Luego de un deslucido debut de su lucha contra la corrupción endémica en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador empieza a mostrar señales de un compromiso renovado con esa causa, como lo revela la apertura de nuevas investigaciones por presuntos malos manejos ocurridos durante el mandato de su predecesor.
El expresidente Enrique Peña Nieto es el centro de una de las indagaciones abiertas por corrupción abiertas por el gobierno de López Obrador ante denuncias de sobornos, corrupción y fraude.
La investigación a Peña Nieto se produce en un momento en que a López Obrador le urge anotarse logros en materia de seguridad. Sin embargo, las acusaciones de corrupción contra presidentes y expresidentes son muy comunes en México, y López Obrador no ha hecho muchos avances para combatir la corrupción cotidiana desde que asumió el poder a finales de 2018.
El número reportado de víctimas de actos de corrupción, por ejemplo, aumentó en su primer año de gobierno, cuando pasó de 14.635 por 100.000 habitantes en 2017 a 15.732 en 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Dicho esto, López Obrador, más conocido como AMLO, puede estar cambiando de rumbo para dar respuesta a esa corrupción de alto nivel. A continuación, InSight Crime analiza tres importantes investigaciones por corrupción que su administración ha emprendido.
Sobornos a Pemex
El exdirector general de la estatal petrolera Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, está acusado en un caso de gran envergadura por corrupción y lavado de dinero asociado a la megaconstructora brasileña Odebrecht.
Exdirectivos de Odebrecht acusaron a Lozoya, quien estuvo al frente de Pemex entre 2012 y 2016, de recibir un soborno por al menos US$10 millones de la empresa. La investigación transnacional conocida como "Lava Jato" reveló que Odebrecht recurrió a ese tipo de transacciones en toda Latinoamérica para pagar a políticos a cambio de la asignación de contratos de obras públicas.
Los exdirectivos sostienen que se pagaron US$6 millones para asegurar contratos de Pemex, mientras que dieron US$4 millones adicionales a Lozoya entre abril y noviembre de 2012. Ese dinero se usó supuestamente para respaldar la aspiración presidencial del entonces candidato Peña Nieto, según El Pais. Además de eso, las autoridades estiman que Loyoza puede haber defraudado al gobierno mexicano hasta en US$280 millones con la compra de una planta de fertilizantes en 2015 a nombre de Pemex a precios inflados.
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Lozoya negó haber recibido sobornos de Odebrecht en esa época, pero ahora está cooperando con las autoridades. En 2016, la empresa admitió haber pagado US$10,5 millones en sobornos en México para hacerse a contratos avaluados US$39 millones entre 2010 y 2014.
El exdirectivo de Pemex huyó de Mexico después de ser imputado en 2019, pero en febrero de 2020 fue arrestado por la policía española y extraditado a México en julio para enfrentar los cargos en su contra. También está investigado por otros casos.
México es uno de los últimos países que enfrenta las consecuencias del escándalo de corrupción de Odebrecht, el cual promete tener repercusiones en todo el sistema político del país.
Peña Nieto y Odebrecht
Durante años, ha habido rumores de que el expresidente Peña Nieto, quien dirigió el país entre 2012 y 2018, se apoyó en los sobornos de Odebrecht para financiar la campaña que lo llevó a la presidencia en 2012. Ahora, los fiscales han abierto oficialmente una investigación sobre esas denuncias.
El fiscal general Alejandro Gertz Manero hizo el anuncio luego de que Lozoya interpusiera una demanda, según se dice, acompañada de videos, recibos y nombres de testigos. Lozoya alega que Peña Nieto y su exsecretario de finanzas, Luis Videgaray, le ordenaron desviar más de 100 millones de pesos (más de US$4 millones) en sobornos de Odebrecht a la campaña de Peña Nieto.
El dinero de Odebrecht presuntamente se usó para comprar votos de varios legisladores con el fin de asegurar la aprobación del conjunto de leyes que Peña Nieto estuvo proponiendo en 2013 y 2014, como una controvertida reforma energética, según informó Animal Político.
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La investigación formal se veía venir hacía tiempo. Tres años atrás, una investigación del grupo de veeduría Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que una filial de Odebrecht había hecho donaciones a la campaña de Peña Nieto.
La firma petroquímica Braskem supuestamente transfirió millones de dólares a las cuentas de una firma asociada a Lozoya en la época en que Peña Nieto estaba en campaña. Otro informe del MCCI a comienzos de ese mismo año, sostuvo que Odebrecht también transfirió dinero a otra empresa vinculada a Lozoya durante la campaña.
Peña Nieto y Lozoya, quien fue coordinador internacional de la campaña, negaron las acusaciones en el momento. Aunque Peña Nieto admitió haberse reunido con ejecutivos de Odebrecht, aseguró que nunca aportaron dinero a su campaña.
Corrupción en las fuerzas federales de Seguridad
Las fuerzas federales de seguridad en México también han sido blanco de críticas recientemente por la presunta apropiación indebida de recursos públicos en gobiernos anteriores.
A comienzos de agosto, un juez dictó órdenes de captura contra 19 exmiembros de la desaparecida Policía Federal por sospechas de malversación de 2.500 millones de pesos mexicanos (más de US$110 millones) en recursos públicos durante la administración de Peña Nieto, según una nota de Animal Político.
Entre los acusados se cuentan la exsecretaria general Frida Martínez Zamora y el exsecretario de seguridad ciudadana de Ciudad de México Jesús Orta. Se alega que los acusados y otros más manejaban un “complejo esquema de corrupción sistémica” mediante la adquisición de aviones, helicópteros y patrullas a sobreprecios, entre otros.
Aunque el impulso de la administración de López Obrador por investigar la corrupción ocurrida en los gobiernos de sus predecesores —una de sus promesas de campaña— pueda parecer estrategia política, las acusaciones contra un expresidente representarían una medida sin precedentes en un país donde rara vez se ha visto que un gobernante responda ante la justicia.
Mi administración tiene “la responsabilidad de no tolerar la corrupción, de no encubrirla”, afirmó López Obrador el 11 de agosto en su conferencia de prensa matutina. Sin embargo, el presidente aún tiene mucho qué demostrar.
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