Una investigación realizada por el diario digital El Faro, reveló que la cabeza del sistema penitenciario de El Salvador usaba su influencia para asegurar trato favorable a su cuñado encarcelado, mientras que miles de prisioneros que no tienen conexiones en este nivel languidecen en las prisiones sobrepobladas y mal administradas del país.
Según El Faro, el cuñado de Nelson Rauda Portillo, director general de centros penales (DGCP), comenzó a purgar su pena de seis años en abril de 2006, producto de cargos por posesión de drogas (El Faro no reveló su nombre por razones de seguridad). Dos años después fue movido a “fase de confianza”, en la cual los prisioneros cuentan con privilegios como permisos de salida, entre otros, según el medio digital.
Dice El Faro:
“'Evidentemente, ha recibido un trato especial', dice Ástrid Torres Flores, jueza de Vigilancia Penitenciaria de Santa Tecla, el juzgado que lleva el caso del cuñado de Rauda.
El cuñado, según consta en su Expediente Único (el dossier que la DGCP tiene la obligación de elaborar a cada uno de los internos, con todas las resoluciones judiciales, evaluaciones, datos y sanciones), fue evaluado por personal de la DGCP tres veces en 13 meses, y entre dos de esas evaluaciones ni siquiera habían transcurrido los seis meses que la ley exige entre una y otra.
Legalmente, todos los prisioneros tienen derecho a ser considerados para la fase de confianza; pero en la práctica esta fase es aplicable únicamente a unos pocos privilegiados, especialmente en el caso del sexo masculino: de los 24.353 hombres encarcelados hasta el 26 de noviembre, sólo 374 había alcanzado la fase de confianza, dice El Faro. No es ilegal que el cuñado de Rauda cuente con este privilegio sin haber cumplido la mitad de su pena, pero un oficial anónimo consultado por El Faro estuvo de acuerdo con que sería imposible de no contar con contactos especiales que faciliten el proceso.
Análisis de InSight Crime
El verdadero asunto de fondo no es el trato especial del cuñado de Rauda –que, aunque injusto, no parece haber violado ninguna ley– si no la naturaleza caótica y arbitraria del sistema penal de El Salvador. La violencia y el alto nivel de control de las pandillas en el sistema penitenciario más sobrepoblado de América Latina está bien documentado, pero la raíz del asunto es la incapacidad de las instituciones penales y judiciales del país para lidiar justamente con todos los prisioneros.
La constitución de El Salvador, por ejemplo, estipula que los prisioneros deben ser evaluados regularmente para castigar malos comportamientos y recompensar los buenos, siempre teniendo a la rehabilitación como el objetivo final. Los prisioneros deben, en teoría, ser evaluados cada seis meses por “equipos técnicos criminológicos” del DGCP compuestos por psicólogos, doctores, abogados y otros profesionales calificados, que pasan sus recomendaciones a los concejos criminológicos regionales.
No obstante, en la práctica, los funcionarios de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) dicen que la corrupción es alta en el DGCP y que los procesos son implementados arbitrariamente y que miles de prisioneros pasan años sin recibir ningún tipo de evaluación.
Dice El Faro:
"Si se observa con una visión amplia, de país, el trato de favor recibido por el cuñado de Rauda no deja de ser algo anecdótico en un sistema que violenta de manera sistemática los derechos de 27.000 personas. Es todo el sistema el que está podrido."
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