La condena de un asesino del Los Zetas en Texas es el más reciente ejemplo de la utilización de la jurisdicción extraterritorial por parte de los fiscales estadounidenses para enjuiciar extranjeros por crímenes cometidos fuera de Estados Unidos y que en un principio no afectan directamente al país. Pero ¿cuáles son las limitaciones para la aplicación de esta poderosa herramienta legal?
Marciano Millán Vásquez, alias "Chano", fue quizá uno de los más violentos asesinos al servicio de la conocida organización mexicana Los Zetas. Vásquez, que solía dirigir una plaza de Los Zetas en la ciudad fronteriza mexicana de Piedras Negras, fue detenido en Texas en el año 2015 y acusado por las autoridades estadounidenses de conspirar para ingresar y distribuir drogas ilegales en Estados Unidos, entre otros crímenes.
En una imputación posterior, fue acusado además de varios asesinatos que cometió como parte de sus actividades de narcotráfico. Durante una audiencia en un tribunal de Estados Unidos se dijo que él se reía mientras mataba y desmembraba a una muchacha delante de sus padres, a la vez que decía: "se acordarán de mí".
Por lo general, la jurisdicción extraterritorial se aplica para juzgar crímenes cometidos contra ciudadanos estadounidenses en el extranjero, o en casos que tienen alguna otra conexión directa con Estados Unidos. Vásquez argumentó que todas las víctimas fueron asesinadas en México. Pero los fiscales norteamericanos dicen que estos asesinatos le permitieron avanzar en sus actividades de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, y que por tanto tenían base jurídica para proceder con los cargos.
Vásquez fue declarado culpable en julio de 2016 de asesinar a por lo menos 29 personas, entre otros cargos, y en junio de 2017 fue condenado a siete cadenas perpetuas por un tribunal de Estados Unidos en Texas por asesinato y tráfico de drogas y armas.
Análisis de InSight Crime
Los fiscales estadounidenses están recurriendo cada vez más a la jurisdicción extraterritorial para levantar cargos contra extranjeros acusados de terrorismo o delitos relacionados con el crimen organizado; y lo hacen, por ejemplo, vinculando a los sospechosos con el ingreso de drogas al país o con la filtración de dineros ilegales en las instituciones financieras de Estados Unidos. Pero pocas veces han acusado a extranjeros por el asesinato de ciudadanos no estadounidenses en el exterior.
Y cuando lo han hecho, no siempre han logrado su objetivo. En 2016, fiscales federales de Nueva York levantaron cargos contra el exlíder del Cartel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, por el asesinato de ciudadanos mexicanos en territorio mexicano. Sin embargo, unos meses más tarde los cargos de asesinato contra Guzmán fueron retirados, y se especuló que quizá los fiscales tenían dudas sobre la jurisdicción de Estados Unidos sobre esos crímenes. (Guzmán está actualmente en juicio en Estados Unidos por cargos de narcotráfico).
Según Dan Schneider, profesor asistente de la Escuela de Servicios Internacionales de American University, el hecho de que la jurisdicción extraterritorial pueda aplicarse depende de la capacidad de los fiscales para probar que los cargos están relacionados con crímenes que afectan a Estados Unidos.
"Según la jurisprudencia de Estados Unidos con respecto a la conspiración, uno es responsable de los crímenes cometidos durante el desarrollo de la conspiración", le dijo Schneider a InSight Crime. "Si uno conspira para traficar narcóticos, es muy probable que termine ejecutando actos de violencia o incluso asesinatos, como resultado de la participación en dicha conspiración".
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En el caso de Vásquez, los fiscales pudieron demostrar que él fue culpable de "asesinato como parte de sus actividades de tráfico de drogas" —drogas que él sabía que llegarían a Estados Unidos—.
Richard Gregorie, abogado acusador de la fiscalía de Estados Unidos en Miami, que redactó el acta de acusación contra el fallecido exdictador panameño Manuel Noriega, ha utilizado la jurisdicción extraterritorial para enjuiciar varios casos de narcotráfico y lavado de dinero. Él coincidió con los comentarios de Schneider, señalando que la jurisdicción extraterritorial puede responder a consideraciones de seguridad nacional.
"La jurisdicción extraterritorial busca proteger las leyes y los intereses de Estados Unidos", le dijo Gregorie a InSight Crime. "Si se cometen crímenes en el desarrollo de una actividad cuyo objeto es llevar [drogas] a Estados Unidos, nosotros [los fiscales] tenemos jurisdicción".
Aun así, Vásquez podría interponer una apelación con respecto a su dura condena. David Shirk, director del proyecto de investigación Justice in Mexico, le dijo a InSight Crime que, si Vásquez apela ante un tribunal superior en Estados Unidos, el veredicto de este último podría establecer un precedente más sólido con respecto a la aplicación de la jurisdicción extraterritorial en casos de asesinato u otros crímenes.
"Algo que aún no se ha visto todavía es si [los cargos] resisten el escrutinio de las apelaciones de los tribunales superiores", dijo Shirk. "Una apelación contra estos cargos y esta sentencia en particular podría tener implicaciones muy interesantes".
Si el de Vásquez es el primer caso dentro de muchos otros, Estados Unidos estará teniendo un papel más protagónico en el juzgamiento de crímenes internacionales —una poderosa posición que puede ayudar a fortalecer a los débiles sistemas judiciales extranjeros, o bien debilitarlos aún más—.
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