5 maneras de combatir la corrupción en Latinoamérica

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El problema de la corrupción ha venido consolidándose como prioridad en la agenda de legisladores y ciudadanos de toda Latinoamérica y El Caribe. A continuación, InSight Crime explora cinco propuestas que pueden fomentar la capacidad de los países para lograr avances duraderos en la lucha contra este problema.

1. Fortalecer la independencia judicial

Ganar independencia judicial es crucial para los gobiernos de la región que están trabajando para enfrentar la corrupción. El tema pasó a primer plano recientemente en Centroamérica, donde Guatemala, Honduras y El Salvador elegirán nuevos fiscales generales este año.

En Guatemala, como lo mostró una reciente investigación de InSight Crime, el proceso de designación de la nueva fiscal estuvo cargado de manipulación política. Miembros corruptos de las élites maniobraron para postular candidatos que probablemente no adelantarían acciones judiciales contra quienes los pusieron en el poder.

En casos como ese, dicen los expertos, debe reformarse el proceso de elección de altos funcionarios de la rama judicial con el fin de eliminar influencias indebidas de parte de intereses poderosos.

Las élites corruptas por lo general tienen pocos incentivos para apoyar una mayor independencia judicial, pues liberar a los fiscales del control político podría echar abajo los esquemas de corrupción de los que se benefician. En situaciones como esas, una solución alternativa que podría ser efectiva es la creación de misiones independientes de apoyo judicial con respaldo de la comunidad internacional.

Dos ejemplos notables incluyen la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por las Naciones Unidas, y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), con aval de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Ambos organismos han hecho avances importantes, respaldando investigaciones y procesos contra figuras poderosas. Sin embargo, esto ha generado una violenta reacción de amplios sectores de las élites. Y, como lo ha señalado en repetidas ocasiones el comisionado jefe de la CICIG, Iván Velásquez, esas comisiones no sustituyen la implementación de reformas estructurales dirigidas a mejorar la imparcialidad y la eficiencia judiciales.

2. Énfasis en la cooperación multilateral

Muchos esquemas de corrupción en Latinoamérica y el Caribe se dan en el ámbito local. Pero algunos de los más grandes, como el escándalo que involucró al gigante brasileño de la construcción Odebrecht, tienen alcance internacional. En esos casos, es importante que los países compartan evidencia y coordinen sus iniciativas de investigación y acusación.

Uno de los ejemplos de mayor trascendencia sobre la capacidad de este tipo de cooperación se conoció a comienzos de este año, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski renunció ante la presión derivada de la evidencia de sus nexos con el escándalo de Odebrecht. El país suramericano está buscando también la captura de otro expresidente, Alejandro Toledo, por acusaciones similares.

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Aparte de la cooperación en casos específicos, las autoridades pueden beneficiarse del intercambio de mejores prácticas para combatir la corrupción. Muchos esquemas de corrupción en Latinoamérica y el Caribe comparten características similares y enfrentan obstáculos comunes. En lugar de trabajar desde cero, investigadores, fiscales, jueces y otros funcionarios pueden intercambiar recomendaciones sobre acciones efectivas.

En este frente ha habido ciertos avances. En el mes de abril, la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) lanzó una “Red Global de Integridad Judicial” que busca “brindar una plataforma para que los jueces compartan buenas prácticas y lecciones aprendidas, y se brinden apoyo y unan fuerzas en el desarrollo de nuevas herramientas y directrices para reafirmar la integridad y evitar la corrupción en el sistema judicial”.

3. Introducir transparencia en la contratación pública

Los contratos públicos son un vehículo común para la corrupción en Latinoamérica y el Caribe, debido en parte a la falta de transparencia en torno a los procesos de licitación y desembolso de recursos públicos. Abrir estos aspectos del gobierno al escrutinio público puede ayudar a identificar y poner freno a las conductas ilícitas.

El principio de apertura se incluyó en el marco anticorrupción adoptado en la Cumbre de las Américas de este año. El llamado Compromiso de Lima demanda “la creación de un Programa Interamericano de Datos Abiertos […] que refuerce las políticas de apertura de la información y mejore la capacidad de gobiernos y ciudadanos para prevenir y combatir la corrupción”.

Pero, según Georg Neumann, de la Alianza de Contratación Abierta, por sí sola la mayor transparencia no es un arma infalible.

