Ampliando las concepciones de seguridad ciudadana en Latinoamérica

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Frente a años de esfuerzos fallidos para combatir el tráfico de drogas, las pandillas y la violencia, los países latinoamericanos están ampliando su enfoque para incluir políticas “más suaves”, enfocadas en la prevención del crimen y la participación ciudadana, y el aumento de la cooperación intra-regional para combatir las amenazas transnacionales. La pregunta que resulta de un nuevo informe es: ¿funcionará mejor este paradigma?

El informe del grupo de expertos del Instituto Brasileño Igarapé discute el surgimiento de las estrategias de “seguridad ciudadana” en Latinoamérica, que, “en términos prácticos, consiste en la organización y entrega de medidas efectivas de seguridad pública en el contexto de normas democráticas más amplias”.

Si bien estas políticas siguen siendo aplicadas junto con el uso de estrategias “duras”, y con un enfoque en la mitigación de las amenazas transnacionales, la concepción de lo que significa la seguridad ha comenzado a ampliarse, desde el nivel regional al nivel local. A medida que esto ha ocurrido, las estrategias alternativas que favorecen la prevención y la reducción de la violencia, y que toman un enfoque más localizado en el crimen, han comenzado a echar raíces.

Este cambio también ha involucrado un avance hacia fuentes alternativas y tipos de financiación -y lejos de las formas tradicionales de asistencia en seguridad proporcionadas en gran parte por Estados Unidos- y la formación de alianzas estratégicas regionales. La llamada cooperación “Sur-Sur” se ha incrementado, con el gigante económico Brasil dando un paso adelante para definir las estrategias regionales de seguridad, y Colombia ayudando a proporcionar capacitación para las fuerzas de seguridad regionales.

Las organizaciones subregionales como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) también se han convertido en importantes facilitadores del diálogo regional sobre las respuestas de seguridad ciudadana. Mientras tanto, los bancos de desarrollo, las organizaciones no gubernamentales, e instituciones del sector privado, han comenzado a dirigir la financiación hacia los programas que tienen como objetivo el desarrollo institucional y la creación de oportunidades para los jóvenes en riesgo, entre otras cosas.

Con un descenso en el apoyo a los enfoques tradicionales de seguridad, incluso Estados Unidos ha comenzado a cambiar -al menos retóricamente- su sintonía en la región. Estados Unidos, por ejemplo, incluyó la “seguridad ciudadana” y el fortalecimiento institucional como objetivos de la Iniciativa Regional de Seguridad de América Central (CARSI).

Análisis de InSight Crime

Hay una creciente percepción en toda Latinoamérica de que los enfoques “musculares” hacia la lucha contra la actividad criminal -como la llamada “guerra contra las drogas” y las políticas de “mano dura” en contra de las pandillas- no están funcionando, y tal vez, incluso exacerba el problema. Redadas masivas de jóvenes potencialmente miembros de pandillas en la región del “Triángulo Norte” de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) ayudaron a convertir las cárceles de esos países en paraísos para el reclutamiento pandilleril, mientras las duras políticas contra las drogas, y los ataques frontales contra los carteles, han dado lugar a miles de muertos con pocos resultados.

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Estados Unidos ha sido un jugador importante en darle forma a las políticas de seguridad de la región, y en proporcionar apoyo técnico y material, pero el único país que podría posiblemente ponerse de pie, incluso como una historia de éxito parcial, como resultado de esta participación es Colombia. Aunque los miles de millones inyectados en el Plan Colombia no lograron poner fin al conflicto del país o al tráfico de drogas, las fuerzas de seguridad del país se han convertido en un modelo para otros países de la región.

Sin embargo, mientras países como México, Guatemala y Honduras, continúan moviéndose con dificultad, está claro que las estrategias de seguridad de vieja escuela, promovidas por Estados Unidos, además de los costos en términos de Derechos Humanos, han sido en gran medida un fracaso. La pregunta es si, a medida que la región amplía su concepción de seguridad ciudadana y comienza a centrarse en la prevención y en estrategias localizadas, estos nuevos modelos de seguridad resultarán más eficaces que los viejos.

