Carlos Eduardo Burgos Nuila, alias "Nalo", es un líder de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios de El Salvador. Está preso por asociaciones ilícitas y se ha convertido en el testigo estrella de la Fiscalía General en el juicio por el llamado "Caso Tregua", en el que 18 funcionarios salvadoreños de rango medio están acusados de facilitar la entrada de celulares y otros objetos a las cárceles y de cometer actos arbitrarios en el marco del pacto entre el Estado salvadoreño y las pandillas Barrio 18 y MS13 de 2012-2013.
La semana pasada, el testimonio de Nalo, ventilado en un tribunal de la capital, estremeció al país: el pandillero dijo, entre otras cosas, que dirigentes y funcionarios de los dos principales partidos políticos, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la oposición Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), pagaron en efectivo a las tres pandillas para lograr que la MS13 y las dos facciones del Barrio 18 les hicieran favores electorales. En total, dice Burgos Nuila, ARENA y FMLN dieron US$350.000 a las tres pandillas.
Revista Factum reprodujo parte del cuestionario que la Fiscalía le hizo a Nalo en el tribunal el 10 de agosto pasado respecto a los tratos electorales. Esto dijo el pandillero:
Fiscal del caso: Usted, al inicio de su declaración dijo que venía porque conocía de unas negociaciones políticas. ¿A qué negociaciones se refería?
Carlos Eduardo Burgos Nuila (Nalo): A hacer negociaciones políticas con fines electorales.
F: ¿Con cuáles partidos políticos hicieron esas negociaciones?
N: Con el FMLN y con ARENA.
F: ¿Cuál era el propósito electoral del partido FMLN?
N: Pues ellos pedían los votos de nuestros miembros, de nuestras familias y de la gente de nuestras clicas.
F: ¿A cambio de qué le ofrecieron ustedes esos votos?
N: Pues, fue una serie de reuniones que al final…
F: No, testigo. ¿A cambio de qué le ofrecieron ustedes sus votos al partido FMLN?
N: A cambio de dinero.
F: ¿Qué cantidad de dinero?
N: Pues, en primera instancia nos dieron US$150.000 para las tres pandillas. Esto fue en el mes de diciembre del 2013.
F: ¿A qué cosas concretas tenían que llegar?
N: Que les ofreciéramos unos 120.000 votos las tres pandillas MS13, Sureños y Revolucionarios.
[...]
N: US$75 para toda la MS13 y US$75.000 para la 18, pero como éramos dos facciones, se repartieron en US$37.500 para uno y lo mismo para el otro.
F: ¿Qué hicieron con ese dinero?
N: Pues, nosotros dimos US$24.000 para la caja general.
F: ¿A qué se refiere con caja general?
N: Es una caja que nosotros tenemos en la pandilla.
F: ¿Para qué se utiliza esa caja?
N: Para compra de armas.
El testimonio de Nalo y la actuación de la Fiscalía General reitera viejas dudas sobre el pacto pandillero de 2012 y nuevas interrogantes sobre las decisiones que el Ministerio Público ha tomado en este caso.
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El fiscal general y sus auxiliares, por ejemplo, no han dudado en utilizar las explosivas declaraciones de su testigo para hablar sobre las implicaciones políticas de la tregua, pero se han negado, sin dar explicaciones públicas, a procesar a los dirigentes partidarios a los que Nalo ha señalado, incluso, de comprar votos y, con ello, de fraguar un posible fraude electoral en las presidenciales de 2014.
Es importante explicar que Burgos Nuila es un testigo criteriado, es decir, un reo al que el Estado, a través de la Fiscalía, ha ofrecido beneficios a cambio de que testifique en un proceso judicial. Este pandillero fue acusado de homicidio, pero fue exonerado por ese delito, y luego el Estado lo acusó de asociaciones ilícitas. Él se ha identificado como uno de los tres líderes más importantes del Barrio 18 Revolucionarios, una de las dos facciones de esa pandilla.
Luego de que, en su testimonio, Nalo señalara a los partidos políticos y sus dirigentes de pagar a las pandillas para obtener beneficios electorales, voceros y funcionarios de ARENA y el FMLN han optado por intentar desacreditar al testigo diciendo que la suya es la palabra de un criminal. También es importante decir que, en los casos de pandilleros, la gran mayoría de condenas se logran a través de los testimonios de miembros de los grupos criminales. Y, en este caso, como se verá, muchas de las cosas que dijo Nalo no son otra cosa que confirmaciones de cosas que ya InSight Crime, Revista Factum y El Faro habían publicado respecto a las negociaciones entre pandilleros y funcionarios salvadoreños.
