Un sistema de justicia transicional conformado luego de la firma de un histórico acuerdo de paz con las FARC en Colombia para juzgar a los excombatientes por delitos cometidos en el marco del conflicto armado sigue enfrentando obstáculos, que suponen una amenaza más a la posibilidad de alcanzar una paz duradera en el país.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se conformó luego de que el gobierno colombiano y las en su mayoría desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaran un acuerdo de paz en 2016.
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El propósito de la JEP es “administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016”, según lo presenta la institución.
A continuación, InSight Crime analiza tres obstáculos que están dificultando la capacidad de la JEP para llevar adelante el proceso de paz con los insurgentes de las FARC en Colombia.
1. Excombatientes de las FARC siguen delinquiendo
Según el acuerdo de paz, solo los excombatientes de las FARC que no hayan cometido delitos después de la firma del acuerdo en 2016 podrán ser beneficiados por la JEP. Sin embargo, desde su creación ha habido denuncias de comisión de delitos por parte de exguerrilleros de alto perfil que están incluidos en la lista de la jurisdicción especial.
El caso más emblemático es el de Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, quien fue uno de los principales negociadores en los diálogos de paz y debía ser investido como congresista en abril de 2018.
Las autoridades colombianas pusieron a Santrich bajo custodia a comienzos de abril de 2018 después de que Estados Unidos lo acusara de delitos de narcotráfico cometidos después del acuerdo de paz de 2016, lo que lo dejaría por fuera de la posibilidad de responder ante la justicia ante la JEP. La JEP sigue estudiando el caso para llegar a una conclusión que defina su inclusión o exclusión del proceso de paz.
Más recientemente, las autoridades estadounidenses sancionaron a otro excombatiente de las FARC por sus presuntos vínculos con el tráfico de estupefacientes luego del acuerdo de paz.
El 18 de octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el exguerrillero de las FARC Pedro Luis Zuleta Noscué, alias “El Inválido”. El ente afirma que Zuleta Noscué —quien participa en el proceso de paz y está inscrito con la JEP— “sigue suministrando narcóticos a grupos criminales, como la Oficina de Envigado de Colombia”.
Las autoridades estadounidenses afirman que Zuleta Noscué ha controlado por largo tiempo un corredor de narcotráfico en el departamento del Cauca, al suroeste del país, donde apoyaba las actividades de narcotráfico de las FARC. Cauca tenía la cuarta mayor extensión de hectáreas dedicadas al cultivo de coca en 2017, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD).
2. Guerrilleros del ELN en la lista de combatientes desmovilizados de las FARC
En el pasado, las autoridades en Colombia han encontrado dificultades para separar los guerrilleros de las FARC desmovilizados de narcotraficantes y otros delincuentes que intentan hacerse pasar por combatientes de las FARC con el fin de beneficiarse de las prebendas concedidas a los guerrilleros desmovilizados, como parte del acuerdo de paz.
Estos problemas persisten al día de hoy. La presidenta de la JEP Patricia Linares admitió recientemente que hay miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) —el último grupo guerrillero que queda en el país— en la lista de excombatientes de las FARC desmovilizados, informó El Tiempo.
“Tengo información, yo misma lo constaté, que algunas de estas personas [células del ELN] hacen parte de los listados [de miembros de las FARC], de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que fueron elaborados por el Gobierno anterior”, declaró Linares.
3. Tensión con la Fiscalía General de Colombia
Una nueva propuesta de acto legislativo en Colombia ha suscitado temor en la JEP por su capacidad de desempeñar a cabalidad su misión. La propuesta limitaría el acceso de la JEP a información confidencial, como operativos militares, estatales, de inteligencia y contrainteligencia, que amenazan con poner en riesgo la seguridad nacional, según información de Noticias Caracol.
La presidenta Linares de la JEP señaló que la legislación es “abiertamente inconstitucional, pues afecta la función transicional asignada [a la JEP]”.
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La Fiscalía General y la JEP también han chocado en casos que no amenazan la seguridad nacional, pero más que plantear interrogantes sobre qué institución tiene autoridad en el caso —es decir, si la justicia ordinaria o la justicia transicional son el camino correcto. La Fiscalía General, por ejemplo, recientemente se negó a entregar información a la JEP en relación con los activos incautados del ejército de las FARC que podrían usarse como parte de las reparaciones para las víctimas de entregarse a la JEP.
Dicho esto, las relaciones entre ambos organismos parecen estar mejorando. la presidenta de la JEP Linares se reunió recientemente con la Fiscal General Delegada María Paulina Riveros. Ambas acordaron crear una mesa redonda en la que ambas entidades puedan discutir soluciones para los muchos problemas que han avivado las tensiones entre ellas, informó El Tiempo.
“El gobierno, el Congreso y el poder judicial están trabajando con las mismas metas”, comentó el fiscal general de la República Néstor Humberto Martínez.
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