Una nueva investigación ha develado alarmantes deficiencias y abusos a los derechos humanos en los centros de detención juvenil en México, lo que sugiere que el sistema criminaliza en lugar de rehabilitar a los jóvenes infractores y corre el riesgo de exacerbar el alza del crimen juvenil.
Un informe divulgado por el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) sobre los delincuentes juveniles en México (pdf) halló un alto índice de abuso de detenidos, largas detenciones sin sentencia y debilidades judiciales que comprometen los derechos constitucionales de los delincuentes.
El informe titulado “Justicia para adolescentes en México”, se basa en datos del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) y de cuestionarios respondidos por 167 jóvenes detenidos en los estados mexicanos de Durango y Baja California.
Casi la mitad de estos detenidos denunciaron abusos físicos y emocionales durante su detención, mientras que más de 40 por ciento dijeron haber sido amenazados o intimidados. Más de la mitad de los encuestados dijeron que consideraban el trato recibido como malo o muy malo, mientras que alrededor de un tercio lo calificó de “regular”.
El lento proceso judicial en México implica que muchos jóvenes son tenidos en custodia durante meses antes de recibir una sentencia (ver el gráfico abajo). En Durango, por ejemplo, el 100 por ciento de los entrevistados habían estado en la cárcel durante su proceso legal, mientras que la cifra fue de 93 por ciento en Baja California. La mayoría —alrededor del 65 por ciento— fueron retenidos entre uno y seis meses antes de recibir su sentencia, mientras que entre 3 y 4 por ciento estuvieron detenidos por más de un año.
El alto grado de detenciones preventivas se exacerban con una falta de recursos que se centran en la delincuencia juvenil. Sólo 3,8 por ciento de los organismos de la Procuraduría General de la República en México se especializan en la atención a adolescentes, y sólo 2 por ciento de los juzgados y tribunales se especializan en casos de adolescentes, según el CIDAC.
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Además, las instituciones de delincuentes juveniles de México tienen una capacidad para 8.256 personas, 65 por ciento de quienes son menores que ya han sido condenados, mientras que 29 por ciento es para quienes esperan su juicio. El informe destaca que, por ley, los jóvenes que no caen en estas dos categorías deben ser encerrados aparte.
Los delitos más comunes de los jóvenes procesados por la Procuraduría en 2014 implicaron cargos por lesiones personales, robo, daño a propiedad y narcomenudeo. La mayoría de los menores acusados tenían entre 17 y 18 años de edad (12.272 personas), y 801 tenían 12 años de edad, 1.612 tenían 13 años, y 3.532 estaban en los 14 años de edad. Los hallazgos del informe revelan que muchos son reincidentes, con índices de reincidencia hasta de 62 por ciento en Baja California y 41 por ciento en Durango.
El informe también halló que menos del 25 por ciento de los casos de jóvenes cumplían una reforma constitucional de 2008 que concedía el derecho a audiencia pública y a la presunción de inocencia hasta que no se demostrara lo contrario, entre otros.
Análisis de InSight Crime
La combinación de falta de educación y de oportunidades laborales más la exposición al crimen organizado generalizado lleva a muchos jóvenes de toda Latinoamérica a caer en la delincuencia. La eficiencia del sistema penal y judicial del país puede hacer mucho para mejorar o agravar este problema.
Los jóvenes delincuentes a quienes se niega sus derechos legales básicos y sufren abuso de las autoridades tienen probabilidades de perder la confianza y el respeto ene l sistema judicial. Además, si se los tiene en malas condiciones junto con criminales y pandilleros curtidos, como suele ser el caso, tienen más probabilidades de convertir el delito en una opción de supervivencia: dentro y fuera de las cárceles.
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Tales condiciones tienen el potencial de criminalizar aún más a los jóvenes infractores mexicanos, y de convertirlos en criminales más peligrosos, preocupación especialmente grave dada la tendencia en alza del crimen juvenil en México.
Una alerta de lo que puede suceder si México sigue descuidando y abusando de sus jóvenes delincuentes puede verse al sur en los países del Triángulo Norte, en Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, donde las prisiones se han convertido en centros del crimen organizado controlados por las pandillas, y en caldos de cultivo para criminales recalcitrantes. Este proceso comienza muchas veces en los centros de detención juvenil, que en los últimos años han visto estallidos de violencia brutal entre prisioneros, y sangrientos motines, todo lo cual ayuda a forjar una nueva generación de pandilleros y criminales.