Una semana después de unas acusaciones explosivas publicadas por la agencia de noticias AP sobre supuestas relaciones de narcotráfico en la cúpula de la policía de Honduras, la comisión que se encarga de la depuración de la policía se encuentra defendiendo su permanencia y trata de superar el escándalo.
El artículo, publicado el 26 de enero por la agencia AP, denunció que el director de la policía, José David Aguilar Morán, y uno de sus subalternos recibieron pagos por colaborar con el narcotraficante condenado en Estados Unidos, Wilter Blanco Ruíz, en 2013.
AP basó su artículo en un supuesto informe del Inspector General del Ministerio de Seguridad en el cual delineó que Aguilar Morán impidió la detencion de un cargamento de 780 kilos de cocaína perteneciente a Blanco Ruiz.
La denuncia vino una semana después de que el Congreso extendiera el mandato de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, que fue creada hace 21 meses, justamente con la misión de sacar de la policía hondureña a funcionarios corruptos vinculados con las pandillas y otros grupos criminales.
Desde que comenzó la gestión de la comisión fueron destituidos más de 4.000 policías involucrados en delitos y la tasa de homicidios de Honduras bajo a 42,8.
Sin embargo, el artículo de AP pone en aprietos a la comisión como nunca antes.
En su defensa, la comisión ha puesto en duda la veracidad del informe del inspector general en el cual se basa la denuncia contra Aguilar Morán.
“En primer lugar, vamos a determinar la veracidad del informe, que preliminarmente nos parece un ‘fake’,” dijo Omar Rivera, un miembro de la comisión, a InSight Crime.
Rivera agregó: “Hemos podido verificar que supuestamente el oficio que tiene en su poder AP es falso, pues el número no coincide con el documento que está en los archivos de la policía”.
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Por su parte, AP no ha publicado el informe completo del inspector y se supo que en la agencia estarían evaluando si deberían publicarlo.
Mientras tanto, la agencia ofreció suministrar el informe si la comisión hace una solicitud formal. Se conoció que la comisión envió una notificación oficial a las oficinas de AP en Nueva York para solicitar el documento que sustenta el artículo publicado por la agencia.
La comisión dice que repetirá las denominadas pruebas de confianza a los tres integrantes de la junta directiva de la Policía Nacional, dentro de ellos Aguilar.
“Vamos a actualizar la información sobre estos funcionarios con siete instituciones de justicia y entes contralores del Estado. Someteremos a los jefes policiales nuevamente a la prueba del polígrafo, ahora focalizada en ver si ellos están involucrados en hechos delictivos; realizaremos evaluaciones toxicológicas y una verificación patrimonial, para determinar si ha habido algún enriquecimiento ilícito”, dijo Rivera.
Además InSight Crime conoció que los miembros de la comisión depuradora se reunieron esta semana con funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa para solicitar información a las agencias de ese país dedicadas al combate de la criminalidad y el narcotráfico, como la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration - DEA).
Análisis InSight Crime
Lo que está en juego es la legitimidad de la comisión.
“La forma en que se seguirá percibiendo a la comisión dependerá de la forma en que resuelvan este caso. Estoy seguro de que si se llega a demostrar que el informe de AP es auténtico eso llevará a decisiones contundentes por parte de la comisión”, dijo el director adjunto del programa para Latinoamérica del Wilson Center, Eric Olson, quien ha seguido de cerca el trabajo de la comisión.
Miembros de la comisión parecen estar de acuerdo. Por esa razón han iniciado un exhaustivo proceso de revisión del historial policial de estos funcionarios para determinar su idoneidad para desempeñarse al frente de la policía.
“Hemos iniciado otra investigación, con el Ministerio Público y las oficinas de inteligencia del Estado para hacer un nuevo mapeo de estas personas. También hemos solicitado la colaboración de las agencias antinarcóticos que trabajan con el país para verificar si hay alguna otra información sobre estos funcionarios que haya surgido y a la que no tuvimos acceso”, explicó Carlos Hernández, quien es asesor de la comisión depuradora.
La permanencia del jefe de la policía en su cargo y el futuro de la comisión dependen de los resultados de esta nueva investigación. Los miembros de la comisión coincidieron en que Aguilar Morán sería suspendido de sus funciones y sometido a la justicia si se demuestra que ha cometido algún delito.
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Sin embargo, los miembros de la comisión advirtieron que por el momento no van a recomendar al presidente Juan Orlando Hernández que suspenda a estos jefes policiales de sus cargos.
“Debemos ser cuidadosos, porque cada día pueden aparecer cosas y grupos con interés que quieren debilitar a la policía. Y eso es muy riesgoso, porque este proceso de depuración ha sido muy traumático y este contexto de polarización poselectoral puede ser una escenario favorable para que algunos grupos criminales y traficantes de drogas se fortalezcan”, dijo el Carlos Hernández.
En la comisión también sospechan que detrás de la filtración del informe estarían organizaciones criminales que han sido afectadas por el trabajo de la comisión.
“También hay muchos grupos políticos a quienes les molesta el trabajo que hemos venido haciendo. Muchos policías depurados hoy son activistas políticos de la oposición. Previo a las elecciones muchos de esos grupos intentaron desprestigiar el trabajo de la depuración policial”, advirtió el asesor de la comisión, Carlos Hernández.
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