Miles de hombres, mujeres y niños de Honduras, Guatemala y El Salvador están marchando por todo México en un intento por llegar a Estados Unidos, pero ¿por qué huyen?
La pobreza, el cambio climático y la falta de oportunidades son algunas de las razones por las que las personas abandonan sus países en busca de un futuro mejor pero el crimen y la corrupción también están en el tope de la lista.
1. Crimen y violencia sin control
El Salvador, Honduras y Guatemala —que en conjunto suelen denominarse el Triángulo Norte— son hogar de un sinnúmero de pandillas que extorsionan a negocios y personas, reclutan a menores de edad y asesinan a quien se les oponga. La situación es más peligrosa por el hecho de que las pandillas también manejan el expendio local de drogas, lo que implica que sus disputas de territorio estallan en violencia en un abrir y cerrar de ojos.
Aunque las tasas de homicidios en los tres países han mostrado bajas pronunciadas en los últimos años, el Triángulo Norte sigue encabezando la lista de las regiones sin guerra declarada con mayor índice de mortandad en el mundo. Esto se debe en gran parte a la influencia y el poder de las pandillas callejeras más prominentes de la región, la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, quienes ejercen control sobre casi todos los barrios pobres y se disputan el control del territorio y el espacio comercial para asegurarse más fuentes de ingresos.
Estos enfrentamientos se libran en espacios públicos donde millones de personas habitan, trabajan y se desplazan. En 2014, por ejemplo, murieron más de 400 personas, la mayoría de ellas conductores de bus y sus ayudantes, en ataques contra el sistema de transporte público de Guatemala. La extorsión al transporte público es una fuente permanente de dinero para las pandillas.
En efecto, la presencia de las pandillas está tan extendida que crean fronteras invisibles pero insalvables incluso en algunas de las ciudades más pequeñas, de manera que disuaden a las familias de visitar a sus parientes, impiden asistir a la escuela o aceptar un empleo en una zona controlada por la pandilla rival.
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La extorsión también es un pesado fardo para los más desfavorecidos de la región. A los salvadoreños les cuesta anualmente US$756 millones, según un grupo de investigadores en asociación con el Banco Central de El Salvador. En Honduras, La Prensa estimó en US$200 millones lo que pagan los habitantes pagan al año por extorsiones. La mayoría de las víctimas son personas humildes y negocios pequeños.
Quienes sufren las amenazas de las pandillas se encuentran muchas veces sin refugio en sus mismos países. Y décadas de control de las pandillas en las zonas más populosas han “agotado psicológicamente a la gente”, comentó a InSight Crime Douglas Farah, experto en seguridad de Centroamérica.
Todo esto lleva a un flujo constante de personas en busca de asilo. Según un informe publicado por el Consejo Americano de Inmigración en 2016, los centroamericanos que se presentaron como víctimas de crímenes violentos tenían más probabilidades de expresar planes de emigrar, en comparación con quienes no habían sido víctimas.
Y las entrevistas con 322 niños migrantes devueltos a El Salvador mostraron que alrededor de un 60 por ciento de ellos relataron que habían huido por amenazas o violencia de pandillas, según una investigación realizada por Elizabeth Kennedy, becaria de Fulbright, en 2014.
Casi 200 declararon que en su barrio había por lo menos una pandilla. Más de 100 narraron que los habían presionado para que ingresaran a una pandilla, y 22 señalaron que fueron agredidos al rehusarse.
2. Instituciones corruptas e impunidad
Los habitantes centroamericanos tienen poca confianza en las autoridades encargadas de su protección. Esto se deriva de una combinación de escasez de recursos en los organismos de seguridad y mal entrenamiento de sus efectivos, así como tasas astronómicas de impunidad por corrupción y abusos.
De los 69 países analizados en el Índice Global de Impunidad de 2017, Honduras y El Salvador se situaron en las posiciones 12 y 13, respectivamente. Guatemala, en el puesto 19. Los altos índices de impunidad “tienen una enorme incidencia en el aumento de la desesperanza”, comentó Farah.
Cuando los delitos no se llevan a juicio, se refuerza la creencia de que las autoridades son corruptas y de que están bajo el control de los grupos criminales. En Honduras, por ejemplo, el comisionado de la Policía nacional fue detenido en octubre y acusado de lavado de dinero, entre otros delitos.
En otros casos, las autoridades hacen gala de un total desprecio por el estado de derecho. Una muestra de eso es lo sucedido con los organismos de seguridad asignados a controlar la violencia pandillera en El Salvador; se los acusa de ejecuciones extrajudiciales.
El resultado de eso es que muchas veces la gente toma la justicia por mano propia. Los guatemaltecos de Villa Nueva, al sur de la capital, respondieron a la falta de protección policial creando un grupo de autodefensa. En julio, el grupo salió al as calles armados con armas de grueso calibre, luego de que los pandilleros asesinaran a dos residentes, según Prensa Libre.
Al final, sin estado de derecho, muchas personas huyen.
3. Corrupción al extremo
La corrupción en el Triángulo Norte llega a niveles máximos. Los casos incluyen a dos exmandatarios de El Salvador: uno está acusado de malversar US$351 millones del erario público, y el otro del robo de unos US$300 millones de dineros públicos.
En Guatemala, el presidente Jimmy Morales está envuelto en un escándalo por financiación ilícita de su campaña. Su predecesor, Otto Pérez Molina, renunció por presunta participación en un montaje masivo de corrupción en el ente de adunas del país. Y en una investigación reciente, InSight Crime reveló que su predecesor, Álvaro Colom, recibió contribuciones de narcotraficantes a su campaña.
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En Honduras, los fiscales acusaron a 38 funcionarios de gobierno en junio pasado por malversar más de US$12 millones de dineros públicos con fines políticos. Parte del dinero se destinó presuntamente a un programa que hizo parte de la primera campaña presidencial del presidente Juan Orlando Hernández en 2013.
Los casos han desencadenado protestas y algunas condenas. Pero para muchos, eso no es suficiente, así que se van.
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