Un nuevo informe de la agencia de policía europea Europol analiza por qué tantas actividades financieras sospechosas terminan en tan pocos procesos judiciales por lavado de dinero, y ofrece recomendaciones para mejorar la tasa de éxitos, que contiene lecciones importantes para los marcos legales y los organismos investigativos contra el lavado de dinero en Latinoamérica.
El informe, "From Suspicion to Action – Converting financial information into greater operational impact" (De la sospecha a la acción. Dar mayor impacto operativo a la información financiera) detalla cómo entre 2006 y 2014 la Unión Europea (UE) asistió a un incremento de 70 por ciento en las denuncias de transacciones sospechosas (STR por sus iniciales en inglés), los expedientes de actividad sospechosas que las entidades financieras y ciertos actores comerciales están obligados a presentar ante la Unidad de Investigación Financiera de su país (FIU por sus iniciales en inglés).
Las STR, de las cuales hubo cerca de un millón en toda la Unión Europea en 2014, forman la base de las investigaciones por lavado de activos. Europol reconoce la imposibilidad de evaluar con precisión datos compilados y usados de diferente manera en diferentes países. Sin embargo, el órgano policial estima que se da uso a un promedio de solo diez por ciento de STR al año.
El índice de éxito de las investigaciones que se inician con una STR fue aún menor. De 2010 a 2014, Europol halló que tan solo el 2,2 por ciento de las ganancias estimadas del crimen fueron confiscadas o congeladas de manera provisional, y solo el 1,1 por ciento de las ganancias criminales llegaron a confiscarse definitivamente en toda la Unión Europea.
Europol destaca dos aspectos claves que serían los mayores responsables de estas bajas tasas de conversión.
El primero es el creciente número de STR, que constituye un desafío no solo en términos de la capacidad de análisis de tan grandes cantidades de datos, sino también porque gran parte de esos datos tienen calidad limitada, pues son resultado de denuncias a la defensiva o excesivas.
El segundo es el intercambio de información entre organismos nacionales e internacionales diferentes de FIU. Dado que la mayoría de la información a nivel internacional solo se intercambia entre FIU, datos importantes necesarios para confirmar o formular STR muchas veces no llegan al organismo que los requiere.
El resultado de esto es una gran cantidad de datos recolectados y análisis y acción insuficientes, señala la Europol.
"Aunque se invierte un esfuerzo considerable en la generación, el manejo y el procesamiento de un millón de denuncias al año, estos esfuerzos se traducen en pocos resultados, y la energía puede estar mal dirigida", declara el informe.
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El informe describe dos estrategias que podrían ayudar a remediar esto.
En primer lugar, sostiene que debe haber prácticas de intercambio de información más amplias y mejores que lleven los regímenes de lucha contra el lavado de dinero del nivel doméstico al internacional, para reflejar la realidad del lavado de dinero mismo. Mientras que en el pasado se centraron los esfuerzos en la cooperación entre FIU, esta debe ampliarse para incluir a diferentes organismos de orden público y al sector privado, además de órganos como las autoridades tributarias y aduaneras.
En segundo lugar, los órganos de orden público deben aplicar una estrategia "liderada por la inteligencia" en la generación de denuncias, para cambiar la actual táctica de "fuerza bruta" en el análisis de altos volúmenes de información por una estrategia más concreta, centrada en la relevancia más que en la cantidad de datos. Esto podría lograrse con un mejor intercambio de información y cooperación para ayudar a las autoridades a destinar recursos de manera más eficiente y retroalimentar al sector privado con lo que sea útil.
Europol ofrece numerosas recomendaciones específicas sobre la manera como las FIU del continente pueden llevar esto a cabo. Estas incluyen pedir una FIU para toda la Unión Europea y un centro de documentación para STR, estandarización de los datos estadísticos que rija a toda la Unión Europea y derrocar las barreras legales en el ámbito nacional que evitan la cooperación entre organismos y obstruyan el flujo de información.
Análisis de InSight Crime
Desde la creación del órgano de control transnacional de Latinoamérica contra el lavado de capitales en el año 2000, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), la mayoría de los países que albergan las economías criminales más grandes de la región han hecho avances importantes tendientes a la implementación de marcos contra el blanqueo de capitales que cumplan las normas internacionales. Sin embargo, estos nuevos regímenes y los nuevos volúmenes de datos no han llevado a una nueva afluencia de investigaciones exitosas de blanqueo de capitales.
Como lo muestra un país tras otro en el informe anual más reciente sobre lavado de dinero del Departamento de Estado de Estados Unidos, la principal razón para esto es la incapacidad de investigar y juzgar, sea que ello asuma la forma de falta de recursos, falta de experticia o inexistencia de un sistema de justicia operativo para procesar a los lavadores de dinero.
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En general, los países europeos no están tan afectados por la debilidad institucional y la limitación de recursos como sus contrapartes latinoamericanos. No obstante, el informe de la Europol demuestra que el desarrollo de mecanismos para mejorar la clasificación, el análisis y el intercambio de información podría tener un gran impacto en los resultados obtenidos con los recursos asignados.
Además, el informe de la Europol subraya la necesidad de la cooperación regional para atacar el lavado de dinero en la esfera transnacional, donde ocurre gran parte de esa actividad.
Es poco probable que se resuelvan pronto los problemas arraigados en la base de las deficiencias de Latinoamérica en términos de convertir las leyes en resultados. Pero si los países de la región acogen el consejo de la Europol, bien podrían ser capaces de mejorar los resultados trabajando con más acierto y menos esfuerzo.
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