3 parámetros para medir a la nueva fiscal general de Guatemala

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En medio de un ambiente político cada vez más tenso, María Consuelo Porras se convertirá en la nueva fiscal general de Guatemala. Está en manos de Porras que las iniciativas anticorrupción se estanquen, se reviertan o continúen a buen paso.

El trabajo de Porras bien puede ser el más difícil de Guatemala. Entra a una oficina que se ha convertido en símbolo de esperanza para algunos guatemaltecos, y en símbolo de extralimitación judicial para otros.

Tiene que dirigir un portafolio que incluye casos contra dos expresidentes y un presidente en ejercicio, y contra algunos de los miembros más poderosos de la élite económica.

En un acto que seguramente hará su trabajo aún más difícil, las más recientes acusaciones contra el partido del presidente Jimmy Morales se hicieron públicas el 15 de mayo, menos de 48 horas antes de que Porras deba tomar posesión.

Debe, además, administrar no solo su oficina, sino también las expectativas de los países donantes que han invertido millones de dólares en un intento por apuntalar el sistema judicial.

Parte de ese dinero se ha dirigido a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo judicial avalado por las Naciones Unidas, que actúa como fiscal de apoyo en casos por delitos y corrupción de alto perfil, del tipo que ha llevado a la oficina de Porras a caer en desgracia.

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Pero, ¿quién es la mujer que ocupará uno de los cargos más delicados de Guatemala?

El historial de Porras nos da poco para evaluar. Ha mantenido un bajo perfil, y su historial profesional es escaso. En 2014, cuando se postuló al cargo de fiscal general, una organización que vigila las adopciones le dio una calificación negativa por su trabajo como juez de apelaciones. La organización, El Refugio, denunció que ella aprobó varias adopciones, pese a evidencia de ilícitos o anomalías presentadas contra los facilitadores de esas adopciones.

Porras también presidió la división de asuntos internos de la rama judicial, organismo responsable de recibir y procesar quejas contra fiscales y jueces. En ese cargo, según comentaron observadores internacionales a InSight Crime, la mayoría de los casos que se le encomendaron fueron desestimados sin que se tomara ninguna acción contra los señalados. Añadieron que la oficina no tenía estadísticas de cuántas quejas se habían interpuesto, cuántas se resolvieron o cuántas derivaron en acciones disciplinarias.

Dado este brevísimo historial, presentamos aquí tres maneras de evaluar adónde podría llevar Porras esta institución judicial vital en el futuro próximo, en lo que respecta a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado:

1. Cómo maneja casos políticamente delicados

Hay por lo menos media docena de casos políticamente delicados abiertos por el Ministerio Público y la CICIG. Desde corrupción y crimen organizado hasta violaciones a los derechos humanos, cualquiera de esos casos podría causar un perjuicio político importante a la administración y sus aliados. La presión política es inevitable y bloquear esa presión es ya parte importante de la labor de la fiscal general.

Para citar el caso más obvio, Porras debe dirigir la investigación abierta por presuntas infracciones a la financiación de campaña del partido político del presidente Jimmy Morales y posiblemente del mismo Morales. En agosto, luego de que el Ministerio Público anunciara  una investigación al partido político del presidente por violaciones a la legislación sobre la financiación electoral, Morales intentó expulsar al comisionado de la CICIG, el juez colombiano Iván Velásquez.

Al presidente lo detuvo la Corte de Constitucionalidad, pero puede estar preparándose para otro intento, en especial si el Ministerio Público y la CICIG siguen avanzando en el caso y persisten en su solicitud al Congreso para que levante la inmunidad al presidente, para así poder acusarlo de un delito.

Las acciones iniciales de Porras tienen preocupadas a algunas personas en el Ministerio Público. Ella, por ejemplo, solicitó a su predecesora, Thelma Aldana, que le entregara todos los documentos de todas las adquisiciones y contratos cerrados en el periodo en el cargo de Aldana, según una fuente del Ministerio Público, quien desea mantener el anonimato porque mantiene su calidad de fiscal. La fuente comentó que esto puede interpretarse como que Porras no confía en Aldana ni en su equipo.

Porras también declaró que crearía un nuevo Ministerio Público que revise todas las órdenes de “detención provisional” emitidas en los últimos años, una decisión que llevaría a la eventual liberación hasta de 1.500 sospechosos que están en la cárcel, incluyendo algunos políticos de alto perfil. La nueva oficina también crearía conflictos entre fiscales, pues no es claro quién tendría la última palabra sobre los sospechosos en prisión.

2. Ver quién accede a información confidencial, quién se exilia, quién pierde protección

El Ministerio Público ha estado bajo la dirección de operadores fuertes e independientes desde finales de 2010, cuando Claudia Paz y Paz llegó al cargo de fiscal general. Tanto Paz y Paz como su sucesora, Aldana, también crearon un buen número de nuevas unidades, que adelantan casos políticamente delicados de gran peso, que amenazan la presidencia, y otros más.

En este contexto, será importante mantenerse alerta a lo que suceda con esas unidades y su personal. Algunos fiscales importantes ya salieron, y otros han sido reasignados. Pero aún falta mucha reorganización.

Tres de las oficinas más importantes que no hay que perder de vista son la Fiscalía especial contra la impunidad, que trabaja directamente con la CICIG; la Dirección de análisis criminal, un numeroso equipo de más de 150 analistas, que estudian patrones delictivos y conectan casos y redes criminales que a simple vista no tendrían nada en común; y la unidad de interceptaciones.

Porras puede simplemente reconfigurar el Ministerio Público, lo que no necesariamente es algo malo, a menos que disuelva unidades que son vitales para los casos de corrupción y crimen organizado.

Más aún, hay numerosos cargos que requieren seguridad extra y algunos fiscales que ya la reciben. La nueva fiscal general podría añadir o retirar parte de este personal de seguridad, lo que haría sus trabajos prácticamente imposibles.

Por su parte, Porras también sigue creando su equipo. Hay, sin embargo, una primera bandera roja: el esposo de Porras es fiscal en la fiscalía contra la corrupción, y los observadores se preguntaron cómo manejaría ella esa unidad, dada la delicada naturaleza del trabajo que allí se realiza.

3. Ver cómo interactúa con otros operadores judiciales, las fuerzas de seguridad y agentes internacionales

El éxito de estos casos altamente sensibles requiere estrechas relaciones con otros operadores judiciales, con organismos de seguridad y con agentes internacionales. Quizás su aliado más importante sea la CICIG, cuyas facultades han sido cuestionadas tanto en Guatemala como en Estados Unidos, donde algunos senadores republicanos se han quejado públicamente por presuntas extralimitaciones judiciales de la comisión.

La relación entre Porras y la CICIG no tuvo un buen comienzo. Las propuestas de la CICIG de reunirse antes de su posesión fueron rechazadas. Y en una entrevista, cuando se le preguntó si la comisión seguiría en el país, ella remitió la pregunta al presidente Jimmy Morales.

“La continuidad de la CICIG es decisión de Jimmy Morales”, respondió.

La relación entre la fiscal general saliente y la nueva fiscal también ha sido tensa. Porras y su equipo no se presentaron a la ceremonia de transición, lo que contribuyó a una bochornosa fotografía que circuló en las redes sociales.

Porras también interactuará con otros, en especial, miembros de la policía, así como agentes extranjeros. Si hay sospecha de que defiende a operadores políticos por motivos políticos, la cooperación puede retrasarse o detenerse del todo. Pronto habrá detenciones e investigaciones.

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