresionante cantidad de 204 hectáreas de tierra ya han sido destruidas por la minería ilegal de oro y mercurio a lo largo del río Pariamanu entre 2017 y mayo de 2021, según datos del Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).

Con el fin de dejar de dar tantos palos de ciego, Castillo ha propuesto "formalizar" el sector minero, lo que, según él, reducirá el "daño ecológico" que genera la industria, al tiempo que ataca la trata de personas y el contrabando concomitantes.

Castillo también tendrá el desafío de la continua sobrepesca, especialmente por parte de las enormes flotas pesqueras chinas frente a la zona económica exclusiva (ZEE) de Perú. Este tipo de pesca causa pérdidas por unos US$500 millones al año, según Oceana, un grupo de defensa de los océanos. En 2020, más de 300 embarcaciones de propiedad china o de bandera china provocaron protestas internacionales después de que fueron avistadas pescando cerca de las Islas Galápagos con sus sistemas de GPS apagados, para luego avanzar hacia la ZEE de Perú, permaneciendo en la región en una expedición de pesca durante 73.000 horas.

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