El expediente de una investigación sobre el presunto robo de ayudas alimentarias por parte de funcionarios de la administración del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha proporcionado la primera evidencia clara de que el gobierno ha descartado sistemáticamente las investigaciones de corrupción que involucran a sus funcionarios.
El medio de noticias en línea El Faro obtuvo la investigación incompleta del Ministerio Público sobre el robo de unos US$1,6 millones en productos alimenticios destinados a personas pobres durante la pandemia de coronavirus. La investigación sostiene que Osiris Luna, director general de centros penales de El Salvador y viceministro de Justicia, desvió alimentos del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) y se los vendió a un empresario que tenía antecedentes de contrabando. Según la investigación, el robo de ayudas alimentarias almacenadas en instalaciones penitenciarias ocurrió entre septiembre y noviembre de 2020.
La investigación, realizada por una unidad especial de la fiscalía creada por el exfiscal general Raúl Melara, incluye grabaciones telefónicas, documentos oficiales, registros de controles de entrega y fotos de camiones que sacaban los alimentos de la cárcel La Esperanza, más conocida como Mariona. El Faro también realizó entrevistas con empleados de la prisión, revisó los registros de los vehículos y obtuvo otros documentos judiciales para confirmar los hallazgos.
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La investigación no condujo a cargos contra Luna. Sin embargo, este apareció en una lista del Departamento de Estado de Estados Unidos en el mes de julio, en la cual se le acusa de participar en “corrupción significativa relacionada con contratos gubernamentales y sobornos”.
Otros dos funcionarios de la administración Bukele también estaban siendo investigados por su posible participación en el esquema de robo de ayudas alimentarias; una de estas funcionarias es María Ofelia Navarrete de Dubón, ministra de Desarrollo Local, según informó El Faro.
Navarrete de Dubón, quien tenía control sobre grandes cantidades de alimentos comprados durante la pandemia, acordó proporcionar a Luna unos 500 sacos de arroz el 29 de septiembre, como se escucha en una llamada interceptada.
Horas después de esa llamada, la madre de Luna, Alma Yanira Meza Olivares, ofreció venderle el arroz al por mayor a un comprador que los investigadores identificaron más tarde como Ismael Oliverio Martínez Arévalo, con base en una conversación interceptada. Según El Faro, Martínez Arévalo ya había enfrentado cargos de tráfico de contrabando, que incluían contrabando de arroz desde Honduras, pero fue absuelto.
Meza Olivares colgó el teléfono cuando los reporteros de El Faro intentaron hablar con ella sobre la investigación.
Según el expediente, el 31 de septiembre, Martínez Arévalo realizó cuatro viajes a una bodega de la prisión, de donde se llevó el arroz en un camión.
Según la investigación, Luna también habría dispuesto que Martínez Arévalo recibiera porciones de unas 40.000 canastas de ayudas alimentarias almacenadas en instalaciones penitenciarias.
El 19 de octubre, Luna y una persona cercana a él, Wilfredo Ostorga Hernández, acordaron reunirse en la casa de Martínez Arévalo, como se supo por una llamada interceptada. Dos días después de la reunión, varios sacos de comida fueron trasladados a camiones ubicados fuera de la prisión de Mariona. Según la investigación, Ostorga Hernández hizo que los reclusos sacaran artículos de cajas y bolsas de plástico estampadas con logotipos del Programa de Emergencias de Salud Pública y del gobierno.
Cuando los camiones salieron de las instalaciones, se registró una llamada entre Martínez Arévalo y Ostorga Hernández, quienes expresaron que su jefe, Osiris Luna, había preguntado si podía cobrar el pago ese día, como se lee en el documento del Ministerio Público.
Los investigadores tomaron fotos de los camiones en la prisión y los siguieron hasta los puntos de entrega. Gracias a la matrícula de uno de los camiones, El Faro pudo determinar que estaba registrado a nombre de un familiar de Martínez Arévalo.
Durante ese viaje, se extrajeron unos 21.000 canastas de alimentos.
