Según un reciente informe del gobierno de Uruguay, los casos de lavado de dinero vinculados al narcotráfico prácticamente se duplicaron en los últimos cinco años, lo que lleva a pensar que los criminales se están aprovechando de las laxas regulaciones del país.
El 1 de septiembre, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) de Uruguay publicó estadísticas que muestran un aumento anual constante en las investigaciones sobre lavado de dineros del narcotráfico, que pasaron de 1.597 casos en 2018 a 3.021 en 2022.
El informe se basa en datos de varias instituciones estatales, entre ellas el Banco Central del Uruguay, y se enfoca en cinco áreas: inteligencia financiera, cooperación internacional, sistemas preventivos y cooperación nacional, así como en investigaciones y condenas.
Durante años, los expertos han advertido sobre la susceptibilidad de Uruguay a los delitos financieros. Un reciente análisis de las capacidades contra el lavado de dinero en el país, realizado por el consultor financiero Alejandro Aparicio Montesdeoca para SENACLAFT, señala que Uruguay ha invertido poco en prevenir, detectar y enjuiciar los delitos financieros.
Montesdeoca se refiere a esta falta de recursos como el “denominador común” que ha facilitado las ganancias de los narcotraficantes mediante el lavado de dinero utilizando estructuras corporativas y la compra de propiedades.
VEA TAMBIÉN: Estructuras internacionales de lavado de dinero últimas en caer ante el coronavirus
El papel de Uruguay en el lavado de dinero internacional es bastante evidente en la ciudad costera de Punta del Este, donde un grupo conocido como Los Cuinis dirigía las finanzas del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Varios uruguayos vinculados a grandes cargamentos internacionales de cocaína, como Gastón Murialdo y Martín Mutio, también lavaron millones de sus ganancias a través del sistema financiero de Uruguay.
Lagunas legales
A pesar de que durante varios años ha habido un aumento en las operaciones financieras sospechosas, el gobierno uruguayo aprobó en 2020 una ley mediante la cual se incrementaron los topes de los pagos en efectivo de US$4.000 a US$100.000, como una manera de favorecer la libertad financiera.
Los críticos de la ley de 2020 consideran que esta es un paso atrás en la lucha contra el lavado de dinero, pues dicen que permitir compras tan grandes ayuda a que el lavado pase desapercibido.
“Puede venir alguien con US$100.000 y nadie le puede preguntar nada. Con eso se puede comprar más de un auto, puede comprar hasta un comercio”, apunta Nicolás Centurión, observador del crimen en Uruguay y analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
Pocos recursos institucionales
La laxitud de las regulaciones en Uruguay se ve agravada por la falta de recursos para detectar y enjuiciar estos abusos del sistema. Un análisis reciente del gobierno halló que Uruguay tiene mucho menos personal enfocado en el lavado de dinero que los países vecinos.
“En Uruguay hay solo 12 personas investigando operaciones y estrategias financieras, además de algunos supervisores en algunos sectores. En los países del resto de la región hay al menos 50, 60 o 70 funcionaros”, señala Montesdeoca.
VEA TAMBIÉN: Instituciones en Uruguay a prueba por criminalidad en aumento
Sin embargo, es posible hacer cambios. Montesdeoca pone a Paraguay como ejemplo. Aunque el país aún lucha contra la corrupción y una gran economía informal, invirtió importantes recursos para investigar el lavado de dinero, luego de una investigación realizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Años después, en Paraguay se ha dado un aumento importante en las incautaciones y condenas relacionadas con ese crimen.
Falta de experiencia
A diferencia de otros países, como Brasil y Paraguay, Uruguay no cuenta con una unidad policial dedicada a los delitos financieros, y las unidades de investigación existentes en los sectores público y privado no se coordinan ni cooperan suficientemente entre sí, según le dijo Montesdeoca a InSight Crime.
A Uruguay no se le suele asociar con actividades criminales. Por lo tanto, dice Centurión, “cada vez hay menos controles contra los grupos del crimen organizado latinoamericanos e internacionales, que siguen avanzando”.
Y dado que en Uruguay se soslayan las investigaciones sobre lavado de dinero, es probable que el país no detecte dicho delito, lo que refuerza la noción de que no es un problema importante.
“Yo creo que lo que hay que cambiar es la percepción del problema”, dice Montesdeoca. “Es necesario asumir que es un problema importante y adoptar medidas más allá de las leyes y los reglamentos”.
Uruguay ya ha dado sus primeros pasos. Además de que SENACLAFT financió la evaluación de Montesdeoca, a principios de 2023 el país creó una fiscalía dedicada al lavado de dinero. Además, el poder legislativo de Uruguay está considerando modificar la ley de 2020 que aumentó los topes para los pagos en efectivo.
SUSCRIBIRME