La violencia política por parte de grupos armados progobierno en Venezuela se ha intensificado a medida que avanza la campaña preelectoral para las elecciones presidenciales del 2024, revalidando una estrategia que ha servido al oficialismo en elecciones pasadas.
En lo corrido de este año, InSight Crime ha contabilizado al menos 13 ataques contra líderes opositores en el marco de las campañas primarias presidenciales que se celebrarán el 22 de octubre de este año, y en donde se escogerá al candidato único que enfrentará a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.
El pasado 16 de agosto, presuntos colectivos y grupos armados progobierno, atacaron varios eventos donde el precandidato opositor, Henrique Capriles, promocionaba su candidatura en el estado Apure. La agresión dejó 39 heridos.
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María Corina Machado, la precandidata con mayor opción de ganar las primarias de la oposición, también ha sido blanco de agresiones de presuntos colectivos. En julio, grupos armados bloquearon la vía al estado Guárico, ubicado en el centro del país, para impedir su visita a la región.
A estos ataques se suman otras acciones intimidatorias contra precandidatos. Sedes del partido político opositor Vente Venezuela en Táchira y Guárico fueron blanco de grafitis en los que, presuntamente, grupos criminales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene presencia en Colombia y Venezuela, y el Tren del Llano amenazaron a Machado, aunque el ELN negó la autoría de los grafitis.
Análisis de InSight Crime
La violencia electoral por parte de grupos armados ha sido una estrategia recurrente del gobierno de Maduro para salir victorioso en procesos electorales ante la falta de apoyo popular y legitimidad.
El gobierno venezolano mantiene desde hace tiempo conexiones con grupos criminales, como detalló InSight Crime en una reciente investigación. Estos grupos armados híbridos, como los colectivos, desempeñan un papel clave a la hora de garantizar la victoria del partido gobernante, aprovechando el control territorial y coaccionando a la población. Las encuestas indican que más del 85% de los venezolanos valoran negativamente la administración de Maduro, frente a un índice de desaprobación del 70% durante las últimas elecciones presidenciales de 2015.
En elecciones pasadas, InSight Crime ha visto cómo estos actores criminales promueven las campañas de los candidatos del gobierno y afirman el control en sus territorios para empujar a la gente a votar por el partido gobernante de Maduro. En los días de elecciones, amenazan a los trabajadores electorales, a veces incluso tomando los centros de votación en las zonas rurales.
Políticos locales del municipio de Seboruco, en Táchira, que pidieron permanecer en el anonimato, contaron a InSight Crime cómo durante las elecciones regionales de 2021, el ELN cerró centros de votación y ordenó a la gente que votara por el candidato del gobierno. Otros políticos y periodistas denunciaron injerencias similares del ELN en Táchira.
A cambio, estos grupos se benefician económicamente de las campañas y luego de resultar electos, los funcionarios públicos los han premiado con recursos y ayudas, como ocurrió en el barrio 23 de Enero en Caracas, donde la alcaldesa Carmen Meléndez premió a colectivos que hicieron campaña a su favor en 2021 con recursos para sus comunidades como instalaciones deportivas y un centro productivo.
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Muchos de los casos de injerencia y violencia electoral denunciados este año se han atribuido a personas conocidas por ser progobierno, pero su pertenencia a un grupo armado concreto no se ha podido confirmar.
Sin embargo, la investigación de InSight Crime sobre la violencia electoral en Venezuela ha demostrado que los grupos armados híbridos emplearon un enfoque similar en las elecciones regionales y locales de 2021. Los colectivos utilizaron la intimidación, la represión, el sabotaje y las amenazas contra los opositores para minimizar y disuadir su participación en las elecciones.
Estos grupos también han agredido físicamente a líderes de la oposición y a sus simpatizantes, como sucedió en 2021 en el estado de Zulia, donde murió una persona, y en 2017 en Táchira, donde murieron dos.
“En tiempos electorales y de protestas, incrementa el flujo de dinero a colectivos. Es predecible que de aquí al 2024 se rearmen los colectivos por lógica de supervivencia”, dijo un politólogo consultado por InSight Crime que pidió mantener su identidad en anonimato. De aquí a las elecciones de 2024, añadió, es probable que se incremente la actividad de los colectivos en busca de esos fondos.
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