El Director de InSight Crime, Steven Dudley, fue invitado a hablar frente al Congreso de Estados Unidos el 3 de mayo, para proporcionar una mirada sobre la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y México, con un énfasis especial en la Iniciativa Mérida. Abajo, encontrará extractos de su declaración, incluyendo recomendaciones de políticas para la relación entre ambos países, a medida que avanzan hacia adelante.
Desde que asumió el cargo en diciembre, el Presidente Enrique Peña Nieto sólo ha dado un esbozo general de la forma en que conseguirá el objetivo de reducir la violencia en México. Estos planes incluyen programas de prevención y una unidad especial, o Gendarmería, la cual será desplegada en los puntos críticos de México. Él ha prometido más coordinación y una reforma policial y judicial. Y ha dicho que habrá mayor énfasis en los Derechos Humanos. También desmanteló la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el conducto más importante para la asistencia y cooperación estadounidense a través de la Iniciativa Mérida.
[Descargue el pdf (en inglés) de la declaración completa de Dudley frente al Subcomité de Asuntos Occidentales, del Comité de la Cámara de Representantes sobre Relaciones Exteriores]
Las funciones de la SSP fueron asumidas por la Secretaría de la Gobernación, que ahora maneja la política de seguridad, y será el único conducto a través del cual se moverán los fondos de Mérida. En algunos sectores, la centralización del poder es un cambio bienvenido, en contraste a la administración de Calderón en la que, a veces, no era claro quien estaba tomando las decisiones finales. Pero, para otros, esto representa un retroceso en las relaciones, así como suma capas de burocracia que harán que sea más difícil nutrir y regular el contacto informal que algunos gerentes de nivel medio disfrutaron durante el anterior mandato, y que llevó a la "cooperación compartida" que se busca bajo la Iniciativa Mérida.
Peña Nieto también ha dedicado gran parte de su tiempo tratando de cambiar la narrativa sobre la actividad criminal en México. Él y su equipo de comunicación han limitado sus declaraciones públicas sobre la lucha contra el crimen organizado y, en su lugar, se han centrado en vender la idea de que es el “Momento de México." Si bien hay algunos indicadores económicos positivos, y la inmigración parece seguir reduciéndose debido a estos avances, hay pocos indicios de los grupos criminales hayan disminuido su actuar violento. De hecho, la violencia ha continuado rápidamente, aunque el gobierno no quiera admitirlo.
Sin duda, el gobierno ha cerrado muchas vías de comunicación, y el acceso a la información, incluso para el gobierno de Estados Unidos, ha sido limitado. Para citar sólo un par de ejemplos: fue negada una solicitud de libertad de información, por parte de la prensa local, sobre la actividad criminal; petición que bajo el mandato de Calderón habría sido rutinaria, y, después de una explosión en enero, en las instalaciones de la empresa petrolera gubernamental, Pemex, y en la que murieron 37 personas y más de 100 resultaron heridas, se le negó a especialistas en explosivos estadounidenses tener acceso a la zona de la explosión para inspeccionar las sospechas de que tal vez había sido una mala jugada.
Al mismo tiempo, el gobierno aún no ha detallado cómo la estrategia de esta administración será diferente en comparación a la de Calderón. En algunos aspectos, se siente igual. Peña Nieto ha, en gran parte, dejado a las tropas del ejército y la policía federal en muchos de los mismos puntos críticos donde fueron asignados por Calderón. Él ha dicho que va a continuar con los esfuerzos para purgar y reponer la policía. Y parece dispuesto a continuar la reforma del sistema judicial, aunque la policía y la reforma parecen estar ya estancadas en su administración. Entre los cambios más sutiles en la política, el rol de esas tropas del ejército parece estar cambiando. Para empezar, Peña Nieto ha reducido el papel de la armada en un 40 ciento. La armada, durante el gobierno de Calderón, se convirtió en uno de los principales aliados del gobierno de Estados Unidos, ayudando a matar o capturar a algunos de los más notorios capos, entre ellos Arturo Beltrán Leyva, durante un tiroteo famoso en 2009. El rol del ejército también parece estar cambiando, aunque la evidencia de este cambio es más anecdótica que cuantitativa. Fuentes en dos zonas de alto conflicto, dijeron a InSight Crime que se han reducido las patrullas militares y los retenes viales. "La orden es frenar” dijo a InSight Crime un coronel de una zona de alta conflictividad.
En teoría, la Gendarmería reemplazaría al ejército y a la armada en las áreas de conflicto, o al menos los complementaría. El gobierno ha dicho que estaría compuesta por 40.000 miembros especialmente entrenados, la mayoría de ellos tomados de las filas de las fuerzas armadas. No obstante, hay varios obstáculos legales y procesales que la administración debe superar y que, ni siquiera, aún ha propuesto cómo. Lo que es más, los criterios para el uso de esta fuerza y las medidas legales que tendrá a su disposición aún no han sido considerados. Las razones para la creación de esta "tropa de choque" puede ser noble, pero superflua. México ya cuenta con unas fuerzas de seguridad tremendamente competitivas, y fomentar la cooperación entre estas ha sido un obstáculo importante para el éxito en la lucha contra los grupos criminales.
