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En el día de la conmemoración de la Batalla de Boyacá, que le dio la independencia a Colombia, Iván Duque asume la presidencia de la República, y entre las múltiples tareas que hereda de su predecesor tendrá el reto de liberar al país del desbordamiento del crimen organizado y sus diferentes actores.

El narcotráfico, impulsado por un incremento récord en la cantidad de cultivos de coca, a la par de la implementación del acuerdo de paz son la pieza clave en la lucha que le toca librar al mandatario entrante contra nuevos actores criminales. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), como único protagonista del conflicto con presencia nacional; la evolución de la corrupción; y la inestabilidad política, social y económica de Venezuela, un vecino cada vez más incómodo, son otras tareas que deberá afrontar Duque en los próximos cuatros años.

 

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InSight Crime analizó estos cinco factores que son una “papa caliente” para el gobierno del presidente Iván Duque:

 

1. El boom de la coca

Colombia produce hoy más cocaína que nunca, como lo muestra un récord histórico de 921 toneladas en 2017. En 2013 se había logrado reducir la producción de cocaína en el país, pero entre 2016 y 2017 se pasó de 188.000 a 209.000 hectáreas de cultivos de coca, según cifras presentadas por la Oficina de la Casa Blanca para las Políticas Nacionales de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés).

Esta realidad muestra una mutación en el comercio de la cocaína, con nuevos canales y destinos más lucrativos. Paralelamente se observa una reorganización de las estructuras criminales, ahora más fragmentadas y trabajando en red. En un extremo del eslabón de la cadena de producción está una nueva generación de narcotraficantes, que buscan obtener mayores ganancias sin los reflectores de las autoridades apuntándoles. Para lograrlo se han invisibilizado de tal forma que ya no buscan rodearse de grandes ejércitos privados. Hoy en día sus principales negociaciones ocurren en escenarios de élite, en los que el conocimiento específico de los mercados mundiales les permite mezclar actividades lícitas e ilícitas de manera altamente sofisticada.

En el extremo de la producción de hoja de coca están los actores criminales que controlan los cultivos ilícitos. Aquí la salida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) del panorama criminal ha implicado una disputa de los territorios más fértiles para la hoja de coca, así como una fuerte presión para que los campesinos se opongan a la erradicación y retrasen los procesos de sustitución, que son impulsados por el Acuerdo de Paz firmado en La Habana.

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El gobierno saliente firmó el El Plan Quinquenal 2018-2023 o Documento Blanco, con el cual Colombia se compromete a la erradicación de 180.000 hectáreas de cultivos ilícitos para el 2023, equivalente a un total de 36.000 hectáreas por año. Iván Duque durante su mandato tendrá la responsabilidad implementar al menos 80 por ciento de este plan.

También tendrá que manejar la fuerte presión de Estados Unidos por reanudar la fumigación aérea, método que el presidente ve con buenos ojos, tal y como lo declaró a El Tiempo: “La fumigación se debe retomar, pero con químicos que estén autorizados en Colombia, eliminando cualquier riesgo a terceros y aprovechando técnicas de precisión que nos permita ser más contundentes. Hay que combinar todas las herramientas y no se puede renunciar a ninguna de ellas”.

De acuerdo con la investigación de campo realizada por InSight Crime, el narcotráfico se ha intensificado en las regiones del Pacífico colombiano, el Catatumbo, Putumayo y los Llanos orientales.

2. Proceso de paz con las FARC en la cuerda floja y las disidencias en aumento

Uno de los principales retos del presidente Duque es garantizar que la implementación del acuerdo de paz avance. En su primer discurso como presidente electo, Duque señalaba que buscaría mantener el acuerdo, aunque le haría modificaciones. Este prospecto ha generado preocupación entre la opinión pública, especialmente entre el desmovilizado ejército revolucionario.

Las denuncias sobre el asesinato de desmovilizados de las FARC; la inseguridad jurídica evidenciada en las tensiones alrededor del caso de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich“; la negativa del principal negociador del acuerdo, Luiano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, de ocupar su curul en el Senado; la captura de uno de los disidentes más poderosos, Luis Eduardo Carvajal, alias “Rambo”; y los avances diferenciados en el proceso de reincorporación de los guerrilleros y los proyectos de sustitución de cultivos hacen que el cumplimiento del acuerdo de paz sea determinante para evitar el crecimiento de las disidencias. Según investigaciones de InSight Crime, la cifra de disidentes del proceso podría llegar a unos 2.000 hombres.

Sin embargo, no todas las disidencias conservan su identidad como ejército revolucionario. Desde que el Frente Primero anunció su separación del proceso, se ha venido configurando una red criminal, articulada fundamentalmente alrededor del negocio del narcotráfico.