Otras 80.000 canastas de ayuda alimentaria llegaron a los centros penitenciarios a finales de octubre mediante el entonces coordinador nacional del PES, Franklin Castro Rodríguez, quien le dijo a Luna “que hiciera lo que quisiera” con las canastas.
En los siguientes dos meses, afirma la investigación, unas 19.000 canastas fueron desviadas hacia Martínez Arévalo y su hermano. También fueron extraídos sacos de azúcar y 38.500 botellas de aceite.
Castro Rodríguez y Navarrete de Dubón, descritos por los investigadores como “autores directos” de la apropiación indebida de las ayudas alimentarias porque permitieron que Luna tomara el control de las mismas, no respondieron a los mensajes enviados por El Faro.
Luna, Martínez Arévalo y Ostorga Hernández tampoco respondieron a las llamadas y mensajes de El Faro en torno a las acusaciones.
Los documentos de la investigación afirman que una de las camionetas ilegales involucraba directamente a Luna.
“Osiris Luna y Ostorga Hernández viajaron a altas horas de la noche a la cárcel de Santa Ana y esperaron a que Ismael Martínez y su hermano Samuel llegaran antes del amanecer y cargaran los dos tráileres con sacos llenos de productos alimenticios pertenecientes al Estado”, señala el documento de la investigación obtenido por El Faro.
Análisis de InSight Crime
El hecho de descartar la investigación sobre el robo de ayudas alimentarias constituye el más reciente ejemplo de cómo se están entorpeciendo las investigaciones en torno a los esquemas de corrupción que involucran al gobierno de Bukele.
Los legisladores alineados con el presidente Bukele dieron el primer paso para frustrar las investigaciones de corrupción en mayo, mes en el que destituyeron al fiscal general Raúl Melara, quien había iniciado una investigación criminal sobre los gastos durante la pandemia de coronavirus en la administración Bukele.
Durante el mandato de Melara, los fiscales se encontraban investigando contratos de suministros médicos por valor de unos US$20 millones por presuntas irregularidades, lo que incluía lucrativos acuerdos con negocios de familiares de funcionarios del gobierno o con compañías que no se especializaban en insumos médicos.
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Entre dichos acuerdos se encontraba un contrato de US$225.000 para adquirir botas de goma, otorgado a una compañía de autopartes de la tía del actual ministro de salud, Francisco Alabí, y el uso de US$250.000 para comprarle mascarillas sobrevaloradas a una empresa de reciclaje de Jorge Aguilar, quien entonces se desempeñaba como director del Fondo Ambiental. El ministro de Hacienda de Bukele, Alejandro Zelaya, también estuvo relacionado con una empresa que vendió 300.000 mascarillas al Ministerio de Salud por un total de US$750.000, el doble del precio del fabricante.
Días después de destituir a Melara, el Congreso de El Salvador también aprobó una ley que otorgaba inmunidad a los funcionarios acusados de despilfarrar los fondos para hacer frente al coronavirus. Sin embargo, dicha ley quizá no habría protegido a los presuntos involucrados en el robo de ayuda alimentaria, incluido Luna, el director de centros penales.
Esta es la segunda investigación descartada que involucra a Luna. La misma unidad especial de la fiscalía creada por Melara señaló a Luna en una investigación sobre negociaciones secretas entre funcionarios del gobierno y líderes encarcelados de las tres pandillas callejeras más grandes del país. En esa investigación, también revelada por El Faro, en las fotos de cámaras de vigilancia se va a presuntos líderes de pandillas y a negociadores del gobierno con pasamontañas, todos los cuales son introducidos a las cárceles por Luna.
Luna también participó presuntamente en el encubrimiento de las negociaciones con las pandillas después de que El Faro informara que había facilitado dichas negociaciones en el mes de septiembre. Luna ordenó más tarde la remoción de 221 libros de registro de la prisión de máxima seguridad de Zacatecoluca, así como discos duros y computadoras, según dicha investigación descartada.
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