El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández ha sido extraditado a Estados Unidos, acto que cierra un escandaloso capítulo en el que el exjefe de Estado pasó de ser considerado un importante aliado de Estados Unidos a sindicado de narcotráfico, en un proceso por drogas como para reservar palco en Nueva York.
El 21 de abril, Hernández fue subido a un avión de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y enviado a Estados Unidos, donde se enfrenta a cargos de tráfico de drogas y armas. Hernández, que fue presidente durante dos mandatos, de 2014 a 2022, y dejó el cargo más alto del país hace unos tres meses, está acusado de participar en una conspiración internacional de drogas que traficó más de 500 toneladas de cocaína de Honduras a Estados Unidos durante un periodo de dos décadas que comenzó a principios de la década de 2000.
Hernández ha negado una y otra vez cualquier nexo con el narcotráfico y proclámó su inocencia en una declaración en video que se dio a conocer en Twitter justo antes de su extradición.
El traslado de Hernández se hizo en medio de un importante operativo militar y de policía. Hacia el medio día, esposado y rodeado de docenas de agentes de seguridad, Hernández fue subido a un helicóptero que aterrizó en una unidad policial donde se encontraba retenido desde que quedó en custodia de la policía dos meses atrás. Luego de eso, el helicóptero lo trasladó a la base aérea Hernán Acosta.
La extradición se gestionó en cuestión de dos meses, después de que las autoridades lo aprehendieran en su residencia de Tegucigalpa. Hernández fue sacado encadenado y con un chaleco antibalas el 15 de febrero, un día después de que los fiscales estadounidenses lo pidieran en extradición. Sus abogados apelaron la solicitud mientras el exmandatario se encontraba en custodia de la policía en la capital. El 28 de marzo, la Corte Suprema de Honduras ratificó el fallo de un juez de distrito de extraditar a Hernández, lo que lo dejó sin más recursos de apelación.
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Aunque el trámite de extradición se hizo en tiempo récord, la caída de Hernández atravesó un largo camino. Durante su segundo periodo en el poder, terminado a comienzos de este año, los fiscales estadounidenses alegaron en una serie de casos de narcotráfico que Hernández había recibido sobornos de traficantes a cambio de protección y que fue cómplice en la red de cocaína dirigida por su hermano. Aunque no enfrentó cargos formales durante su mandato, Hernández resultó salpicado por los señalamientos, que incluyeron la mención de su nombre más de 50 veces en un documento de sentencia presentado en el caso de su hermano Antonio, o Tony, como se lo conoce, quien fue condenado por cargos de drogas en 2019 y sentenciado a cadena perpetua más 30 años.
Durante el juicio de su hermano, los fiscales estadounidenses sostuvieron que el narco más célebre del mundo, el jefe del Cartel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo”, entregó un millón de dólares en efectivo al hermano de Hernández como soborno para el entonces jefe de Estado.
El juicio del narco hondureño Geovanny Fuentes Ramírez en 2021 también puso en evidencia a Hernández. Los fiscales alegaron que el entonces presidente no solo había aceptado sobornos, sino que también tuvo participación activa en las operaciones de tráfico, lo que incluyó la protección para un laboratorio de cocaína y el uso de las fuerzas de seguridad para escoltar cargamentos de drogas. Esto incluye al exjefe de policía Juan Carlos Bonilla Valladares, también conocido como "El Tigre", cuya extradición por conspiración para traficar drogas fue aprobada por la Corte Suprema el 20 de abril.
Durante el juicio, los fiscales estadounidenses hicieron la escandalosa afirmación de que Hernández había dicho a un cómplice que quería "meter la droga a las gringos en sus propias narices".
Análisis de InSight Crime
La extradición de Hernández a Estados Unidos es extraordinaria, en cuanto no era inevitable. Este es apenas el segundo presidente latinoamericano de un Estado soberano que comparecerá en juicio en Estados Unidos por narcotráfico. El primero fue Manuel Noriega, expresidente de Panamá, quien fue condenado en un tribunal de Florida en abril de 1992.