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Muestra de esto es el envío, al parecer exitoso, de representantes de las ex-FARC mafia a Cauca, Nariño y Putumayo por parte de Miguel Botache Santilla, alias “Gentil Duarte”, una de las cabezas más visibles de las disidencias. Con esto ha logrado articular su actividad con personajes como Walter Patricio Arizala Vernaza, alias Guacho, quien, aunque parece tener sus días contados en la criminalidad, logró configurar a las disidencias del Frente Oliver Sinisterra como uno de los principales actores criminales en la frontera con Ecuador.

La mafia de las ex-FARC constituye el principal actor criminal que el presidente Duque enfrentará en la nueva etapa del crimen organizado colombiano. Esta red está conformada por disidentes y exintegrantes de las FARC que aunque no se declararon disidentes, se distanciaron del proceso y continuaron en la criminalidad.

Otro elemento que debe tenerse en cuenta es la mayor presencia de representantes de carteles mexicanos que, ante la salida de las FARC del negocio, han venido a buscar intermediarios que les garanticen el flujo constante de la cocaína. De tal forma, la articulación de esta red de mafia ex-FARC ha cobrado mayor protagonismo, pues son el actor más consolidado en las zonas de mayor producción de la hoja de coca.

3. Expansión descontrolada del ELN

Con la desmovilización de las FARC, era casi natural que el lugar que dejaban en el escenario criminal fuera asumido por la hasta entonces segunda guerrilla más importante de Colombia: el ELN. Así ha sido, por eso este es uno de los cinco retos que deberá enfrentar el nuevo presidente.

Entre 2017 y 2018 —después de la firma del acuerdo de paz en 2016— InSight Crime identificó que el ELN ha fortalecido su presencia en 85 municipios de Colombia, y se ha expandido hacia aproximadamente 32 nuevos municipios, principalmente a través de los Frentes de Guerra Occidental, Oriental y Darío de Jesús Ramírez Castro.

Uno de los principales factores que podría explicar dicha expansión territorial es la participación activa de estas estructuras del ELN en el negocio del narcotráfico, como lo declaró recientemente alias “Uriel” vocero del Frente de Guerra Occidental: “Al negocio del narcotráfico en la zona en la que se encuentra el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, se le cobra impuesto, en todos los eslabones a los que tengamos alcance”.

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Esta declaración demuestra que, a pesar de que el Comando Central (COCE) del ELN juega un papel fundamental en la comandancia de la guerrilla y que, como parte de las negociaciones, ha manifestado en múltiples ocasiones no tener vínculos con el narcotráfico, en su interior el ELN se encuentra dividido. Aún hay varias estructuras del ELN escépticas frente a los resultados de las negociaciones y los tiempos en los que se están desarrollando, lo cual solo ha logrado poner pausa a sus planes militares y políticos.

Por su parte, el presidente electo, Iván Duque, desde antes de posesionarse, envió un mensaje contundente a la guerrilla en referencia a la continuidad de las negociaciones: “Aquí, la única manera de construir que dé confianza al pueblo colombiano, debe ser sobre la suspensión de todas las actividades criminales, y la mejor forma de proceder en esa materia debe ser una concentración con supervisión internacional, que definamos unos tiempos supremamente claros y que miremos cuáles pueden ser los elementos para la transición, que pueden implicar una reducción sustancial de penas, pero no la ausencia de las mismas”.

A corto plazo es posible afirmar que se mantendrán las negociaciones con el ELN, como producto de la presión de la comunidad internacional, de la voluntad manifestada por voceros del ELN, como Pablo Beltrán, de continuar en la mesa y de resolver los “puntos rojos”. Sin embargo, al persistir las operaciones militares, las actividades criminales y la expansión territorial del ELN, es probable que las negociaciones se sigan dilatando y que la guerrilla se siga fortaleciendo, como lo ha señalado InSight Crime.

Pero falta ver si el ELN tendrá la capacidad de mantener dicho control territorial y evitar que estructuras como el Ejército Popular de Liberación (EPL) o las ex-FARC mafia logren arrebatarle el control del negocio del narcotráfico que hasta la fecha viene ejerciendo.

4. Corrupción: Invisible y a gran escala

Iván Duque tiene un reto aún mayor: atacar la corrupción que afecta directamente a las instituciones y la democracia. La corrupción hoy es tal vez más sofisticada que nunca. Años de colusión con actores criminales han llevado a algunos elementos estatales a formar sus propias organizaciones criminales dentro de las instituciones.

