El repunte de las tasas de homicidio en Rosario y el ataque contra la casa del juez que condenó a los líderes de Los Monos ha puesto en duda la estrategia oficial de seguridad y ha generado preguntas sobre cómo detener al crimen organizado.
Rosario, la tercer ciudad más poblada de Argentina, ha sufrido una de las tasas de homicidios más altas en el país, principalmente como resultado de disputas entre grupos criminales locales.
Los homicidios, sin embargo, habían disminuido un 9,5 por ciento en el 2017 con respecto a 2016, según datos del Ministerio Público de la Provincia de Santa Fe.
Pero en lo que va del 2018, se han registrado 93 homicidios, lo cual indica que este año la cifra será mayor que el pasado, según información a la que accedió La Nación.
La violencia también se vio ilustrada en un ataque, el 29 de Mayo, contra la casa de uno de los jueces que condenó a los líderes de la banda criminal más poderosa de la provincia, Los Monos.
El ataque tuvo lugar horas después de que una corte federal confirmara el traslado de dos líderes de Los Monos desde una cárcel de Santa Fe, donde continuaban coordinando su negocio, a una prisión federal en el sur del país.
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En respuesta a la ola de inseguridad, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, anunció, el 28 de mayo, el envío de 300 miembros de la Gendarmería a la ciudad de Rosario.
Estos se sumarán a los 2.000 efectivos que ya se encuentran posicionados en la ciudad desde hace dos años, informó La Nación.
Análisis de InSight Crime
Las autoridades de Argentina parecen estar enfrentando serias dificultades para contener la violencia en Rosario.
Tras una prometedora mejoría en el 2017, con la disminución de la tasa de homicidios, y la reciente condena a altos mandos de la poderosa organización Los Monos, más 13 policías que integraban el grupo, el gobierno provincial y federal parecen enfrentar una situación de “un paso hacia delante y dos hacia atrás”.
Pero el recrudecimiento de la situación de seguridad en la ciudad no debería ser una sorpresa. De hecho, hay al menos tres razones claras por las que el país no logra abordarla de manera efectiva.
En primer lugar, las autoridades federales (en coordinación con el gobierno provincial) enfocan su estrategia de seguridad casi por completo en el envío de gendarmes, un plan que no ha dado resultados en ninguna otra parte de la región.
El caso que mejor lo ejemplifica es México, en donde a partir de la militarización de la guerra contra las drogas, los grupos criminales fueron presionados a aumentar su poder de fuego como resultado de lo cual ocurrieron diversos abusos de las fuerzas de seguridad contra la población. Otro ejemplo es Brasil, en donde el gobierno se ha hecho cada vez más dependiente del ejército para resolver problemas de criminalidad, en vez de fortalecer las instituciones civiles.
En segundo lugar, el gobierno no está abordando de manera contundente los altos niveles de corrupción enquistada en la policía local – ilustrados en la condena de 13 policías que formaban parte de Los Monos y el ataque contra la casa de un juez a 30 metros de una comisaria de policía.
Las bandas criminales no pueden funcionar sin una policía que no solo mire hacia otro lado, sino que también facilite la logística de actividades ilícitas.
A su vez, muchos policías necesitan del apoyo económico que ofrecen estos grupos.
Expertos consultados por InSight Crime opinan que el gobierno no ha abordado este tema, porque toca diversos intereses. Argumentan que hacer una reforma policial significaría desbaratar una lógica de violencia que, hasta ahora, se concentra en las periferias. Al atacar a la policía, se correría el riesgo de llevar la violencia al centro de la ciudad, donde viven las élites. Pero si la violencia es contenida en las periferias, no pasa de ser una cuestión entre “bandas narco”.
En tercer lugar, el gobierno tampoco está afrontando la corrupción dentro del sistema penitenciario, que permite que las bandas criminales continúen operando sus negocios casi con total libertad.
“Desde la política argumentan que la banda (Los Monos) cayó porque los líderes fueron detenidos y ahí el gobierno dio por terminado el tema. Pero la situación es más compleja y las bandas siguen operando desde la cárcel,” dijo a InSight Crime Germán de los Santos, un periodista rosarino experto en crimen organizado.
“Los líderes tienen condenas largas y están resignados a que van a pasar un tiempo en la cárcel, pero el negocio tiene que seguir.”
De hecho, la causa de narcotráfico por la que líderes de Los Monos serán juzgados por la justicia federal, está basada en escuchas que se obtuvieron entre los líderes de la banda desde la cárcel y sus esposas que seguían operando el negocio por fuera.
Uno de los fiscales del caso contra Los Monos, el Dr. Luis Schiappa Pietra, dijo a InSight Crime que para encontrar la mejor forma de disminuir la violencia hay que estudiar sus causas en detalle.
“Los diagnósticos no pueden ser intuitivos. Hay que estudiar la situación empíricamente para construir soluciones que funcionen, basadas en la información”.
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