La muerte de una joven de 19 años en un calabozo de la policía en Venezuela, a causa de un disparo, deja al descubierto una serie de abusos sistemáticos por parte de funcionarios policiales, y pone de manifiesto los altos niveles de violencia que enfrentan las mujeres privadas de la libertad.
El 13 de marzo, Daniela Geraldine Figueredo Salazar murió a causa de una herida de bala en el rostro, en la Comisaría Municipal de Zamora en Guatire, ubicada en el estado Miranda. El disparo provino del arma reglamentaria de un funcionario que más tarde fue detenido.
Tras la muerte de Figueredo Salazar, varias de sus compañeras reclusas denunciaron que estaban siendo obligadas a mantener relaciones sexuales con funcionarios que hacían guardia en el calabozo, según Una Ventana a la Libertad (UVL), organización venezolana de defensa de los derechos de los presos. Los abusos sexuales eran coordinados por un exfuncionario que también está actualmente encarcelado, según afirman las mujeres.
"Él es el que nos obliga a tener relaciones sexuales tanto con él como con otros funcionarios", manifestó una de las mujeres a la ONG.
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Este no es el primer caso de violencia sexual que se presenta en los centros de detención del país. En 2018, se informó que las mujeres de las cárceles venezolanas estaban siendo obligadas a tener relaciones sexuales con guardias para poder asistir a las audiencias judiciales.
Además, en 2019, un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) responsabilizó a las fuerzas de seguridad del Estado como autores de diversas formas de violencia sexual contra las detenidas.
Según dicho informe, varias mujeres testificaron que algunos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) estaban pidiendo favores sexuales a cambio de bienes y privilegios.
Análisis de InSight Crime
La precariedad del sistema penitenciario en Venezuela, expresada en el hacinamiento, la falta de personal capacitado, y la ausencia de atención integral a la mujeres privadas de la libertad, posibilita la aparición de diferentes prácticas que vulneran los derechos de las reclusas y aumenta las posibilidades de victimización de las mismas.
Las mujeres representan más del siete por ciento del total de la población carcelaria del país. Sin embargo, el sistema penitenciario en general solo cuenta con tres espacios construidos para ellas, dos de los cuales son extensiones de prisiones masculinas más grandes. Otras prisiones masculinas también han sido utilizadas para albergar reclusas.
También hay mujeres recluidas en los diferentes calabozos a cargo de la policía del país, como aquel en el que murió Figueredo Salazar, la joven de 19 años. Estos centros de detención no están destinados a albergar personas durante más de 72 horas, pero en la práctica se han convertido en un centro carcelario paralelo donde las detenidas permanecen en condiciones de insalubridad y hacinamiento.
Además, el personal encargado de vigilar a las reclusas no siempre es femenino, por lo cual quedan bajo el control de guardias hombres, contraviniendo las normas internacionales. Esto, junto a la falta de infraestructura apropiada y la ausencia de garantías básicas de los derechos de las presas, hace que los centros de detención preventiva y las cárceles sean propicios para los abusos sexuales, como afirma Magally Huggins, criminóloga de UVL.
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En muchos casos, las reclusas se ven obligadas a tener relaciones sexuales con líderes carcelarios —también conocidos como pranes— y guardias, para garantizar su seguridad, dijo Huggins a InSight Crime.
Los productos básicos de higiene femenina, como lo son las toallas sanitarias, también "pueden convertirse en instrumentos de manipulación", según María Corina Muskus Toro, consultora de género y derechos humanos del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
"El sexo puede ser la manera de pagar por ello, o por algún otro beneficio", dijo Muskus Toro.
Además de la violencia sexual ejercida por los guardias y otros reclusos, las detenidas pueden ser víctimas de otro tipo de violaciones a los derechos humanos, como la falta de acceso a los servicios de salud e higiene. Las mujeres embarazadas, por ejemplo, deben vivir en hacinamiento y con escasos alimentos.
La violencia sexual abunda en los sistemas penitenciarios de toda América Latina. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, el ocho por ciento de las reclusas de ese país han sido víctimas de algún delito sexual dentro del sistema penitenciario. De ellas, una tercera parte reporta haber sido agredida más de tres veces.
Además, en 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México informó que, en al menos 20 centros penitenciarios para mujeres, los funcionarios pidieron favores sexuales para que las reclusas accedieran a "servicios institucionales, como un lugar y una cama para dormir, o recibieran protección por temor a ser agredidas".
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