La acusación contra un alto funcionario del gobierno de Guatemala por haber formado parte de escuadrones de la muerte de la policía ha vuelto a abrir profundas interrogantes sobre la idoneidad del gabinete de seguridad del ya cuestionado presidente Jimmy Morales.
El lunes 29 de octubre, el Ministerio Público (MP) de Guatemala, acusó a Kamilo Rivera, el segundo al mando en el poderoso Ministerio de Gobernación y principal nexo del Ejecutivo con la Policía Nacional Civil (PNC), de haber formado escuadrones de la muerte incrustados en el Estado guatemalteco a mediados de la década pasada. Desde entonces se desconoce el paradero de Rivera.
La acusación es parte de un caso que llevan adelante el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Ambos acusan a ocho funcionarios activos durante la gestión del expresidente Óscar Berger, de formar parte de un grupo de exterminio responsable de al menos siete ejecuciones extrajudiciales. Entre los funcionarios se destacan el ex Ministro de Gobernación, Carlos Vielman; el entonces director de la PNC, Erwin Sperisen; y Víctor Hugo Soto Diéguez, jefe de investigaciones de la policía.
“El cuerpo paralelo que operó en… Gobernación en el periodo de 2004 a 2007 constituye un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad en su versión más clásica. Este CIACS ejerció poder real y tuvo la aquiescencia de los mandos altos en seguridad pública para operar con la impunidad que realizó cada ejecución extrajudicial”, dice parte de la acusación.
Para llevar adelante las ejecuciones, asegura el MP, los acusados “se valieron de toda una infraestructura estatal”.
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Según la investigación, el grupo de exterminio empezó a funcionar en 2005, tras la fuga de 19 reos de una cárcel de máxima seguridad guatemalteca conocida como El Infiernito. Para recapturar a los fugados, Soto Diéguez, con autorización de Vielmann y Sperisen, echó a andar el llamado Plan Gavilán, que incluía el ofrecimiento de recompensas a cambio de información sobre los reos. El MP y la CICIG aseguran que el Plan Gavilán se convirtió en la fachada para las ejecuciones extrajudiciales.
Los investigadores alegan que los policías ubicaban a los fugados, y eventualmente a otras personas, las llevaban a sitios remotos y las ejecutaban. Luego alteraban las escenas del crimen para que pareciera que había ocurrido un enfrentamiento entre delincuentes y agentes de la PNC.
El grupo de exterminio estaba conformado por dos unidades —describe el documento—, una de ellas dirigida por Víctor Rivera, alias “Zacarías”, un oscuro investigador venezolano que salió huyendo de El Salvador a principios de la década pasada tras verse involucrado en casos similares, terminó como asesor de la policía guatemalteca y fue asesinado en 2008. Kamilo Rivera, el viceministro de Gobernación de Jimmy Morales, era parte de esa unidad, de acuerdo con MP y CICIG.
Investigaciones de la época implicaron a Víctor Rivera y Víctor Hugo Soto Diéguez en la ejecución de cuatro policías, ocurrida el 25 de febrero de 2007 en la cárcel El Boquerón. Dos días antes, los policías asesinados, supuestamente miembros del grupo de exterminio dirigido por Zacarías, habían matado a tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
El llamado Caso Parlacen fue uno de los que motivó la llegada de la CICIG a Guatemala.
Análisis de InSight Crime
La investigación del MP y la CICIG no solo confirma sospechas sobre la existencia de grupos de exterminio en la fuerza pública de Guatemala, sino que vuelve a poner en aprietos la credibilidad del gobierno de Morales, embarcado desde hace más de un año en una guerra política con ambos entes investigadores.
El cuestionado viceministro Kamilo Rivera fue nombrado en su cargo en enero de este año, junto al ministro Enrique Degenhart. La dupla sustituyó a Francisco Rivas, quien hasta entonces había sido el titular de Gobernación y había actuado en estrecha colaboración con las investigaciones de la CICIG.
Los cambios ocurrieron luego de que Morales intentó deshacerse, por vía legal, de Iván Velásquez, el magistrado jefe de la comisión que desde 2017 investiga al presidente, a familiares y colaboradores por supuestos hechos de corrupción.
A finales de enero de 2018, un agente del Ministerio Público de Guatemala dijo a InSight Crime que una de las primeras órdenes que Rivera dio en la PNC fue que todas las peticiones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), encargada de investigar casos de corrupción de alto perfil, y la CICIG tenían que ser aprobadas por él. Esto, según el oficial del MP, entorpeció las investigaciones.
Rivera también justificó, en septiembre de este año, el uso de vehículos artillados en las calles de Guatemala, el día en que el presidente Morales anunció que no renovaría el mandato de la CICIG. Fue Rivera, además, quien avaló en septiembre que fueran registrados los ciudadanos que se manifestaban a favor de la comisión internacional y en contra del presidente.
Varias investigaciones periodísticas publicadas el mes pasado revelaron que la PNC, con el apoyo de Rivera y Degenhart, sí había utilizado los carros armados con fines políticos.
Con este nuevo caso, la CICIG abre un capítulo más en sus investigaciones a miembros de la administración Morales a pesar de los esfuerzos del presidente por acabar con la lucha anticorrupción.
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