Mike Vigil, veterano con 31 años en la DEA, y exjefe de operaciones internacionales del organismo, señaló que el de Hernández es el caso por narcotráfico más grande en los anales de la justicia estadounidense.
“Su caso es más importante incluso que el de Noriega”, comentó Vigil a InSight Crime. “En el mandato de Hernández, Honduras se convirtió en un narcoestado. Él estaba muy involucrado en el tráfico de narcóticos, corrupción y en los asesinatos de sus rivales".
La extradición de Hernández sin duda tendrá efectos en toda la región, y aumentará el interés por otros altos funcionarios de gobierno y administraciones sospechosas de tener conexiones con el narcotráfico.
"Su extradición es una advertencia para todos los funcionarios públicos de alto nivel en la región", comentó Tiziano Breda, analista para Centroamérica con International Crisis Group. Independientemente de su relevancia política, "si se tiene evidencia suficiente de participación [de algún político] en actividades de narcotráfico, puede llamárselo a responder ante la justicia, al menos en Estados Unidos", como lo apuntó en conversación con InSight Crime.
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Aun así, la extradición no explica los años de apoyo incondicional de Estados Unidos hacia Hernández. Cuando este subió al poder en 2014, fue visto como un aliado en la lucha contra el narcotráfico en la región, en especial porque facilitó un sinnúmero de extradiciones de conocidos traficantes hondureños. Algunos de esos mismos traficantes pasaron a convertirse en testigos de los fiscales estadounidenses y presentaron el primer testimonio que implicó a Hernández en narcotráfico.
Pero Washington nunca le dio la espalda en público al mandatario hondureño, aun cuando los fiscales del Departamento de Justicia comenzaron a vincular públicamente a Hernández desde 2019. También en 2013, se mencionó el nombre de Hernández en una investigación de la DEA contra élites sospechosas de estar involucradas en “actividades de narcotráfico y lavado de dinero a gran escala".
Las administraciones del expresidente Donald Trump y la del actual presidente Joe Biden mantuvieron "cierta relación de trabajo" con el gobierno de Hernández, "dando prioridad a la importancia estratégica de Honduras en las operaciones antinarcóticos y como aliado para la contención de los flujos migratorios", observó Breda.
Pero aunque el gobierno de Trump siguió elogiando a Hernández aun después de la condena de su hermano Tony, con la llegada de Biden al poder en 2021, Estados Unidos comenzó a enfriar las relaciones con Hernández, relató Breda a InSight Crime.
No fue sino hasta febrero de 2022, después de que Hernández dejó la presidencia, que los funcionarios estadounidenses actuaron en su contra y revelaron su lugar en una lista de actores corruptos en Centroamérica, elaborada por Estados Unidos, a la cual Hernández había eludido durante años a pesar de las graves denuncias sobre faltas en el ejercicio de su función, desde financiamiento electoral ilícito hasta apropiación indebida de dineros públicos y nexos con el narcotráfico.
Con las apuestas tan altas, todos los ojos estarán puestos en Nueva York cuando los fiscales del Distrito Sur, el mismo juzgado que condenó al hermano del presidente, pongan a prueba en la corte los años de investigaciones.
“La evidencia contra Hernández es muy sólida. Por lo general, los fiscales son muy conservadores en casos como este. Si el caso contra el acusado no es irrefutable, no lo tomarán ni harán una acusación formal", puntualizó Vigil.
Mientas que algunos de los traficantes de alto perfil extraditados durante el mandato de Hernández lograron negociar acuerdos de colaboración con los fiscales estadounidenses, es muy improbable que a Hernández se le ofrezca esa oportunidad.
"¿A quién entregaría que esté por encima de él? Los fiscales estadounidenses no hacen intercambios por subordinados, lo hacen por peces más gordos que los acusados que ya tienen”, comentó Vigil a InSight Crime.
De ser condenado, Hernández enfrenta una sentencia de entre 40 años de prisión y cadena perpetua.
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