Un fin de semana teñido de sangre marcó el último capítulo del recrudecimiento de la violencia contra las fuerzas de seguridad en Venezuela, tendencia que deberá continuar con la agudización de la crisis política y económica del país.
Según la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro) de Venezuela, 163 policías, soldados y guardaespaldas fueron asesinados en los primeros cinco meses de 2016, un aumento de 14 por ciento sobre igual periodo de 2015, informó El Nacional. El estudio de Fundepro halló que solo 11 de los 163 homicidios se han resuelto judicialmente.
En el 80 por ciento de los casos, el atacante también despojó de su arma al agente de seguridad. Una fuente no identificada dentro del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC) afirmó a El Nacional que el arma del agente solo fue recuperada por las autoridades el 3 por ciento de las veces.
Este último fin de semana fue especialmente violento para las fuerzas de seguridad. El sábado 4 de junio, un grupo de asaltantes dispararon y asesinaron a un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), mientras realizaba una patrulla de rutina en el estado norteño de Miranda. Otros dos agentes resultaron heridos, mientras que uno de los asaltantes cayó muerto en el tiroteo que siguió.
El domingo, un grupo de policías en Miranda fueron atacados después de llegar a un centro de distribución de alimentos que estaba siendo saqueado por ladrones. Aunque no hubo agentes heridos, se dice que los saqueadores huyeron con 25 toneladas de alimentos.
Ese mismo día, un grupo de personas atacó y golpeó con palos a un miembro de la división de homicidios del CICPC, después de que el agente presuntamente viera que se cometía un robo en una estación de gasolina de Caracas. Uno de los familiares del agente, que presuntamente estaba implicado en el robo, resultó abaleado y muerto.
A comienzos de la semana, el 2 de junio en el estado de Aragua, un agente retirado de la GNB cayó muerto por seis hombres armados con escopetas cuando iba en camino a una reunión con autoridades locales.
Análisis de InSight Crime
Como lo muestra el estudio de Fundepro, la mayoría de los ataques contra la policía o el ejército tienen que ver con intentos de robar su arma a los agentes. Esto indica que las pandillas criminales estarían detrás de muchos de los ataques dirigidos contra las fuerzas de seguridad, pues necesitan armas para imponerse por la violencia y protegerse de sus rivales.
Pero la evidencia anecdótica de este fin de semana, así como de semanas y meses anteriores, indica que la violencia contra las fuerzas de seguridad se está generalizando. Si este fuera el caso, la tendencia puede estar asociada con el empeoramiento de las crisis en Venezuela en los frentes político, económico y de seguridad.
En medio de la inflación desbocada, el desabastecimiento crónico de alimentos y los índices de aprobación en caída libre, el presidente Nicolás Maduro depende cada vez más de las fuerzas de seguridad del país para mantener una fachada de ley y orden. En 2015, el gobierno lanzó una ofensiva masiva de seguridad denominada Operación Liberación del Pueblo (OLP) para combatir el crimen en el país, que por lo regular se clasifica como uno de los más violentos de Latinoamérica. El presidente también ha apostado tropas en supermercados y puntos de distribución de víveres en un intento de evitar saqueos.
Esto no solo estira al máximo los recursos policiales, sino que también pone a las fuerzas de seguridad en confrontación más directa con los ciudadanos ordinarios, cuyo descontento aumenta con la longitud de las filas y la desaparición de más productos de los estantes.
No solo la comida se agota, a finales de abril, Maduro acortó la semana laboral a dos días para los empleados del sector público con el fin de ahorrar electricidad. Un desabastecimiento de suministros médicos también ha generado una emergencia de salud pública, con noticias diarias de muertes de bebés en los hospitales. La reciente muerte de un niño de ocho años, que había sido diagnosticado con un linfoma no Hodgkin, quien se había convertido en símbolo de la crisis de la atención hospitalaria en Venezuela, despertó indignación en todo el país.
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La corrupción generalizada dentro de las fuerzas de seguridad, en especial los efectivos apostados a lo largo de la frontera con Colombia, es otra fuente de frustración pública. En una reciente investigación de campo en la zona limítrofe, InSight Crime recibió el testimonio de un agente de inteligencia, quien afirmó que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela amenazan con asesinar a los contrabandistas de gasolina y otros productos de contrabando si no acceden a pagar una cuota de protección a las autoridades. También se cree que redes encubiertas de militares, conocidos en forma colectiva como el Cartel de los Soles, están muy involucrados en el lucrativo negocio de la cocaína.
Mientras el resentimiento público crece contra una fuerza corrupta, los actos de violencia dirigidos contra las fuerzas de seguridad, como el del fin de semana pasado contra el agente del CICPC, podrían extenderse.
La precaria situación política de Venezuela es otra señal inquietante de que las cosas podrían empeorar para las fuerzas de seguridad antes de mostrar cualquier mejoría. La oposición política ha recogido 1.800.000 firmas —solo necesitaba 200.000— solicitando al gobierno un referendo para decidir si se destituye a Maduro. Las autoridades electorales, sin embargo, aún deben aprobar la petición o fijar una fecha para el voto revocatorio.
Como lo señala en la revista Time el sociólogo Ian Bremmer, este retraso puede ser un ardid para forzar el referendo para el año próximo, cuando el vicepresidente —leal al partido— asumiría la presidencia de forma automática en caso de que Maduro sea destituido. Así, mientras Maduro pelea por su vida política, parece que su partido ya se confabula para mantenerse en el poder hasta el término oficial del periodo presidencial, en 2019.
El fin puede estar o no cerca para Maduro, pero la actual revuelta en Venezuela, y la violencia concomitante contra las fuerzas de seguridad nacionales, tiene pocas probabilidades de amainar en un futuro próximo.
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