A continuación cinco dudas que ha arrojado o reiterado el juicio del "Caso Tregua":
1. La legitimidad de las elecciones presidenciales de 2014
El actual presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, fue elegido en marzo de 2014, por un estrecho margen de 6.364 votos en la segunda ronda electoral. En la primera vuelta la diferencia a favor del efemelenista había sido de 268.176 votos. Desde el principio, el partido ARENA, perdedor de la elección, insinuó que el FMLN había utilizado a las pandillas para intimidar a votantes areneros e, incluso, para inducir el voto a favor de Sánchez Cerén. Incluso representantes del partido de oposición intentaron, sin éxito, impugnar la elección
En una entrevista con InSight Crime realizada en 2014 al general David Munguía Payés, el actual ministro de Defensa y ministro de Seguridad Pública durante la tregua, concedió que el pacto con las pandillas, impulsado por la administración Funes, también del FMLN, había generado beneficios electorales, pero los calificó como "efectos secundarios", y negó rotundamente que la tregua se hubiese ejecutado por motivos políticos.
Ya mucho antes del testimonio de Nalo en el tribunal varias investigaciones periodísticas habían mostrado pruebas contundentes sobre negociaciones hechas por funcionarios del FMLN o de ARENA con las pandillas. Una investigación conjunta de InSight Crime, Revista Factum y El Faro, publicada en octubre de 2016, reveló que Benito Lara y Aristides Valencia, líderes del FMLN cercanos al entonces candidato Sánchez Cerén se reunieron con las pandillas para fraguar un pacto electoral; Valencia, actual ministro de Gobernación, incluso les ofreció líneas de crédito por US$10 millones.
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Antes de la segunda vuelta, según dio a conocer El Faro, Ernesto Muyshondt, entonces vicepresidente de ideología de ARENA, y el alcalde Salvador Ruano de Ilopango, se reunieron también con las pandillas para hablar de un pacto electoral.
Con esos antecedentes, el testimonio de Nalo no es más que una confirmación de que esas pláticas existieron, y de que, en ese marco, los ofrecimientos de dinero a cambio de la manipulación del voto y los votantes es un escenario que bien pudo haber ocurrido en 2014.
2. El papel de las dirigencias de los principales partidos políticos
Ni los vídeos ya publicados ni el testimonio de Nalo dejan lugar a dudas: cualesquiera que hayan sido las pláticas con los partidos políticos, las pandillas las sostuvieron con dirigentes de alto nivel, no con mandos medios.
En el lado del FMLN, Lara fue el primer ministro de Seguridad Pública del gobierno Sánchez Cerén y Valencia su ministro de Gobernación; ambos aparecen en los vídeos publicados. Nalo también dice, en su testimonio, que a las reuniones de las pandillas con el FMLN llegaron Medardo González, diputado y secretario general del partido, y José Luis Merino, alias "Ramiro", actual viceministro de Inversión Extranjera y uno de los tres hombres más fuertes del FMLN. ¿Sabía Sánchez Cerén, siendo candidato y luego presidente, lo que sus colegas estaban hablando con las pandillas? Hasta ahora el presidente no ha dicho una palabra respecto al testimonio de Nalo o al Caso Tregua, pero la línea vertical de mando que ha sido tradicional en el FMLN hace pensar que estas decisiones pasan por los principales dirigentes del partido, incluido el presidente de la República.
En el caso de ARENA, Muyshondt era, como se dijo, el segundo al mando en el partido; arriba de él solo estaba Jorge Velado, entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional (COENA). En una entrevista realizada en 2013, el alcalde Ruano (fallecido este año) reveló a InSight Crime que él había establecido contacto con el Barrio 18 para pactar una especie de tregua local que permitiese a su partido libertad para hacer actos electorales en los barrios de Ilopango controlados por esa pandilla. En esa conversación Ruano aseguró que había comunicado esas pláticas a todos los miembros del COENA.
3. El confuso rol de la Fiscalía
El testimonio de Nalo parece haber ocurrido en el juicio equivocado. El proceso judicial al que la Fiscalía salvadoreña ha llamado Caso Tregua tiene que ver con la introducción de teléfonos celulares y otros objetos en cárceles en las que estaban recluidos los jefes pandilleros mientras duró el pacto. Los delitos de los que se acusa a los funcionarios implicados y a uno de los mediadores, el exdiputado del FMLN Raúl Mijango, no están relacionados a un posible fraude electoral o a las negociaciones de los partidos políticos con grupos criminales a los que el mismo Estado ha calificado como organizaciones terroristas.
