En los últimos dos años, la muerte de adolescentes masculinos afrobrasileños a manos de la policía brasileña ha llegado a niveles récord, con pocos intentos de abordar el fenómeno a nivel estatal o federal.
La tasa de homicidio en Brasil alcanzó un asombroso número de 60.000 al año según un informe recién publicado por el Foro Brasileño de Seguridad Pública (Fórum Brasileiro de Segurança Pública). Más de la mitad son homicidios de hombres jóvenes entre 15 y 29 años de edad. La tasa de adolescentes afrobrasileños asesinados es 37,5 por cada 100.000 personas, mientras que la misma tasa para brasileños blancos es 15,6.
Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus iniciales en inglés). Fue editado para mayor claridad y publicado con permiso, pero no refleja necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.
Aunque el enfoque en las tasas de homicidio suele concentrarse en Rio, los asesinatos de afrobrasileños por la policía han subido más dramáticamente en el noreste del país. Por ejemplo, en Recife, la capital del estado de Pernambuco, jóvenes blancos son asesinados a una tasa de 13,9 por casa 100.000 personas mientras que la tasa de homicidio de jóvenes negros es de 185. En Maceio, la capital del estado de Alagoas, la tasa para jóvenes blancos es de 24,3 y para jóvenes negros es de 327,6.
Por todo el país, pero especialmente en Rio, como Amnistía Internacional ha señalado, la policía es responsable de un número alarmante de estas muertes. Esta tendencia es confirmada por un informe de Human Rights Watch publicado en julio, en el cual señalan que la policía de Rio ha asesinado a 8.000 personas en la última década, incluso a 645 personas en 2015.
El informe nota que muchos asesinatos a manos de la policía involucran el uso legítimo de fuerza, pero también que muchos fueron ejecuciones extrajudiciales.
Mientras que estas estadísticas son alarmantemente altas, es más que probable que son cálculos demasiado bajo para todo el país. Dado que la jurisdicción para las dos organizaciones policiales más importantes—la Policía Militar y la Policía Civil—están a nivel estatal, la responsabilidad para recopilar estadísticas varía de estado a estado.
Según Samira Bueno, la Directora del Foro Brasileño de Seguridad Pública, solo la mitad de los 27 estados del país recopilan estadísticas confiables y consistentes. Aunque las políticas de seguridad pública varíen entre los estados y entre momentos políticos, es posible identificar ciertos factores nacionales que influyen o marcan estas tendencias generales.
Primero, la estructura y cultura cerrada y militarizada de la Policía Militar—las unidades uniformadas que brindan primera respuesta—refuerzan la mentalidad belicosa en la interacción entre esta fuerza y comunidades de bajos recursos, a pesar de las innovaciones en el entrenamiento y la introducción de programas para mejorar la política policial de acercamiento a la comunidad.
La policía justifica el uso de la fuerza letal a través de la identificación de la víctima como criminal o bien mediante el uso de la categoría “resistiendo el arresto” para justificar la muerte. En un estudio sobre el uso de la fuerza letal de la policía en Sao Paulo, Samira Bueno encontró que la categoría “muertos a causa de la aplicación de la ley” fue utilizada para explicar las 350 muertes a manos de la policía en 2013 y las 900 en 2014.
Segundo, la insularidad de las instituciones policiales refuerza la impunidad y permisividad a través de la cual la policía puede operar casi sin supervisión. Las dos instituciones del sistema judicial que formalmente retienen el derecho de supervisión de la policía, el Ministerio Público y el organismo judicial, permanecen ausentes como mecanismos de control externo real de la policía. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de la Policía, un esfuerzo voluntario que no está presente en todos los estados, carece de independencia y poderes para investigar muertes a manos de miembros de la policía.
Tercero, la ascendencia de la derecha política en los últimos años ha reforzado la ratificación de políticas de seguridad pública de corte represivo o de línea dura en un Congreso conservador y en la opinión pública en general.
En el anuario de 2015, el Foro Brasileño de Seguridad Pública encontró que la noción de un “bandido bueno es un bandido muerto” (bandido bom e bandido morto) es compartida por aproximadamente el 50 por ciento de la población brasileña. A su vez, el actual Congreso es dominado por varias bancadas conocidas como las tres “Bs”—bancada da bala, bancada da Biblia y bancada do boi, traducido respectivamente como la bancada de la bala, que recibe apoyo del lobby de las armas; la bancada de la Biblia, respaldada por la bancada evangélica que busca cambios en la definición de la familia; y la bancada de la carne de res, que recibe el apoyo del lobby agrícola.
Con el respaldo de las últimas dos, la primera bancada busca revertir el estatuto sobre el control de armas (Estatuto de Desarmamento), adoptado en 2003.
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En el contexto actual del proceso de destitución contra la presidente Dilma Roussef, el presidente interino Michel Temer ha reemplazado a todo el gabinete con ministros conservadores. El nuevo ministro de justicia, Alexandre Moraes, cuando fungió como secretario de seguridad pública en el estado de Sao Paulo, apoyó una política de mano dura y revocó la política de transparencia de las estadísticas de seguridad pública.
En el marco de una coyuntura nacional de un giro hacia una política de seguridad pública de línea dura, ¿cuáles medidas podrían lograr las reformas necesarias? Actualmente, se han planteado varias propuestas para enmendar la Constitución con el objetivo de desmilitarizar la policía e integrar a la policía militar y civil en una sola institución.
Una integración les permitiría a estas dos fuerzas policiales con una historia larga de rivalidad institucional compartir información, inteligencia y estrategias para reducir el crimen y la violencia de una manera más eficaz. Una integración también crearía una sola política de carrera policial con múltiples funciones (primera respuesta e investigación) y la posibilidad de avanzar dentro de una sola organización policial.
No obstante, dado el actual clima político, es más probable ver avances en los cambios incrementales que están siendo considerados en el Congreso—una ley que le prohibiría a la policía dispararle a un sospechoso que este huyéndose si la policía no está en peligro y una ley que removería la categoría “resistiendo arresto” del código penal. Si bien es posible que estos cambios tengan una mayor posibilidad de ser implementados, queda una gran distancia entre la ley formal y la práctica en la vida real.
La aprobación de las dos últimas reformas contribuiría enormemente a reducir las muertes extrajudiciales, pero solo si los funcionarios de la seguridad pública a cargo de las organizaciones policiales tienen la voluntad política y el valor de obedecer las leyes y asegurar una rendición de cuentas cuando estas sean violentadas.
*Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus iniciales en inglés). Fue editado para mayor claridad y publicado con permiso, pero no refleja necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí. Elizabeth Leeds es una investigadora que consulta el trabajo de WOLA en materia de seguridad ciudadana y derechos humanos en Brasil.
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