Cuando los líderes mundiales se congregan en París para analizar cómo afrontar el cambio climático global, InSight Crime destaca cinco industrias criminales que causan enorme degradación ambiental en Latinoamérica.
Con los diálogos sobre el clima en marcha en París, el interés mundial se vuelca de nuevo hacia cómo preservar el medio ambiente. Aunque es un desafío abrumador en sí, en Latinoamérica hay una capa de complejidad adicional en el abordaje de este problema: las redes criminales de la región, que son fuente importante de daño ambiental por sus actividades ilícitas.
A continuación, InSight Crime enumera cinco industrias criminales que agotan y degradan los recursos naturales de Latinoamérica.
1. Tala ilegal: selva húmeda amazónica
Aproximadamente el 20 por ciento de la Amazonía ha sido deforestada en los últimos 40 años, y otro 20 por ciento se encuentra en estado de degradación. Si bien la deforestación en la región está aminorando su ritmo, la tasa a la que se pierden árboles en la selva húmeda sigue siendo una de las más altas del mundo.
El comercio ilegal de madera es una de las principales causas de deforestación en la Amazonía. En Brasil, el 80 por ciento de la tala es ilegal, según cálculos del gobierno. Las redes criminales implicadas en la tala ilegal se apresuran a proteger sus intereses amenazando a quienes se les oponen e incluso imponiendo su ley en estas áreas remotas. Según la organización no gubernamental Global Witness, no menos de 448 ambientalistas y activistas por la tierra fueron asesinados entre 2002 y 2013 en Brasil, la mayoría de ellos por conflictos con la tala.
La tala ilegal también es un gran negocio para los grupos criminales en la región del Amazonas peruano y colombiano. De hecho, las autoridades peruanas hicieron recientemente la mayor incautación de madera ilegal en la región selvática de Loreto, al norte del país, donde confiscaron 60 camiones llenos de madera de contrabando valorada en cerca de US$500.000.
2. Producción de cocaína: Colombia, Perú, Bolivia
Casi todas las etapas del proceso de producción de cocaína son ambientalmente dañinas. La forma más común de daño ambiental viene del vertido de químicos tóxicos usados en el procesamiento de las hojas de coca (como gasolina y acetona) directamente a los ríos y quebradas. Además de las regiones reconocidas como principales productoras de cocaína, como el departamento de Nariño en Colombia y los valles de los ríos Apurimac, Ene y Mantaro (VRAEM) en Perú, varios habitantes de Bolivia también se han quejado recientemente de la contaminación de los ríos a causa de la producción de cocaína.
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La producción de cocaína es una gran fuente de generación de ingresos para los grupos criminales e insurgentes en la región, como Sendero Luminoso en Perú y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en (FARC) en el mismo país. Se estima que las FARC obtienen por lo menos US$200 millones en gravámenes a diferentes eslabones de la cadena de suministros de la droga, incluyendo los cultivadores de coca.
3. Robo de petróleo: México
El pinchado de oleoductos por grupos criminales plantea riesgos ambientales evidentes. A comienzos de 2013, se derramaron cientos de litros de petróleo en los ríos de México luego de una serie de punzadas clandestinas contra los oleoductos de Pemex, la petrolera estatal del país. Más recientemente, el río San Juan se vio gravemente contaminado a raíz del punzado ilegal de oleoductos en agosto de 2014.
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La fragmentación del hampa en México ha llevado a que los grupos del crimen organizado diversifiquen su portafolio criminal con actividades diferentes al narcotráfico, y el robo de combustible se ha convertido en un negocio muy lucrativo. Pemex registró un incremento de 58 por ciento en el número de pinchazos ilegales a oleoductos durante el primer trimestre de 2015, que exhiben la mayor concentración en áreas con fuerte presencia del crimen organizado. Se cree que Los Zetas y el Cartel del Golfo son los dos grupos criminales con mayor participación en el robo de combustible.
4. Minería de oro informal: Perú, Colombia
Las explotaciones auríferas ilegales requieren usar mercurio líquido para separar los minerales del sedimento del río, lo que produce un grave perjuicio ambiental. El alcance del daño es tan grande que el norte del departamento de Antioquia, en Colombia —centro de la minería ilegal de oro— ha sido llamado "el lugar más contaminado con mercurio sobre la tierra" (pdf). El cianuro es otro subproducto tóxico de las minas de oro que con frecuencia se vierte a las fuentes de agua; un río en Antioquia se ha apodado "La Cianurada", debido a la gran cantidad de cianuro que contiene.
Los grupos guerrilleros y narcoparamilitares han sacado provecho de la explotación ilegal de oro durante años, cobrando a los mineros lo que en Colombia se conoce como "vacunas", o extorsiones. Sin embargo, las autoridades colombianas dijeron a InSight Crime que estos grupos eventualmente comenzaron a intensificar su participación en la actividad regulando las minas y usándolas para lavar dinero de la droga.
La industria de la minería aurífera ilegal también es muy lucrativa en Perú, donde genera unos US$3 mil millones anuales, según funcionarios del gobierno. Aquí, los vínculos entre el crimen organizado y la minería aurífera son más difusos que en Colombia, pero el analista peruano de seguridad Rubén Vargas ha dicho que es "innegable" la conexión entre los narcotraficantes y la minería ilegal.
5. Tráfico de vida silvestre: Regional
La demanda extranjera por especies animales exóticas ha hecho del tráfico de vida silvestre una de las industrias criminales más rentables en Colombia, y otras partes de Latinoamérica. China en particular ha incentivado el contrabando de vida marina, como los peces totoaba, de México, que se considera una exquisitez y cuya vejiga puede venderse hasta en US$20.000.
Ante la vista de estas ganancias, no sorprende que los grupos criminales se hayan abalanzado a aprovechar la voraz demanda de vida silvestre abundante y diversa de la región. Las redes criminales trafican aves exóticas del Este y el Norte de Guatemala, mientras que se cree que hay por lo menos 300 pandillas brasileñas involucradas en el robo de especies en vía de extinción de la Amazonía y en su venta en el mercado negro.
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