Esto se vio con uno de los mayores escándalos que haya tocado a la rama judicial: el Cartel de la Toga, un entramado de corrupción revelado por la Corte Suprema desde mediados de 2017, cuando la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ayudó a las autoridades colombianas a capturar al fiscal encargado de las principales investigaciones contra la corrupción en el país, Luis Gustavo Moreno. El abogado era la pieza clave en un engranaje de sobornos masivos a investigadores y al presidente de la Corte Suprema a cambio de beneficios jurídicos. El objetivo de esta red incluía desviar investigaciones como las de congresistas acusados de vínculos con paramilitares.

Este escándalo podría ser apenas una muestra para el gobierno que inicia sobre cómo la corrupción ha logrado un alto grado de sofisticación a partir la injerencia en las tres ramas del poder, con el fin de garantizar cierta normalización de la impunidad que lleva a que la corrupción cobre vida propia. Los corruptos actúan en un sistema preestablecido en el que, no sólo reconocen las zonas grises para ayudar a criminales, sino que generan por cuenta propia un portafolio de servicios a los procesados, lo que contribuye a la espiral ascendente de corrupción.

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La corrupción también socava los gobiernos regionales y locales, perjudicando la llegada de recursos e iniciativas de paz a los territorios. Allí de alguna manera, la corrupción es una práctica aceptada, inherente a la construcción de consensos y la gobernanza en las regiones del país, donde la democracia y la descentralización administrativa se han visto afectadas por la constante presencia de actores criminales.

Pero quizás la verdadera “papa caliente” que deberá enfrentar el nuevo presidente sea el caso judicial que está protagonizando su mentor: el expresidente Álvaro Uribe. Los escándalos en torno al expresidente y senador por su presunto intento de manipular testigos —junto a su hermano Santiago Uribe—, quienes lo señalan como creador de grupos paramilitares, ponen al gobierno de Duque frente al dilema de apoyar y respetar las acciones de la rama judicial o apoyar a su mentor político.

5. Venezuela: Un vecino que trae problemas

La otra “papa caliente” que amenaza con quemar a Duque o hacerle perder el sueño es la relación cada vez más tensa con un vecino que se hace más incómodo para Colombia: Venezuela.

Aunque ambos tienen una historia criminal en común y en InSight Crime se los ha calificado de siameses criminales, las diferencias políticas entre sus gobernantes durante los últimos años han hecho casi imposible lograr acuerdos y compartir estrategias para luchar contra los grupos de delincuencia organizada, que han desarrollado una relación simbiótica en esta frontera.

La primera dificultad con la que tendrá que lidiar Duque es la migración. Más de 35.000 venezolanos cruzan diariamente el puente Simón Bolívar huyendo de la crisis económica y social que afecta a ese país. Llegan a Cúcuta en busca de comida, trabajo y atención médica. Según Al Jazeera, 4.000 de estas personas se quedan en territorio colombiano y se desplazan a otras localidades.

Esta situación, que ha sido considerada como un problema humanitario, representa además un caldo de cultivo que favorece el surgimiento y fortalecimiento de economías criminales alrededor de esta población vulnerable. Ya se reportan casos de trata y tráfico de personas, prostitución, explotación sexual infantil y reclutamiento de venezolanos por parte de grupos de crimen organizado.

El 13 de junio cuatro venezolanos murieron en el bombardeo de un campamento de disidentes de las FARC en Arauca. Este hecho confirmó una denuncia que había sido hecha con antelación por autoridades colombianas. Según los familiares, las víctimas se unieron a la exguerrilla debido a la difícil situación económica que se vive en Venezuela. Aseguran que reciben pagos desde $100.000 a $200.000 (unos US$60 dólares) por semana o incluso por mes.

La tolerancia del gobierno de Venezuela con los grupos irregulares colombianos es otro de los puntos que aumenta las diferencias. En su campaña electoral, Iván Duque lanzó esta afirmación: “Hoy Colombia necesita un presidente que denuncie internacionalmente al régimen de Nicolás Maduro que le está dando protección al ELN, santuario, dinero y armamento”.

Finalmente, si Colombia está produciendo más cocaína que nunca en su historia es casi lógico que su “siamés”, Venezuela, sea una de las principales plataformas de exportación de esa droga. Sin embargo, la posibilidad de realizar un trabajo conjunto de cooperación internacional para combatir esta economía criminal no parece posible, pues las diferencias políticas entre ambos países amenazan con agudizarse.

Mientras Venezuela se consolida como un Estado mafioso, con participación cada vez más clara de sus funcionarios en el negocio del narcotráfico, la posición del gobierno de Duque se perfila como más radical.

“Tenemos que obrar con toda la contundencia los países que respaldamos la Carta Interamericana para ejercer una presión diplomática sobre la dictadura”, afirmó Duque refiriéndose a Venezuela durante un viaje reciente a Estados Unidos, según reportó Diarios Las Américas. También ha manifestado que denunciará a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, según Noticias RCN.

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