La desarticulación de una red dedicada al robo de cargamentos de cocaína en Costa Rica, en la que estaban involucrados agentes de una unidad élite de investigación, es otra señal del alcance de la corrupción inducida por el narcotráfico en el país centroamericano.
Al menos dos agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica están señalados de trabajar a nombre del imputado traficante Darwin González Hernández, alias “Pancho Villa”, según información de CRHoy. Los agentes accedían a los sistemas operativos de la policía para rastrear cargamentos de cocaína que luego interceptaban para apropiarse de ellos, según el director del OIJ, Walter Espinoza.
La participación de los agentes en la red narco se descubrió tras la incautación de una tonelada de cocaína en octubre del año pasado. La cocaína se halló en un camión articulado que las autoridades detuvieron en Garabito, población de la provincia de Puntarenas. Los investigadores determinaron posteriormente que la cocaína había sido robada a otro grupo, y que los agentes habían dirigido la ruta del articulado a una propiedad sobre la costa Pacífica.
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Según Espinoza, la red traficaba alrededor de una tonelada de cocaína cada dos meses, y operaba en las zonas costeras de Puerto Jiménez, Golfito y playa Zancudo, cerca de la frontera con Panamá. De allí la droga era transportada a la región del Pacífico central, donde se vendía en el mercado doméstico o seguía su ruta ilícita hacia Estados Unidos, como informó La Nación.
El empresario de palma de aceite y señalado líder de la organización, González Hernández, fue detenido el pasado 6 de abril en su residencia. También fueron detenidos otros sospechosos de pertenecer a la organización, entre ellos un agente identificado solo por su apellido, Campos. El segundo agente, de apellidos Concepción Quiel, se entregó posteriormente a las autoridades.
Análisis de InSight Crime
Esta red de tráfico de cocaína en Costa Rica preocupa por dos razones: los robos de cocaína no son una práctica criminal común en el país, y la actuación de este grupo resalta cómo la corrupción facilita el tráfico de drogas.
Los hechos también demuestran que en el país se mueven grandes cantidades de narcóticos, pues el robo de cargamentos de cocaína es común en países centroamericanos que sirven como importantes centros de tránsito, como Panamá, Nicaragua y Guatemala.
Esos robos, por lo general, son ejecutados por bandas narco —conocidas como “tumbadores”— a las que se paga por robar los cargamentos de cocaína, ya sea como una forma de recuperar deudas no pagadas, o afectar a los competidores. Aunque estos robos son riesgosos para los perpetradores, es poco probable que sean denunciados a las autoridades.
El incremento en la cantidad de narcóticos que transitan por el país, y los robos asociados a ellos, se alinea también con el alza en la tasa nacional de homicidios, que para algunos expertos tiene que ver, en parte, con los conflictos entre bandas dedicadas al narcotráfico, motivados por robos de cocaína, en especial en la región de Puntarenas.
Como ha sucedido en Costa Rica, los tumbadores muchas veces trabajan en connivencia, o incluso bajo el mando, de agentes corruptos del gobierno.
Los agentes decomisan los cargamentos, los entregan a los grupos criminales y se llevan una tajada de las ganancias. Al igual que en el caso de Costa Rica, los agentes implicados por lo general ocupan altos cargos que les permiten recibir informes de inteligencia y así rastrear las drogas.
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La participación de agentes costarricenses en esta red de tráfico de cocaína apunta también a los recientes problemas que ha enfrentado el país debido a la infiltración del narco en el sistema de justicia.
En diciembre de 2020, un grupo de 16 detenidos, entre los cuales se encontraba un juez, fueron acusados de hacer parte de una organización criminal dedicada al narcotráfico y el lavado de dinero. En el grupo también se encontraba un agente de policía.
Antes de eso, en noviembre del mismo año, un juez y un asistente judicial fueron acusados de aceptar sobornos para ayudar a narcos a evadir penas de prisión. Ambos jueces están señalados de entregar información a narcotraficantes sobre operativos antinarcóticos locales.
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