Ha habido algunos ejemplos aparentemente exitosos de programas de prevención de la violencia que han sido implementados en la región. Estos incluyen el poograma de capacitación juvenil “A Ganar” en Honduras, a cargo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), y el programa “Cure Violence” en Trinidad y Tobago, que utiliza a la gente de las comunidades en riesgo como “interruptores de violencia” para prevenir la propagación de las situaciones de violencia. A nivel local, dos programas en Juárez, México, destinados a proporcionar oportunidades alternativas para los jóvenes en riesgo, han visto cierto éxito en la reducción de la participación en las pandillas.

En lo que respecta a las estrategias de las fuerzas de seguridad, el modelo de vigilancia policial de Nicaragua, que en teoría está “orientado a la comunidad” y está basado en la “responsabilidad compartida”, y las políticas de vigilancia comunitaria de Chile, se han presentado como ejemplos regionales.

Sin embargo, el informe de Igarapé identifica una serie de problemas con el nuevo modelo. Estos incluyen una aplicación desigual del concepto de “seguridad ciudadana”, debido a la falta de claridad con respecto a lo que abarca este término, así como los diferentes niveles de compromiso frente a las estrategias suaves y duras. Además, las instituciones de seguridad y justicia en muchas partes de la región siguen siendo débiles y corruptas, lo que reduce las posibilidades de que las políticas alternativas de prevención del crimen y de vigilancia policial pueden aplicarse con eficacia.

El éxito de tales políticas puede depender en gran medida de las situaciones de los distintos países, y de las regiones dentro de los países. Por ejemplo, es difícil medir hasta qué punto el hecho de que Nicaragua hasta ahora no haya sido relativamente afectada por la violencia relacionada con las pandillas y las drogas, que se ha visto en el Triángulo del Norte, se debe a sus políticas de seguridad frente a los factores y los patrones externos.

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Un documento de la Corporación Nuevo Arco Iris, escrito por el columnista Ariel Fernando Ávila Martínez, que examina el aparente éxito de las políticas de seguridad implementadas en Bogotá, Colombia, indica que las estrategias de prevención deben ser combinadas con otros factores para poder funcionar. El estudio plantea que estas estrategias fueron un factor que facilitó un descenso en los homicidios allí, entre 1993 y 2012, pero estuvieron acompañadas de sistemas eficaces de seguimiento, la coordinación entre los organismos gubernamentales y de seguridad, así como la diferenciación de las estrategias basadas en las necesidades de un barrio determinado.

Mientras tanto, la continua desconfianza entre los países de la región, además de los enfoques en seguridad a veces contradictorios, plantean problemas en cuanto a la cooperación Sur-Sur, como señaló Igarapé. Varios países de la región han sido resistentes a los intentos de Brasil para posicionarse como un gigante de la seguridad regional. La estrategia del país, de manera similar a la de Estados Unidos, ha sido en gran medida reactiva, basada en las preocupaciones sobre la expansión de los crímenes de otros países a través de sus fronteras, y algunos están preocupados por el impacto de esto sobre su soberanía.

En cuanto a la lucha contra las amenazas transnacionales, también está la cuestión de cómo los países con capacidad tecnológica limitada pueden trabajar juntos con éxito para combatir el crimen organizado. Para nombrar sólo un caso, Perú y Bolivia acordaron aumentar la cooperación antinarcóticos, pero ambos carecen de la tecnología de radar que podría permitirles combatir con éxito el puente aéreo de cocaína que los une. El informe también señala que algunas de las naciones más pobres de Centroamérica se ven obligadas a continuar dependiendo en gran medida de Estados Unidos para el apoyo en seguridad.

El cambio que está teniendo lugar en Latinoamérica será una prueba interesante sobre si la región puede comenzar a alejarse con éxito de las políticas altamente militarizadas y la ayuda tradicional al desarrollo. Si bien ninguno de ellos es probable que desaparezca de la escena en el corto plazo, la introducción de alternativas es un cambio bienvenido, pero estas nuevas políticas tendrán que ser formuladas cuidadosamente, e incluir un compromiso real con la reforma institucional integral.

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