La elección de Iván Duque, candidato de tendencia conservadora, como nuevo presidente de Colombia ha planteado interrogantes sobre la manera como el país afrontará algunos de los muchos desafíos que le aguardan sobre las nuevas dinámicas del crimen, el aumento de la violencia y el frágil acuerdo de paz con las FARC.
Duque, del partido político Centro Democrático, obtuvo casi el 54 por ciento de los votos en la segunda ronda, mientras que el exguerrillero Gustavo Petro se llevó el 41,8 por ciento. Poco más del cuatro por ciento de los votantes votaron en blanco.
A continuación presentamos cinco de los principales desafíos que enfrentará Duque cuando asuma el poder en agosto próximo.
1. Incremento de los cultivos de coca
Hay estimativos que señalan que Colombia está produciendo actualmente el mayor volumen de cocaína de su historia, con un incremento de 23 por ciento en el número de hectáreas cultivadas con coca en lo que va corrido de 2018, en comparación con 2016, el año en que el gobierno firmó un histórico acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en su mayoría desmovilizadas actualmente.
Como ya lo había informado InSight Crime, este alza de la producción de cocaína está cediendo el paso a una nueva generación de delincuentes.
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A comienzos de 2017, Colombia trazó ambiciosos planes para la erradicación de 100.000 hectáreas de coca para finales del año —una mitad mediante erradicación forzosa y la otra mitad mediante un programa de sustitución de cultivos—. Pero la erradicación forzada ha dado lugar por momentos a confrontaciones sangrientas con los agricultores, y la estrategia de sustitución ha tenido un éxito limitado debido a obstáculos logísticos y políticos importantes.
Duque ha prometido continuar con esas dos estrategias. También se comprometió a reanudar la controvertida fumigación aérea de los cultivos de drogas. Estados Unidos ha expresado su apoyo para reactivar esa estrategia, y es probable que Duque quiera afianzar las tirantes relaciones de Colombia con Washington en medio de una presión creciente de Estados Unidos en relación con la implementación del acuerdo de paz con las FARC.
2. Recuperar la fe en el acuerdo de paz con las FARC
La confianza de Colombia en el acuerdo de paz con las FARC está en un punto bajo crítico. Duque ha prometido hacer “cambios estructurales” a los acuerdos, lo que podría tener un impacto negativo en los niveles de disidencia entre excombatientes de las FARC.
Específicamente, Duque ha prometido modificar el sistema de justicia transicional para el proceso de paz, conocido como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y fortalecer las penas impuestas a los exguerrilleros.
En días pasados, el congreso colombiano pospuso la votación para definir las normas y el alcance de la JEP. Estas demoras bien pueden dar a Duque la oportunidad de esperar a que el congreso se vuelva a su favor para tener la última palabra sobre cuál sea el futuro de la JEP.
Además, Duque ha dicho que eliminará la amnistía que el acuerdo de paz aseguraba a los excombatientes de las FARC que hubieran participado en narcotráfico durante el conflicto. Muchos exguerrilleros ya estaban inquietos tras la reciente captura del exjefe de las FARC Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, por delitos de narcotráfico cometidos presuntamente con posterioridad a la firma del acuerdo de paz.
Adicionalmente, un creciente número de excombatientes han sido asesinados desde que se inició la implementación del acuerdo de paz, y la escala de disidentes de las FARC podría crecer aún más, cuando las iniciativas para reinsertarlos a la sociedad se han visto afectadas por denuncias de corrupción y violencia criminal.
Entre tanto, los grupos de la mafia ex-FARC de Colombia están convirtiéndose en una amenaza nacional, a medida que aumentan su sofisticación y fuerza. Mientras el gobierno mantiene las mismas estrategias, estos grupos criminales recién formados piensan y actúan de manera diferente, y pueden convertirse en una alternativa atractiva para excombatientes de las FARC desilusionados por la falta de avance en los acuerdos de paz.
3. Fragilidad del proceso de paz con el ELN
Duque ya se ha manifestado contra los actuales diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el último gran ejército guerrillero de alcance nacional en el país, y ha dado un ultimátum al grupo: o dejan sus actividades delictivas y deponen las armas o corren el riesgo de ser atacados por las fuerzas de seguridad.
Preocupaciones crecientes por la débil implementación del acuerdo de paz del gobierno con las FARC han socavado la confianza del ELN de que pueda llevar a buen término por sí solo las negociaciones. Mientras la fe en la paz trastabilla, el ELN libra una guerra contra el Ejército de Liberación Popular (EPL) en la región del Catatumbo en Colombia a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela por el control de un corredor clave para el tráfico de cocaína.
Como le dijera a InSight Crime un comandante del ELN en mayo pasado, los insurgentes están “analizando la intención del gobierno para ver si (las negociaciones de paz) son genuinas”.
4. La nueva cara del crimen organizado en Colombia
La salida de las FARC de la escena criminal en Colombia ha marcado el inicio de una nueva generación de delincuentes que han adoptado un bajo perfil y formas menos violentas de llevar sus actividades ilícitas.
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Sin embargo, como lo ha mostrado el ELN, quienes terminarán controlando las áreas del país más estratégicas para impulsar sus lucrativas actividades criminales tendrán que disputarlas con otros contendores en el proceso. Esto podría crear una situación en la que quienes va a prevalecer durante esta transición serán quienes usen más “plata” que “plomo”.
5. Evolución de economías criminales y aumento de la violencia
Mientras los grupos criminales de Colombia siguen disputándose el control del lucrativo negocio de la cocaína en el país, otras economías criminales están evolucionado a la par y contribuyendo a incrementar los índices de violencia en todo el país.
Además de pelearse el control de regiones claves para el tráfico de cocaína, el ELN puede estar ampliando también su portafolio de actividades criminales al robo de autos a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela.
Y mientras los grupos criminales se expanden y tratan de sacar provecho de las nuevas oportunidades que se les abrieron con la ausencia de las FARC, cada vez caen más víctimas inocentes en el fuego cruzado.
De hecho, la matanza de líderes sociales Colombia crece a tasas alarmantes —entre 2016 y febrero de 2018 hubo un promedio de 11 muertes al mes— en medio del revolcón del hampa en el país, y de la reconfiguración del poder local en torno a industrias ilícitas y problemas de tenencia de tierras. Estos combates también están llevando a una nueva era de desplazamientos masivos que afectan a miles de personas y las desplazan de áreas estratégicas para actividades criminales lucrativas.
Los disidentes de las FARC y otros actores criminales podrían estar alineándose tamibén con pandillas locales en entornos urbanos como la ciudad de Medellín, que ya ha tenido un repunte de la violencia en los últimos meses.
*Este análisis fue elaborado con información suministrada por el equipo de investigación de InSight Crime en Colombia.
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