Un año después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, los esfuerzos del gobierno colombiano para poner fin al conflicto con el grupo guerrillero han sido en su mayoría exitosos. Pero los acuerdos no han supuesto un golpe tan contundente como se esperaba sobre el hampa en Colombia, debido en gran parte a las fallas en la implementación de ciertas medidas.
“Que no quede la menor duda: seguiremos cumpliendo los acuerdos”, declaró el presidente Juan Manuel Santos el 24 de noviembre, según un comunicado de la presidencia.
Un año antes, Santos y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño Echeverry, alias “Timochenko”, se dieron la mano en la firma de la versión final de los acuerdos de paz, que pusieron fin a más de cinco décadas de conflicto.
En la víspera del primer aniversario, el 23 de noviembre, Santos había empezado a conmemorar el histórico acuerdo. Aunque admitió algunos errores cometidos en la implementación de los acuerdos, Santos ofreció un panorama tranquilizador de la situación, y aseguró que el acuerdo era “irreversible”, sin importar quién gane la elección presidencial en Colombia en 2018.
Balance general positivo
Dados los retos inherentes a la terminación de un conflicto de 52 años de duración y a la historia de sangrientas masacres perpetradas por ambas partes, el que la paz se haya mantenido en firme el primer año es por sí solo una victoria.
Pero sigue el problema de la disidencia. El 23 de noviembre, Santos recogió las cifras de un informe reciente divulgado por la Fundación Paz y Reconciliación, que estima que solo 700 guerrilleros rechazaron la desmovilización. Santos subrayó que esa cifra indicaba una disidencia del 7 por ciento, considerablemente inferior al promedio de cualquier proceso de paz, que se acerca al 15 por ciento, informó El Espectador.
Con base en una extensa investigación de campo realizada a lo largo del año pasado en toda Colombia, InSight Crime cree que la tasa de disidencia se acerca más al 15 por ciento. Dicha cifra no solo es acorde al promedio general global, sino que también es inferior a la registrada en procesos de paz anteriores en Colombia, con la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) y el ejército paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Más aún, aunque sigue latente el riesgo de deserción masiva, la transición exitosa de las FARC de grupo guerrillero a partido político —aunque en su etapa inicial— da a los exinsurgentes una voz en el escenario político colombiano. Esto no solo debilita una de los principales causales de abandono del proceso y vuelta a las armas entre los excombatientes de las FARC; también sienta un precedente positivo en el contexto de las difíciles negociaciones de paz que sostiene el gobierno con el grupo guerrillero de mayor tamaño que aún queda, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El balance general positivo del proceso de paz también puede medirse en la reducción de la violencia. Aunque quedan focos de conflicto en varias zonas rurales, en 2017 se presentó una reducción progresiva del número de soldados muertos o heridos, tras una asombrosa caída en 2016. Y el 23 de noviembre, el vicepresidente Óscar Naranjo anunció la tasa de homicidios más baja de las últimas cuatro décadas en Colombia, resultado de muchos otros factores también, pero que sin duda refleja en términos generales la tendencia positiva de la seguridad en Colombia.
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Es irónico que la violencia en una de las principales zonas de conflicto que quedan en Colombia, la subregión de Urabá, sobre la costa Caribe, sea en realidad una señal positiva de la implementación de los acuerdos de paz. El acuerdo estipula de manera explícita que el gobierno tomará medidas contra los grupos armados surgidos de los grupos paramilitares desmovilizados en Colombia, lo que incluye a los poderosos Urabeños.
En su campaña contra el grupo criminal, el gobierno colombiano ha desplegado un poder de fuego importante en el bastión tradicional de los Urabeños. También aumentó la presión sobre el grupo criminal en el resto del país, con resultados visibles.
Incluso a la par que elogiaba las iniciativas de paz en el país, en la víspera del aniversario de los acuerdos, Santos anunciaba la muerte de uno de los cabecillas de Los Urabeños en un operativo de seguridad realizado ese mismo día. Tras un intercambio de disparos de veinte minutos con los comandos Jungla de la policía, cayó abatido Luis Orlando Padierna, alias “Inglaterra”, en una lujosa hacienda en el departamento del Norte de Santander, según narró en detalle El Tiempo.
Hace menos de dos semanas, el mismo comando élite de la policía había decomisado más de 12 toneladas de cocaína de Los Urabeños, y a finales de agosto fue abatido el segundo al mando del grupo por las fuerzas de seguridad en Urabá.
Dinámica criminal global sin trabas
Desafortunadamente, la firma del acuerdo con el que fuera en su momento el principal actor del tráfico de cocaína en Colombia no ha rendido resultados positivos para el panorama criminal en el país.
Es posible que haya mayor presión sobre Los Urabeños, pero la salida de las FARC ha permitido al grupo quedarse con la mayor porción de la industria de la cocaína en Colombia. Y la organización narcotraficante está lejos de ser el único grupo que ha aprovechado la desmovilización de las FARC como una oportunidad de expansión. El ELN, en forma paralela a sus negociaciones de paz con el gobierno, ha logrado recuperar territorios dejados por las FARC y otras lucrativas economías criminales. , También parecen haberse expandido algunos grupos disidentes de las FARC, en particular el frente primero.
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Esta dinámica de expansión criminal puede deberse no solo a la desmovilización de las FARC, sino también al récord en la producción de cocaína en Colombia. Y en el centro del problema está la producción nacional de coca, que debe haber sufrido una reducción importante con las medidas del acuerdo de paz.
Con fuerte presión de Estados Unidos para que se haga énfasis en una política de erradicación tradicional, represiva y agresiva, el gobierno colombiano ha encontrado tropiezos para implementar los programas voluntarios de sustitución de cultivos establecidos en los acuerdos de paz. El historial de la difícil política de drogas del país —que combina la erradicación forzada con la sustitución voluntaria— no es del todo negativo. Pero las fallas del gobierno frente a los cocaleros son innegables e incitaron un aluvión de protestas este año, las cuales culminaron en una sangrienta masacre de cultivadores de coca a manos de las fuerzas de seguridad en el municipio de Tumaco, una de las principales zonas cocaleras de Colombia. Esto también ilustra la manera como el gobierno ha fracasado en gran parte en la retoma de las zonas que estaban bajo el control de la guerrilla.
El fracaso más preocupante del gobierno en relación con los acuerdos de paz es posiblemente la lista pendiente de leyes que no se han votado en el Congreso, las cuales se requieren para la implementación de los acuerdos. Entre ellas hay proyectos de ley para crear la Jurisdicción Especial para la Paz, un marco jurídico especial para excombatientes guerrilleros, que es un pilar esencial para la paz. Como lo explicó anteriormente InSight Crime, puede quedar muy poco tiempo para que la actual administración presione la aprobación de esta legislación crucial, y su ausencia bien podría suponer un peligro para el segundo aniversario de los acuerdos de paz.
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