A ocho meses de la presidencia de Gustavo Petro, la nueva política de seguridad de Colombia resalta el papel de Venezuela en la derrota de los grupos criminales binacionales que operan en ambos países.
El Ministerio de Defensa de Colombia presentó oficialmente su política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana, tras ocho meses desde que Gustavo Petro asumió la presidencia del país.
El documento exhibe, entre otras cosas, estrategias para formular una ley de defensa y seguridad fronteriza y no descarta abordar “mecanismos bilaterales o multilaterales de cooperación”.
Días antes, durante una visita a Estados Unidos, el presidente Petro señaló en una entrevista con la revista Semana que hay un acuerdo con las Fuerzas Militares de Venezuela para “quitar espacio” al Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo con el cual el gobierno ha trata de llegar a un acuerdo de cese al fuego en medio de los diálogos de la Paz Total, otro de sus proyectos bandera con el que busca desmovilizar a los grupos armados.
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El ELN es la guerrilla binacional más poderosa de Colombia, que se ha expandido desde su hogar en Colombia para operar con relativa impunidad dentro de Venezuela. Ambos países comparten una amplia frontera que incluye a varios departamentos de lado y lado, donde el ELN ha tenido predominancia en términos de economías criminales y control territorial.
En la región del Catatumbo, Norte de Santander, el grupo libró una batalla contra las disidencias de las extintas FARC en los últimos años y ahora controla una parte de los pasos fronterizos ilegales, por donde transitan los cargamentos de cocaína del lado colombiano a suelo venezolano. Al sur, en la frontera entre Arauca y Apure, se encuentra el bastión del Frente de Guerra Oriental del ELN, uno de los frentes más poderosos del grupo, que también enfrentó a sangre y fuego a otro grupo de disidencias en 2022.
A esto se suma la presencia del grupo dentro de Venezuela, donde InSight Crime comprobó que tenía miembros en 40 municipios de ocho estados venezolanos, con el apoyo de distintos actores de origen venezolano, entre ellos las Fuerzas Armadas, además de el gobierno de Venezuela, quien supuestamente brinda protección al grupo.
Sin embargo, el discurso ha cambiado. Las fuerzas militares venezolanas, que antes se aliaron con el ELN, hoy lo hacen con el gobierno colombiano, así como el gobierno de Nicolás Maduro se ha comprometido con ser garante del proceso de paz a medida que los ciclos de conversaciones entre el grupo y el gobierno colombiano avanzan.
Análisis de InSight Crime
Venezuela parece apoyar los objetivos de la política de seguridad colombiana cooperando con el gobierno. Aunque la medida deja al ELN en una posición vulnerable, la lealtad de las autoridades venezolanas sigue siendo cuestionable.
Aunque algunos creen que el ELN fue útil al gobierno venezolano durante la administración del expresidente colombiano Iván Duque, quien veía a Maduro como un enemigo, ahora es un visitante no deseado si se cree en las promesas de Venezuela, argumentó Luis Trejos, profesor de la Universidad del Norte de Colombia y doctor en Estudios Latinoamericanos.
“El ELN queda muy mal parado. Primero porque pierde ese santuario estratégico y, además, pierde acceso a rentas. Le tocaría trasladar a toda esa comandancia estratégica que tiene en Venezuela a suelo colombiano”, explica Trejos.
Sin embargo, aclara el experto, hay que tener en cuenta que la correlación de fuerzas sigue siendo favorable para el ELN por su posición.
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Mientras la presión llega desde ambos lados de la frontera hacia el ELN, el gobierno colombiano trata de adelantar un eventual cese de hostilidades con el grupo en medio de las negociaciones y, al mismo tiempo, Venezuela busca salir del ojo del huracán de la comunidad internacional.
Estados Unidos impuso sanciones a las operaciones económicas vinculadas al petróleo venezolano, así como a varios altos funcionarios del gobierno venezolano, incluyendo a Nicolás Maduro, por socavar la democracia en su país y por sus vínculos con el crimen organizado.
Según señala Trejos, la posición de Venezuela podría estar relacionada con las condiciones que Estados Unidos propone para empezar a disminuir las sanciones económicas y comerciales.
Para Karim Vera, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela por el partido Primero Justicia, la voluntad de Venezuela para combatir al ELN es un mero "discurso" si se tiene en cuenta que el Estado venezolano le entregó la seguridad ciudadana al grupo.
"El ELN trabaja ante la mirada indiferente de los cuerpo de seguridad. Son quienes tienen el control de las fuerzas armadas [...] trabajan en contubernio comercial con las fuerzas armadas", explica Vera, y agrega que "no hay una voluntad política de liberar a la población (del ELN)".
Vera señala que el trabajo de las fuerzas de seguridad ha sido al revés, tratando de expulsar desde hace unos años a los grupos paramilitares en la frontera colombo-venezolana ayudados por el ELN, y con conocimiento de políticos venezolanos como Freddy Bernal.
Sin embargo, si Maduro cumple su promesa de cerrar el espacio que el ELN ha disfrutado durante tanto tiempo en Venezuela, el grupo se enfrenta a un futuro muy diferente. Como Petro ha declarado en el pasado, si no puede alcanzar los objetivos del plan Paz Total mediante negociaciones, lo hará militarmente.
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