Enfrentados con tasas epidémicas de violencia, los países de América Latina y el Caribe están ampliando sus inversiones en cooperación en seguridad y desarrollo. Mucho lo hacen bajo la categoría de “seguridad ciudadana”.
Seguridad ciudadana implica un compromiso con acciones gubernamentales responsables y una ciudadanía proactiva para lograr una mejor seguridad pública. Es un cambio radical con los viejos paradigmas basados casi exclusivamente en el orden y la ley.
Los gobiernos de todos los colores están explorando, de manera urgente, nuevas formas de alcanzar sociedades más seguras. Y desde fines de los años 90 hemos visto una explosión en innovación, con más de 1.300 intervenciones en seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe, según los resultados preliminares de un ejercicio de mapeo.
Este artículo apareció originalmente en el blog Sin Miedos, del Banco Interamericano de Desarrollo, y ha sido publicado con permiso. Vea artículo original aquí.
Entonces, ¿Qué tendencias se están imponiendo en el siglo 21? Aunque Estados Unidos sigue jugando un papel dominante en moldear el diseño y las prioridades en seguridad, vemos que surgen nuevas pautas de cooperación que privilegian las necesidades regionales y locales por encima de las internacionales. A saber, tres tendencias que descuellan.
- Un mayor enfoque preventivo
Históricamente, América Latina y el Caribe se han enfocado en enfrentar amenazas transnacionales en seguridad, en especial el combate contra la producción y tráfico de drogas y el crimen organizado. Por cierto, muchas medidas “duras” siguen a la orden del día en la región, incluyendo esfuerzos liderados por la policía y los militares para erradicar pandillas trasnacionales, reducir el tráfico ilícito de drogas, contener el tráfico ilícito de armas, y la lucha contra el tráfico humano, el lavado de dinero y el ciber-crimen.
Pero, como demuestra un nuevo trabajo del Instituto Igarapé (pdf), existe un giro hacia la cooperación en iniciativas de índole preventivas, como es la policía más cercana a la comunidad, la reducción de la violencia juvenil y de género, y el esfuerzo de diseñar los espacios públicos para reducir la delincuencia común que atenta contra la seguridad de los ciudadanos.
- Un nuevo enfoque en el combate contra tráfico de drogas
En las últimas dos décadas Estados Unidos ha comprometido US$10.000 millones para respaldar acciones en contra del narcotráfico y los grupos armados en un pequeño grupo de países como México y Colombia, a los que se suman algunos países en la región andina, Centroamérica y el caribe. Aunque una preocupación con las amenazas transnacionales sigue teniendo peso importante en la agenda regional, hay señales que la narrativa puede estar cambiando.
De partida, muchos gobiernos centrales, estatales y municipales a lo largo de la región están desafiando abiertamente el modelo de la “guerra contra las drogas” y explorando alternativas para solucionar el problema de la producción, distribución y consumo de drogas ilícitas. Asimismo, Estados Unidos y muchos países de la Unión Europea, a la vez que reducen su asistencia a América Latina y el Caribe, impulsan estrategias de seguridad ciudadana que sean más “balanceadas”, que enfaticen tanto amenazas transnacionales como las locales.
- La cooperación internacional es menos generosa, más enfocada y más sur-sur
Un cambio fundamental en la forma y la función de la cooperación internacional está tomando cuerpo en gran parte de los actores bilaterales y multilaterales de América Latina y el Caribe. Debido al crecimiento económico por parte de la mayoría de los países de la región, los donantes están mudando sus prioridades, desde programas para promover el desarrollo hacia cooperaciones más políticas y comerciales.
Mientras tanto, estados en Centro y Suramérica están activamente buscando fortalecer su cooperación, tanto dentro de sus fronteras como en la región, para intercambiar experiencias y conocimiento en seguridad ciudadana. Es perceptible un cambio de enfoque. Ahora se trata de proveer asistencia a una selección más pequeña de países menos desarrollados, y simultáneamente impulsar soluciones regionales. Esta última re-alineación es notoria en países como Brasil, Colombia y México. Muchos países en Centroamérica siguen dependiendo en gran medida de Estados Unidos.
¿Hacía una seguridad (ciudadana) común?
Este aparente compromiso con la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe contribuye a la transformación gradual en el tipo de la cooperación internacional en la región. El concepto amplía cómo la “seguridad” es conceptualizada por gobiernos y sociedades, de una preocupación estrecha con amenazas transnacionales hacia la inclusión de temas locales.
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A lo largo de la región, la incorporación de planes regionales y nacionales, y políticas que enfatizan la seguridad ciudadana, está obligando a una reconsideración de las estrategias de cooperación. También están inspirando estados a enfocarse no solamente en la represión para generar resultados inmediatos, sino también en estrategias preventivas diseñadas para empoderar a los ciudadanos. De esta manera, buscan superar los déficits democráticos y restaurar y reparar la relación estado-ciudadana.
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Todo esto contribuye a la regionalización de las respuestas de seguridad ciudadana en América Latina, particularmente en relación con temas como el narcotráfico, las pandillas, el contrabando de armas, el tráfico humano y el ciber-crimen. Respuestas a amenazas de seguridad transnacionales eran tradicionalmente moldeadas por Estados Unidos y, en algunos casos, con la impronta de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Más recientemente, países de América Latina están reformulando los riesgos y construyendo sus propias propuestas – incluyendo la creación de un consejo de coordinación de seguridad ciudadana y de justicia – a través de organizaciones subregionales como Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Y mientras estas estrategias regionales son aún incipientes y carentes de capacidad de implementación, vemos un esfuerzo consciente de re-conceptualizar América Latina y de alguna forma el Caribe como una comunidad con intereses comunes propios en temas de seguridad. La pregunta es si la retórica vendrá acompañada por la acción.
*Dr. Robert Muggah es director de investigación en el Instituto Igarapé. También dirige investigación en el Grupo SecDev y es un asesor senior al Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Este artículo apareció originalmente en el blog Sin Miedos, del Banco Interamericano de Desarrollo, y ha sido publicado con permiso. Vea artículo original aquí.
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