En otro cambio sutil bajo la administración de Peña Nieto, la Procuraduría General de la República ha reducido el número de juicios en materia de drogas al nivel más bajo de los últimos 15 años (ver gráfico). Para ser justos, lo que técnicamente se denomina "delitos contra la salud" ya estaban reduciéndose durante los últimos meses del gobierno de Calderón, pero el contraste entre el número de casos abiertos por la Procuraduría al inicio del mandato de Calderón, y al comienzo del de Peña Nieto, ilustra la gran diferencia de enfoque entre los dos gobiernos. Mientras Calderón trató de forzar su camino hacia una situación de seguridad más manejable, parece que Peña Nieto está más interesado en la adopción de un enfoque selectivo y posiblemente, reduciendo la presión en los grupos criminales narcotraficantes como una forma de reducir los ánimos de esta confrontación.
Recomendaciones
Hay dos ámbitos en los que Estados Unidos juega: uno es práctico y el otro político. La realidad de la Iniciativa Mérida es que, si bien es importante, no representa una cantidad significativa del presupuesto de seguridad mexicano. De hecho, está entre el tres y el cinco por ciento del presupuesto de seguridad nacional del país. Aún así, tiene mucho impacto político e influencia en la política de seguridad. Y esta influencia política podría superar, en dimensión, su contribución monetaria real. Mis recomendaciones, por lo tanto, se desglosarán en estas dos categorías: la práctica y la política.
Recomendaciones prácticas
1) Abogar por mantener el impulso de las reformas judicial y policial. Estas son las piedras angulares para una mayor seguridad en México. No pueden ser abandonadas. Debe haber una policía más eficaz y confiable a nivel local, con el fin de que haya seguridad. Es igualmente importante presionar para continuar la reforma judicial. Esta reforma se centra en cambiar el sistema de justicia del sistema de puertas cerradas y escrito al sistema acusatorio oral. Sin embargo, este es un proceso lento, de varios años. Es preciso mantener el curso.
2) Aumentar la asistencia a: la sociedad civil, la prevención de la violencia, la educación y capacitación laboral. Este es el tipo de financiación a largo plazo que a menudo se olvida, o se le da poca atención a nivel local. Y, como podemos ver en el ejemplo de Juárez, hay beneficios secundarios que no podemos predecir ni dirigir, pero podemos apoyar. Esto también incluye el apoyo a la libertad de prensa. Aunque no hable de ella con mucho detalle, este sector de la sociedad mexicana está bajo ataque, a gran escala, por parte tanto de los grupos criminales como del gobierno. Una prensa libre y vibrante es un contrapeso importante a estos grupos criminales y a las extralimitaciones del gobierno.
3) Ayudar a implementar mejores prácticas y controles para las intervenciones militares en situaciones civiles de orden público. El ejército en México ha demostrado ser una herramienta provisional útil y, en algunos casos, la punta de lanza en la lucha contra el crimen organizado. Pero, la institución es en gran parte inadecuada para las cuestiones relacionadas con lucha contra el crimen, principalmente la transparencia necesaria y exigida de una organización que interactúa constantemente con civiles. Hacer que los militares, que participan en los frentes de estas batallas, implementen estas medidas y mejores prácticas como resultado de años de lecciones aprendidas en todo el mundo.
4) Apoyar el desarrollo de recolección de inteligencia y las capacidades operativas. Si bien se le culpa a menudo a la estrategia de tener como objetivo a los grandes capos por la proliferación de la violencia, no se pueden perder de vista los beneficios de este proceso. Tenemos que seguir ayudando a desarrollar y aplicar, cuando sea posible, la inteligencia sobre la cual se puede actuar. Los capos no son sólo operadores, son símbolos de la impunidad, la ilegalidad y, en algunos casos, se convierten en factores de inestabilidad. Parte de reducir el crimen es crear la impresión de que la vida de un criminal es corta y costosa. Impulsar al gobierno mexicano a lo largo de este lineamiento de crear potentes servicios de recopilación de inteligencia que tengan contrapartes que puedan implementar este conocimiento es, sin duda, un primer paso fundamental.
Recomendaciones políticas
1) Apoyar el cambio en la estrategia y las prioridades. El aparente cambio desde capturar y/o matar a los principales grupos de narcotraficantes, es un reflejo del sentido de que esta estrategia de confrontación se ha logrado a un costo grande y, tal vez, innecesario para los mexicanos. Ellos, como nosotros, están interesados en la reducción de los niveles de violencia, principalmente. Este es un objetivo loable que puede implicar el tipo de intercambio al que estamos acostumbrados en Estados Unidos; de pronto tenemos que cambiar nuestra definición de "capo" para que signifique "el más violento", con el fin de apoyar este movimiento horizontal. Apoyar estos cambios, siempre y cuando no vayan en detrimento del desarrollo institucional indicado en la parte práctica.
2) Apoyar la cooperación continua en los niveles medio e inferior a través de las fronteras. Estas son las joyas ocultas en la Iniciativa Mérida. Estas situaciones tienden a suceder en reuniones y encuentros informales. Son fundamentales para el fomento de relaciones a largo plazo y un sentido de la responsabilidad compartida que hará que esta lucha sea más fácil de llevar.
3) Menos es más. Hay una sensación de que Estados Unidos trata de hacer demasiado. Nosotros creemos que podemos solucionar todo. Tal vez lo que esta cuestión merece es un mayor esfuerzo concentrado. Encontrar lo que funciona y convertirlo en estandarte.
4) Calidad de vida. Tal vez nuestros objetivos deben ser sobre la seguridad y la calidad de vida, en lugar del número de personas que están arrestadas o procesadas. En mi experiencia, estas personas que queremos apoyar quieren hacer su trabajo de manera independiente - sin deshacer la influencia política - y ellos quieren sentir que ellos y sus familias están seguros. Apoyar eso, y no va a importar tanto si se encuentran en una Gendarmería o en la Policía Municipal, o si están trabajando en un sistema judicial escrito u oral.