“La apertura en la contratación no tiene que ver simplemente con publicar datos abiertos y dejarlos ahí, sino con una búsqueda real de formas de colaboración con ciudadanos y empresas para que sepan cómo usar esos datos”, declaró Neumann en un evento organizado por el Diálogo Interamericano el pasado mes de abril.

Para complicar más las cosas, muchos miembros de las élites de la región están trabajando para asegurarse de que los detalles de la contratación pública sigan en la sombra. Por ejemplo, una reforma aprobada a comienzos de este año en Honduras básicamente despojaba a la MACCIH de su facultad de investigar el manejo de dineros públicos.

Aun así, hay muchos miembros de la sociedad civil y líderes políticos que creen en la importancia de abrir los libros al escrutinio público. En el evento del Diálogo Interamericano, la ministra paraguaya de finanzas Lea Giménez expuso una forma clave de “mejorar el manejo de las finanzas públicas en el sentido fiscal de un país es analizar la transparencia”.

4. Sacar el dinero sucio de la política

La financiación de campañas ha estado en el centro de algunos de los escándalos de corrupción más explosivos que se han presentado en la región en los últimos años. Y en países como México, donde nunca se declara la mayoría de aportes a campañas políticas, es prácticamente seguro que aún están por conocerse esquemas de corrupción igual de alarmantes.

En ocasiones, el dinero ilícito para las campañas procede de grupos criminales que pretenden granjearse el favor de los tomadores de decisiones. En otros casos, sirve como anticipo de intereses de las élites para embolsillarse dineros públicos. Pero en todo caso, la financiación ilícita de campañas afecta la democracia y el estado de derecho.

Al igual que con otras propuestas que podrían ayudar a erradicar la corrupción, la implementación de un escrutinio más riguroso sobre los fondos de campaña no es algo con lo que estarían de acuerdo la mayoría de los políticos. En 2017 en Paraguay, los legisladores trataron incluso de tumbar las mínimas regulaciones existentes antes de que las protestas generalizadas los obligaran a descartar la propuesta.

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El vecino Brasil, por otro lado, ha dado unos primeros pasos para tratar de depurar su proceso electoral. En 2016, la Corte Suprema prohibió a las corporaciones financiar cualquier campaña, tras las revelaciones de que algunas de las empresas más grandes del país habían usado durante años los aportes políticos para sobornar de manera sistemática a funcionarios públicos en el país y en el exterior.

Hay vacíos legales que podrían permitir a intereses corruptos eludir la prohibición, pues los candidatos aún pueden recibir dinero de personas naturales. Pero la medida es un paso en la dirección correcta y podría servir de pilar para mayores reformas en el futuro.

5. Reforma parlamentaria e inmunidad presidencial

Muchos países de Latinoamérica y El Caribe ofrecen amparos legales a funcionarios públicos acusados de delitos. Aunque el fin de esas leyes es evitar cacerías de brujas con fines políticos, en la práctica han permitido blindar en muchas ocasiones a figuras políticas de investigaciones y procesos judiciales legítimos.

En Brasil, por ejemplo, el Congreso votó dos veces para librar al presidente Michel Temer de un proceso por acusaciones de liderar una red de políticos corruptos que aceptaron coimas a cambio de ayudar a desviar contratos públicos a un cartel de empresas.

De igual manera, en Guatemala, diputados aliados del presidente Jimmy Morales bloquearon el avance de una investigación por denuncias que sostenían que su campaña de 2015 recibió medio millón de dólares de un narco.

La inmunidad presidencial y parlamentaria no son leyes inflexibles. En 2015, por ejemplo, el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina fue despojado de su inmunidad, lo que lo forzó a renunciar antes de ser detenido y llevado a juicio por ser el presunto líder de un esquema de corrupción masivo, tipo mafia. Sin embargo, los otros casos mencionados anteriormente muestran cómo el privilegio puede impedir que la justicia siga su curso.

Una votación del Congreso mexicano, en abril, para reformar las leyes de inmunidad política en el país demuestra que el progreso es posible, incluso en países donde la corrupción está profundamente arraigada. Pero en una muestra de qué tan lento será el avance, la nueva legislación establece que el presidente solo puede ir a juicio después de una votación del Congreso.

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