En ese proceso judicial nunca han estado en el banquillo ni el general David Munguía Payés, quien ha aceptado ya que todo se planificó en su despacho, ni el expresidente Funes, jefe de Munguía y quien según el militar siempre estuvo al tanto de todo. Y tampoco están en el banquillo los líderes políticos que, sabemos por vídeos y por el reciente testimonio del líder pandillero, negociaron con el Barrio 18 y la MS13. En ese juicio solo aparecen imputados Mijango, guardias carcelarios y el ex director de cárceles entre otros: mandos medios.
La Fiscalía sabe al menos desde noviembre del año pasado lo que Nalo dijo la semana pasada en el tribunal. Aun así, no vio indicios suficientes para agregar nuevos imputados o nuevos delitos en el proceso que ya está abierto (a esas alturas aún era posible hacerlo). Y hoy, cuando ya este proceso está por terminar y los señalamientos del pandillero son públicos y están asentados judicialmente, el fiscal general parece haber decidido no procesar a nadie más. De nuevo: La Fiscalía cree que el testimonio de Nalo tiene credibilidad, por eso lo utilizó como testigo en este juicio, pero el fiscal general ha tomado la decisión de no perseguir penalmente los indicios que sí hablan de la participación del Estado y de las elites políticas salvadoreñas en una empresa criminal.
4. ¿Hasta dónde llegaron las mentiras de la administración del expresidente Mauricio Funes?
Mauricio Funes, presidente del 2009 al 2014, sabía perfectamente de qué se trataba la tregua pandillera desde que su entonces ministro de Seguridad Pública, el general Munguía, se la propuso como política de Estado. Desde el principio, y luego de que El Faro revelara el pacto, la administración Funes empezó a mentir para intentar evitar los costos políticos que traería una negociación de esta naturaleza. Hoy sabemos que la esencia del pacto era el traslado de los principales líderes del Barrio 18 y la MS13 a cárceles de seguridad intermedia y darles acceso a formas expeditas de comunicación con sus bases a cambio de que ellos se comprometiesen a reducir los homicidios.
El presidente dijo que su gobierno solo estaba apoyando desde lejos una iniciativa de la iglesia católica, luego Munguía dijo que los traslados de los líderes obedecían a análisis psicológicos hechos por funcionarios de Medicina Legal o, incluso, que los movían porque la inteligencia del Estado había detectado un posible atentado con morteros a una de las cárceles. Todo eso, han ido aceptando funcionarios y mediadores, era mentira.
Hoy, Funes está acusado de actos de corrupción en casos no relacionados con la tregua y es perseguido penalmente en El Salvador. El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua le ha dado asilo y desde Managua, en su cuenta de Twitter, Funes sigue intentando decir que él no sabía de todo lo relacionado con el pacto pandillero. La semana pasada, cuando testificó en el juicio de San Salvador, el general Munguía volvió a desmentirlo. "El presidente era informado de todo," dijo.
5. ¿Tenían desde el principio un plan B, que incluía utilizar la calma de la tregua para apertrecharse con armas por si las cosas salían mal?
Al cierre de esta nota, el miércoles 16 de agosto, 16 policías habían muerto en El Salvador, supuestamente a manos de pandilleros, en el marco de la guerra que la administración de Sánchez Cerén emprendió contra la MS13 y el Barrio 18.
En su testimonio, Nalo dijo que al menos el Barrio 18 Revolucionarios utilizó parte del dinero que se supone les entregaron los partidos políticos para comprar armas. ¿Para qué servirían esas armas?, preguntó el fiscal al pandillero en el juicio. Para estar preparados por si el pacto no funcionaba, respondió Nalo. El testigo también dijo, en otra parte del interrogatorio, que uno de los mediadores les sugirió que si el gobierno de Funes no cumplía con lo pactado las pandillas podían usar la subida o la baja de homicidios como moneda de cambio en las negociaciones.
Ya, mucho antes de este juicio, el mismo Mijango había reconocido en público que las pandillas tenían la capacidad de hacer eso: de usar las vidas de los salvadoreños como su principal argumento. Es legítimo pensar que hoy, en el marco de la nueva guerra emprendida por este gobierno, las pandillas estén utilizando la muerte de policías como forma de presión; y también es factible pensar que, en todas sus actividades, están usando las armas que compraron, en parte, con el dinero que les dieron las élites políticas del país.
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