En este artículo, Vanessa Moreno Losada explora una serie de asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad de Venezuela, cuestionando la legitimidad de estas acciones y si representan una nueva forma de pena de muerte en Venezuela.
Durante nueve horas una Unidad Élite del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) tomó el bloque 19 de la UD3 en el Distrito de Caricuao en Caracas. José Alfredo Chourio Mejías, Antony Gregorio Mejías, Mariangela Quintero Sánchez, Nelson Enrique García Oropeza y otro joven murieron en ese despliegue policial en el que fueron señalados como secuestradores de la propietaria del apartamento 601 en el piso sexto.
Este artículo apareció originalmente en Efecto Cocuyo y fue editado y publicado con permiso, pero no necesariamente refleja las opiniones de InSight Crime. Vea la versión original aquí.
Fuentes policiales informaron de forma extraoficial que los jóvenes lanzaron una granada dentro de la vivienda, por lo que los funcionarios tuvieron que disparar. Al día siguiente, en los medios se reseñaba el caso como el de unos delincuentes abatidos en Caricuao.
“Dijeron que mi hijo tenía capturada a la dueña del apartamento. La dueña de esta casa soy yo y no estaba ahí ese día”, aseveró la madre de José Alfredo. Vecinos indicaron que los jóvenes consumían marihuana, pero no portaban armas ni participan en secuestros.
“Dicho de una persona decaída, sin ánimo”, “dicho de una mercancía que ha caído de su estimación y precio regular”, “abyecto, ruin, despreciable”. Estas son definiciones establecidas por la Real Academia Española (RAE) para la palabra “abatido”, que en Venezuela han sido ignoradas reiteradamente. En el país. el término es sinónimo de que un delincuente fue asesinado por la policía.
“La palabra abatido es sensacionalista. Es un parte de guerra y no debe ser tomado como un resultado positivo de una política de seguridad ciudadana”, expresó Rafael Uzcátegui, director del Programa Venezolano de Educación - Acción en Derechos Humanos (PROVEA), organización que vigila el cumplimiento de los derechos humanos en Venezuela y que desde 1999 contabiliza las muertes en presuntos enfrentamientos.
En el primer mes de 2016, al menos 215 personas murieron por las balas disparadas desde las armas de un policía, según un seguimiento periodístico de cinco medios de las ciudades más violentas de Venezuela en 2015 (Miranda, Distrito Capital, Carabobo, Aragua y Zulia). Este número dobla la última cifra oficial dada por el Ministerio de la Salud en su anuario de mortalidad de 2012 (107 muertes por “resistencia a la autoridad”) y representa un incremento de 14 por ciento con respecto al conteo de PROVEA de 2014 (189).
El profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Keymer Ávila, explica que según las cifras del Ministerio Público, solo por la Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP) hubo 245 fallecidos, lo que representa un incremento de un 150 por ciento respecto al promedio de muertes en manos de las fuerzas de seguridad que PROVEA ha contabilizado en los últimos 25 años. “¡Y eso que allí no se están contando las que no tienen la etiqueta de OLP! Esto te da un aproximado de 50 muertes mensuales de esos operativos para el 2015 y ahora en enero de este año esa cifra se multiplica por cuatro”, expuso.
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La Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz informó al país que 17.778 personas fueron asesinadas en 2015, 10.000 casos menos que los que proyecta el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Especialistas suponen que la brecha entre ambos datos se debe a la separación entre los homicidios dolosos y otras muertes violentas, sin embargo cabe la duda si dentro de los primeros están incluidas o no las muertes por resistencia a la autoridad.
Según el criminólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Keymer Ávila, Venezuela ocupa el tercer lugar en el ranking de ocho países de Latinoamérica con la tasa de muerte por intervención legal más elevada en 2011. El primer lugar lo tiene Honduras (1,012), el segundo Colombia (0,553) y el cuarto Brasil (0,396). Las naciones estudiadas fueron Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Perú y Venezuela.
“Nos señalan de estar a favor de la criminalidad por criticar los enfrentamientos, pero la verdad es que en la mayoría de los casos estos son la manera más clara y real de que la pena de muerte en Venezuela existe, aunque está prohibida por la Constitución”, expuso la directora de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional (OVEDESE), Rocío San Miguel.
¿Legal o no?
El Estado es la fuente de la legitimidad del uso de la violencia, pero ésta debe estar justificada por una situación de riesgo que atente contra la nación o contra los ciudadanos.
En 2010 se publicó en la página de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el manual del Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza el cual regula ese permiso de aplicar la violencia legítima.
A grandes rasgos esta normativa establece que los funcionarios deben neutralizar y generar el menor daño posible al presunto delincuente; así como están obligados a llevar al herido a un centro asistencial y notificar a sus familiares.
San Miguel recordó que incluso en tiempos de guerras los “combatientes” están supeditados a normativas, como por ejemplo la prohibición de disparar contra población civil y a paracaidistas enemigos.
“En tiempos de paz, la violencia debe ser la excepción; pero en Venezuela hay una guerra de baja intensidad entre bandas criminales y los policías. Es una zona gris más difícil de precisar jurídicamente, porque estás en una situación de no paz pero también de no guerra. Es en esas zonas grises cuando se cometen mayores violaciones de derechos humanos”, manifestó.
Tanto Uzcátegui, como San Miguel y Ávila coinciden que el tratamiento que el Gobierno usa para informar los resultados de sus políticas de seguridad busca justificar asesinatos. “Las palabras abatidos y enfrentamiento son usos mediáticos para legitimar un muerto y transmitir a la sociedad que el fallecimiento de tantas personas es un resultado positivo de una operación policial”, explicó Ávila, quien además es investigador del Instituto de Ciencias Penales de la UCV.
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Para Ávila se trata de una guerra asimétrica que lo que trae es más inseguridad a la población. “No debe entenderse como una guerra regular, ni siquiera como un simple escenario situacional de enfrentamiento policías-delincuentes; más bien se trataría por una parte, de la cacería de civiles, y por la otra, de la emboscada de miembros de las fuerzas de seguridad. En un círculo vicioso en el que la violencia estatal reproduce y potencia la violencia social y delictiva, retroalimentándose ambas entre sí”, puntualizó.
* Este artículo apareció originalmente en Efecto Cocuyo y fue editado y publicado con permiso, pero no necesariamente refleja las opiniones de InSight Crime. Vea la versión original aquí.
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