Las investigaciones por lavado de dinero en torno a la esposa del presidente de Perú se han abierto por tercera vez. Aunque puede haber motivos políticos detrás de la tenaz persecución a la primera dama, quien tiene aspiraciones políticas, tales pesquisas no carecen de fundamento en un país donde los políticos son notoriamente corruptos.
A finales de enero, el fiscal Ricardo Rojas León reabrió una investigación por lavado de dinero en torno a Nadine Heredia y su hermano, por una serie de depósitos efectuados en la cuenta bancaria de ella entre 2006 y 2009, informó El Comercio. Los depósitos, por un valor aproximado de US$215.000, fueron hechos por el hermano de la primera dama, Ilan Heredia, y otros miembros de la familia, así como por amigos cercanos a los Heredia. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Perú señaló que estas personas no contaban con los medios económicos suficientes para realizar dichas transferencias.
La nueva investigación sobre Heredia parece ser el resultado de un informe no oficial del gobierno, en el cual algunos funcionarios señalaron que no lograron dar explicación sobre los depósitos por US$215.000 en las cuentas bancarias de la primera dama, informó el Wall Street Journal. Esta es la tercera vez que el caso contra la esposa del presidente Ollanta Humala se ha abierto desde el año 2009, pues las dos primeras investigaciones fueron cerradas por falta de pruebas.
Rojas, sin embargo, sostuvo que la investigación merece ser reabierta, dado que hay nuevas pruebas y que los fiscales cometieron errores en las primeras investigaciones (una sentencia de la Corte Constitucional, del año 2014, permite que los casos sean reabiertos si se considera que ha habido falencias en las investigaciones). Rojas también esbozó tres razones por las cuales cree que el caso merece más investigación, como los pagos por US$67.000 que Heredia recibió del administrador de la anterior campaña de Humala, Martín Belaunde Lossio —quien ahora está fugitivo—.
El abogado de Heredia, Aníbal Quiroga, ha intentado que el caso sea descartado, aduciendo que no se ha presentado ninguna evidencia nueva. Heredia también ha argumentado que las acusaciones en su contra tienen motivaciones políticas y ocultan el temor de los opositores políticos del Partido Nacionalista Peruano (PNP), ante las próximas elecciones generales de julio de 2016. Dijo que éstos eran intentos de obstaculizar “nuevas fuerzas políticas, jóvenes, modernas, con ideales de desarrollo, que puedan superar a los eternos candidatos de la oposición, que con los años se turnan en el poder”.
Se ha especulado que Heredia, que es jefa del Partido Nacionalista Peruano pero está legalmente impedida para postularse como presidenta, quizá se postule para el Congreso en las elecciones de 2016.
Hace poco, el posible candidato presidencial del Partido Nacionalista, Daniel Urresti —general retirado y ministro del Interior bajo la administración Humala hasta el mes pasado— fue acusado del asesinato del periodista Hugo Bustios, quien se encontraba investigando violaciones de los derechos humanos cuando fue asesinado en noviembre de 1988.
Urresti ha negado los cargos enérgicamente y afirma que hay motivaciones políticas detrás de dichas acusaciones. Según el Wall Street Journal, aliados políticos del expresidente Alan García, que también parece ser un posible candidato para 2016, tienen influencia significativa en el Ministerio Público, como se le conoce a la Fiscalía General en Perú.
Análisis de InSight Crime
Lo que es llamativo en esta nueva ronda de investigaciones sobre Heredia, así como sobre Urresti, es el momento en el que se presentan. Aunque las elecciones de julio de 2016 están a un poco más de un año de comenzar, parece que las principales facciones políticas de Perú ya han comenzado a prepararse para sus campañas.
El Partido Nacionalista Peruano (PNP) y su coalición política Gana Perú ya se han enfrentado con el Partido Aprista Peruano (APRA) —el partido de Alan García— y la Fuerza Popular (FP), liderada por Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, sobre discusiones en torno a la reforma electoral, así como sobre los presuntos espionajes de Humala a opositores políticos mediante la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) de Perú.
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Como esposa del actual presidente, Nadine Heredia ha tenido bastante acceso al poder político y a las élites de la política peruana, lo cual le ha permitido cultivar y mantener una presencia política significativa. En efecto, como presidenta del PNP, ella ejerce influencia en varios niveles y por diversos canales, y ha sido bien recibida por los peruanos del común.
Aunque se encuentra inhabilitada para aspirar a la presidencia en las elecciones de 2016, ya que es esposa de un presidente en el poder, parece que está considerando seriamente postularse para el Congreso. Y con sólo 38 años de edad, su carrera política personal apenas está empezando, lo que significa que las perspectivas a largo plazo para convertirse en candidata presidencial se pueden considerar altas (dado que en el país los periodos presidenciales son de cinco años, Heredia tendría que esperar hasta el 2021 para postularse).
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Estas acusaciones no deben necesariamente descartarse como maquinaciones políticas. |
Sin embargo, debido a las acusaciones de lavado de dinero y espionaje contra Heredia y Humala, sus índices de popularidad cayeron 16 y 22 por ciento respectivamente. Además, las acusaciones contra Urresti, quien se unió al PNP el pasado 27 de febrero, le impedirán postularse para la presidencia en 2016, dado que las normas establecen que los candidatos “no deben tener juicios penales pendientes ni haber sido condenados por ningún delito”.
El momento en el que se presentan estas acusaciones, genera especulaciones sobre estratagemas políticas de precampaña por rivales del PNP, sobre todo por presuntas conexiones de García y el ARPA con el Ministerio Público de Perú.
Sin embargo, estas acusaciones no deben necesariamente descartarse como maquinaciones políticas. Se ha demostrado que la corrupción y el lavado de dinero han penetrado en las instituciones del Estado peruano, pues ha habido candidatos políticos, así como expresidentes, frecuentemente vinculados a comportamientos delictivos. De hecho, la impunidad de los políticos en Perú es generalizada, y ha habido políticos locales y nacionales implicados en actividades ilícitas, pero que generalmente se han librado de acusaciones y condenas.
Además, el hecho de que Martín Lossion, jefe de la anterior campaña de Humala requerido por cargos de conspiración y malversación de fondos, haya huido a Bolivia y permanezca fugitivo, genera sospechas acerca de la magnitud de la participación de Humala y Heredia en las supuestas actividades de aquél.
Sin embargo, aunque aún son poco claras las bases para las acusaciones contra Heredia, así como su posible culpabilidad, parece dudoso que el caso actual entablado contra ella produzca resultados diferentes a los obtenidos en las dos investigaciones anteriores. Y también es poco probable que dicho caso afecte significativamente su floreciente carrera política.